Historia I

Fracaso escolar y democratización de la educación

(de la ley Moyano a la LGE)

El principal “problema” de la educación ha sido siempre, y lo sigue siendo, su democratización. Y es en este contexto donde debemos encuadrar el concepto de fracaso escolar.

Al fin y al cabo, el principal hilo o argumento de la historia de la educación no es sino el arduo (pero imparable) camino de transformación del sistema elitista inicial, donde sólo las clases privilegiadas tenían cabida, en un sistema abierto a todas las clases sociales.

Ese camino comenzó en España a mediados del siglo XIX, con las primeras normas de escolarización obligatoria, especialmente la Ley Moyano de 1857, que trataban de asegurar una instrucción básica para todos (incluidos los hijos de los campesinos y los trabajadores), por considerarla imprescindible para el desarrollo económico del país. Había entonces en España una mayoría de población analfabeta. Lo normal para los hijos de los campesinos y trabajadores era no ir jamás a la escuela, o ir unos meses hasta aprender malamente a leer y las “cuatro reglas”.

Las escuelas de enseñanza primaria eran, por lo general, locales insalubres donde un maestro mal pagado bregaba con un montón de niños (a veces más de cien) de todas las edades, que asistían de forma irregular. (¡Eso sí que se puede decir que era "atención a la diversidad"! Bueno sería  recuperar información sobre el modo de trabajar de los mejores maestros que atendían escuelas unitarias en los pueblos y ciudades de España. Seguro que sería mucho lo que podríamos aprender). 

En cuanto a la formación profesional obrera, lo normal era aprender en el puesto de trabajo, como aprendiz, sencillamente trabajando. Existieron, a partir de 1871, las Escuelas de Artes y Oficios, con una orientación predominantemente artística, así como algunas escuelas nocturnas patrocinadas por sociedades económicas, gremios u organizaciones obreras, que impartían clases orales. Pero la mayoría de los trabajadores quedaban al margen de dichas posibilidades.

Durante más de 50 años, hasta los años 20, el panorama educativo en España no cambió sustancialmente. Repetidos intentos de los gobiernos de turno por aumentar el porcentaje de escolarización en la escuela primaria, mientras los institutos de enseñanza media y la universidad permanecía al margen de las clases populares. Es digna de citar una importante norma aprobada durante la dictadura de Primo de Rivera, elEstatuto de Formación Profesional de 1928, gracias al cual se inició una verdadera red estatal de centros de formación profesional para los trabajadores. Y también los esfuerzos de construcción de escuelas y de modernización de las existentes acometidos por la República a partir de 1931, truncados por el alzamiento militar de Franco y por la guerra civil.

Después de la guerra civil, tras un largo periodo de estancamiento económico y social, la relativa apertura política del régimen de Franco y el desarrollo económico de los años 60 dieron lugar al tercer intento importante de modernización del sistema educativo español, la Ley General de Educación (LGE) de 1970, precedido por la implantación de una extensa red de centros de formación general y profesional pensados exclusivamente para los hijos de los trabajadores: los Institutos y Universidades Laborales, promovidos por el Ministro de Trabajo, el falangista Girón de Velasco.

Hasta estas iniciativas se puede decir que el esquema básico de la Ley Moyano, en el ámbito de la enseñanza primaria y del bachillerato, había permanecido inalterado: Una enseñanza primaria pública para las clases populares, con el fin de que llegasen al mundo del trabajo con una formación mínima que no entorpeciese su modernización, y un bachillerato elitista, académico, dirigido a las clases acomodadas y con una orientación preuniversitaria o,  como alternativa, de formación general para la posterior preparación de oposiciones en las escalas inferiores de la Administración. La red de institutos de bachillerato era minoritaria (casi exclusivamente localizados en las capitales de provincia), y tanto el acceso (a partir de los 10 años) como la obtención de los títulos (elemental y superior) eran fuertemente selectivos, mediante duros exámenes de ingreso y de reválida. La mayoría de los hijos de los trabajadores permanecían en la enseñanza primaria prolongada hasta la edad laboral, los 14 años, aunque era frecuente que se pusieran a trabajar antes, de manera ilegal. En este contexto, prácticamente nadie se preocupaba de poner remedio a las dificultades de aprendizaje o al abandono escolar que se pudiesen presentar en cualquiera de las opciones educativas existentes. Bastaba con que los niños y niñas de las clases populares estuvieran por lo menos hasta los diez o doce años en la escuela primaria, antes de entrar a trabajar o, en el mejor de los casos, ingresar en una escuela de formación profesional. Los chicos de las clases acomodadas eran empujados hacia la universidad, siempre que su capacidad y actitud fuesen las adecuadas (si no, a trabajar en las empresas o negocios de papá). Las chicas de familia bien, salvo excepciones, sólo hacían el bachillerato elemental, como máximo el superior, pues para ser una buena esposa no era necesario estudiar una carrera. Algunas chicas de clase media completaban su formación en academias de mecanografía y contabilidad, por si tenían que trabajar un tiempo de secretarias, antes de casarse. Algunos chicos de clase media estudiaban para peritos en las Escuelas Industriales.

Aunque con un fuerte soporte de ideología falangista, los institutos y universidades laborales vinieron a romper en cierta medida con ese esquema. El mensaje era el siguiente: también los hijos de los trabajadores tenían derecho a promocionarse mediante el estudio y, si sus méritos eran suficientes, incluso a llegar a la universidad. Con ese propósito de desclasamiento mediante el estudio, el régimen de Franco construyó una nueva e impresionante infraestructura educativa, con institutos laborales en multitud de pueblos, donde se implantaron nuevas modalidades de bachillerato de orientación técnica,  que preparaban también para la universidad, y con una red de universidades laborales excelentemente dotadas (aulas, laboratorios, biblioteca, campos de deporte, talleres e internados), a las cuales los alumnos podían acceder mediante beca, y en las que podían permanecer hasta completar sus estudios (bachillerato, formación profesional e incluso Ingeniería Técnica).  ¿Se puede decir que esta iniciativa fue verdaderamente un impulso democratizador dentro del conjunto del sistema educativo? Evidentemente no, pues las estructuras clásicas de la secundaria y la universidad se mantuvieron intocables. Se montó una estructura paralela para los hijos de los trabajadores. Pero no se puede negar que, aunque fuese de ese modo, miles de jóvenes puedieron acceder a unos estudios superiores que anteriormente les estaba prácticamente vetados.

En el diseño inicial de la Ley General de Educación sí que había, a nuestro entender, un intento de reformar las estructuras elitistas anteriores. No sabemos cómo el equipo de Villar Palasí, coordinado por Diez Hochtleiner, pudo "colar" una ley como aquélla en la mesa del Consejo de Ministros de Franco. Una ley que concebía un único camino de formación general para todos los alumnos, constituido por la Educación General Básica (EGB) de 8 cursos y el Bachillerato Unificado y Polivalente (BUP) de 3 cursos. Sobre ese tronco común se apoyaban tres salidas de carácter netamente profesional: al término de la EGB, el primer grado de Formación Profesional (FP1) , y  al término del bachillerato el segundo grado de formación profesional (FP2) o, alternativamente, la Universidad, con un curso previo de orientación universitaria (COU). Incluso estaba previsto un tercer grado de formación profesional (la PP3, que nunca se puso en práctica), como alternativa más especializada al segundo ciclo universitario.

La reforma de LGE sin duda transformó (democratizó) considerablemente la enseñanza obligatoria: la EGB sustituyó realmente a la primaria (eliminando su tramo de prolongación) y al bachillerato elemental. Sin embargo, sufrió pronto en los tramos posteriores una fuerte contrarreforma, que la vaciaron de sus contenidos más innovadores. El bachillerato no se concretó en los programas polivalentes que se habían previsto, con suficientes contenidos técnicos y profesionales, sino que mantuvo casi tal cual las materias tradicionales. Algo parecido sucedió en el último ciclo de la EGB, donde estaban previstos contenidos tecnológicos y prácticos que quedaron reducidos a una "pretecnología" prácticamente irrelevante. En correspondencia, los dos niveles de la formación profesional, que estaban concebidos como estudios cortos, de salida y nítidamente profesionales, conectados con las empresas, se alargaron, se llenaron de materias generales y, finalmente, se conectaron entre sí, desvirtuándose y convirtiéndose en una vía larga de formación académica, alternativa al bachillerato.

Fruto positivo de la LGE fue que en pocos años se consiguió la casi completa escolarización durante las etapas de educación obligatoria, hasta los 14 años.  Fruto negativo de la contrarreforma de la LGE, junto con algunos desajustes en las zonas rurales crecientemente despobladas, fueron las primeras grandes cifras de "fracaso escolar". Un porcentaje considerable de egresados de la EGB (en torno al 30% de media) no alcanzaban el título de Graduado Escolar.  Aunque una mayoría de ellos ingresaban en la FP1, junto con un pequeño porcentaje de graduados, en este nivel educativo se producía un abandono escolar alarmante, de casi el 60%  en el paso de 1º a 2º curso; y de los que pasaban a 2º aproximadamente un 30% no obtenían el título correspondiente. Mientras tanto, en la vía BUP-COU los resultados no eran mucho mejores: en torno al 40% de los que ingresaban no obtenían el título, y eran menos los que accedían a la universidad. Un poco se "salvaba" la FP2, con un porcentaje de titulados de más del 70%, una vez que se nutría de la criba de la FP1 y de alumnos rebotados del BUP.

El análisis sociológico de la gran bolsa de jóvenes desescolarizados prematuramente y sin titulación arroja, además, un tasa mucho más altas en los barrios obreros y en determinadas capas de población "desfavorecida".  

Ante esa situación, en el año 1983, el equipo de José Mª Maravall, ministro del primer gobierno socialista de Felipe González, inició la reforma experimental de la EGB y de las Enseñanzas Medias (FP y Bachillerato), y simultánemante, como medida de choque en el ámbito de la EGB, implantó los Programas de Educación Compensatoria, con el fin de compensar "la situación de desventaja o desigualdad ante el sistema educativo en que se encuentran determinadas personas por razón de su capacidad económica, nivel social o lugar de residencia". La Educación Compensatoria se articuló de forma flexible en torno a diferentes programas: Además de los programas generales de becas y de educación de adultos, en elárea rural se creó una red de centros de recursos y de apoyo a los maestros de las escuelas unitarias, con el fin de romper su ailamiento y fomentar la innovación,  el trabajo en equipo y la realización de actividades conjuntas con alumnos de diferentes escuelas. En las ciudades, se pusieron en marcha programas dirigidos a jóvenes desescolarizados, mediante aulas ocupacionales en locales ajenos a la red de centros ordinarios, que posteriormente derivaron también en algunos proyectos similares en los centros de EGB, para alumnos en riesgo de desescolarización mayores de 14 años. Para minorías culturales (población gitana, inmigrantes) y colectivos específicos (temporeros, feriantes, circos) se habilitaron igualmente programas ajustados a sus necesidades. Los medios que se pusieron en juego fueron cuantiosos, más de mil profesores y más de tres mil millones de pesetas todos los años. Si embargo, el mismo Ministerio de Educación, en el momento de aprobarse la LOGSE (1990) era consciente de que la vía de educación compensatoria, con programas específicos no integrados en el funcionamiento normal de los centros, sólo era un "apósito" para mitigar el fracaso escolar, pero no para evitarlo.