El Directorio del Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo, CENDA, ha estimado necesario publicar estas líneas, en que advierte a trabajadoras y trabajadores de Chile que el intento en curso de aumentar el ahorro forzoso constituye un atentado en su contra.

El ahorro forzoso disfrazado de “capitalización individual” es un inmoral mecanismo de superexplotación, establecido por la dictadura para escamotear aquella parte de los salarios que debería destinarse a asegurar la vejez digna que hoy se niega a trabajadoras y trabajadores jubilados.

El sistema AFP lo descuenta de salarios y lo traspasa de inmediato, en su mayor parte y a perpetuidad, a un puñado de magnates. Éstos han utilizado su dinero e influencia para impedir que sucesivos gobiernos democráticos terminen con este abuso.

CENDA confía plenamente que las trabajadoras y trabajadores de Chile se levantarán como lo han hecho recurrentemente a lo largo de un siglo, para exigir al sistema político actuar con decisión y poner término al ahorro forzoso.

El sistema democrático “arriesga la hecatombe si continúa postergando esta reforma necesaria”, como una vez advirtió el presidente Alessandri Palma. Peor si intenta agravar este abuso intolerable.

Confiando que el texto completo de nuestra carta resulte en parte de su interés, les saludan cordialmente,

Directorio CENDA

Las trabajadoras y trabajadores de Chile son hoy catorce millones de personas, casi toda la población del país mayor de 16 años. Tres millones están jubiladas, la mitad por AFP, y dos tercios de ellas son mujeres. Sobreviven con pensiones miserables.

Poco menos de once millones de trabajadoras y trabajadores se encuentran en plena actividad. Su número se ha duplicado en el último cuarto de siglo y crecen en un cuarto de millón por año. Son muy jóvenes, dos tercios tienen menos de 46 años de edad y un 42 por ciento es menor de 36 años. Poco menos de la mitad son mujeres.

Son contratados y despedidos constantemente de seis millones de empleos asalariados precarios. Entretanto trabajan a honorarios, por su cuenta o permanecen cesantes. A la vuelta de pocos años casi todos los once millones de activos han cotizado como asalariados.

Dichos empleos asalariados crecen a una tasa aún más rápida que el número de trabajadores activos. Aunque oscilan constantemente, siguiendo los avatares del ciclo económico en un ajuste perfecto. En el último cuarto de siglo han más que duplicado su número, subiendo de menos de tres a seis millones, elevando su participación de 30 a 42 por ciento de la población mayor de 16 años. Los empleos asalariados ocupados por mujeres son menos, pero ya suman tres cuartos de los ocupados por hombres y explican la mayor parte del crecimiento total. Han duplicado su participación, subiendo de 18 a 35 por ciento de la población femenina mayor de 16 años, en el mismo período.

En todo el mundo los empleadores aportan a la seguridad social. Lamentablemente, esta sentida reivindicación de los trabajadores está siendo instrumentalizada en Chile de modo cínico, para justificar un aumento brutal de los impuestos al trabajo, con grave perjuicio para ellos y beneficio exclusivo del gran empresariado.

¿De cuando acá se han puesto tan generosos los empresarios chilenos, que se ofrecen a poner de su bolsillo un incremento real de su costo laboral, de magnitudes que las propias organizaciones de trabajadores no se atreverían siquiera a soñar en sus demandas reivindicativas?

Los trabajadores bien saben que cada vez que solicitan un aumento de salarios, por pequeño que sea, los empresarios se oponen de manera lastimera y tenaz. Ello sucede cuando se demandan reajustes reales de uno o dos por ciento de los salarios. Incluso cuando se discuten ínfimos incrementos al salario mínimo.

Frente a estas justas demandas, se levanta de inmediato un coro estridente y escandalizado de organizaciones empresariales, autoridades económicas, universidades, economistas, expertos, opinólogos, medios de comunicación afines, etcétera. Todos señalando modo afectado y enfático que un aumento en el costo salarial, aunque sea de unas pocas “lucas”, tendría efectos nefastos y potencialmente catastróficos sobre el empleo y la economía, y por lo tanto sería perjudicial para los mismo trabajadores.

Cuando se trata de elevar las cotizaciones previsionales, en cambio, el gran empresariado chileno y sus voceros manifiestan afectada y compasiva preocupación por los pensionados. Ellos y sus amanuenses declaran de modo enfático que para mejorar las pensiones el único camino es ¡ahorrar más!

Sus lobbystas cuidan de enfatizar que con ello se atenderá asimismo una de las más sentidas reivindicaciones de los sindicatos: ¡Restablecer el financiamiento tripartito de la seguridad social! ¡Cumplir finalmente con las obligaciones establecidas en los convenios internacionales de los cuales el país es signatario!

Esta generosidad tiene una sóla condición: que el incremento así financiado se destine al ahorro.

El problema de las pensiones no es falta de ahorro. El ahorro forzoso es el problema. Consiste en desviar las cotizaciones previsionales corrientes hacia los mercados financieros en lugar de pagar pensiones.

No deja de sorprender que las principales organizaciones de trabajadores, así como partidos de izquierda y progresistas, hayan demorado tantos años en incorporar a sus programas el terminar de una buena vez con el ahorro forzoso. Algunos todavía no lo manifiestan de forma categórica y por estos días un grupo pretende ¡elevarla todavía más!

Ello hace pensar que los esfuerzos realizados hasta ahora no han sido suficientes para despejar este asunto en el seno de las organizaciones del pueblo. Por ello, parece necesario repasar los motivos por los cuales los trabajadores en todos los países y en todas las épocas han rechazado tajantemente el ahorro forzoso.

La clave de todo el asunto está en las cotizaciones previsionales. Evidentemente no son un ahorro voluntario de los trabajadores, sino un impuesto establecido obligatoriamente por el Estado que se aplica sólo a los trabajadores. Las pagan siempre los asalariados aunque, como es deseable, las desembolsen en parte los empleadores.

Pueden ser y lo han sido en Chile en el pasado, un impuesto aceptable y beneficioso para los trabajadores, pero sólo a condición que se destinen íntegra y exclusivamente a pagar pensiones. Jamás pueden desviarse a otros usos, menos transferirlos a los empresarios o destinos en que ellos lucren. Esto último es precisamente lo que sucede cuando las cotizaciones se destinan al ahorro forzoso.

El hecho que el sistema sea gestionado por las AFP, añade a este abuso el agravio de cobros onerosos por administrarlo y traspasa descaradamente el grueso de las cotizaciones a un puñado de magnates.

El gran mito es que las pensiones se puedan financiar con ahorro. En Chile, el fisco gasta hoy un quinto del presupuesto, financiado con impuestos corrientes y deuda, en financiar cuatro quintos del gasto total en pensiones, de las cuales paga directamente la mitad. El sistema de AFP aporta el quinto restante, destinando a ello poco menos de un tercio ¡de las cotizaciones corrientes! Es decir, de acuerdo a la definición OCDE que recuerda el exministro, Chile tiene hoy un sistema 100 por ciento ¡de “reparto”!

La irracionalidad de endeudar al fisco para “ahorrar” convenció a los ministros de Hacienda para terminar el ahorro forzoso en todos los países europeos que lo habían implementado. Lo más grave, sin embargo, es que constituye una violación flagrante de la regla básica del contrato social secular de las élites con los trabajadores que crean toda la riqueza: debe respetarse sagradamente aquella parte de la misma que ellos necesitan para vivir dignamente junto a los suyos, incluidos sus viejos.

todo lo anterior queda explicado de manera mas clara imposible por los artistas que prepararon este notable video de La Casa Común.