El incremento de la cantidad de personas en condición de pobreza y zonas marginalizadas es una realidad que se ha ido agravando con el pasar de los años. Este grupo de personas carece de acceso a servicios esenciales, incluido el transporte, lo que incide con especial gravedad en la periferia de las regiones urbanas y metropolitanas, pues aumenta considerablemente el tiempo necesario para acceder a otros servicios (como salud y educación) y a las fuentes de ingreso (SITGAM, 2020).

Por lo tanto, es necesario la formulación de políticas y metodologías que respondan mejor a las necesidades de las personas en pobreza en cuanto al acceso a los servicios urbanos y a los sistemas de transporte. El uso del transporte público, al ser el medio de movilidad más común entre las poblaciones más vulnerables económicamente, juega un papel muy importante; ya que invirtiendo en la mejora de este sistema se incide positivamente en las condiciones de vida de esta población (SITGAM, 2020).

En lo que respecta al transporte público, este objetivo plantea dos indicadores: la tasa de mortalidad debida a accidentes de tránsito o a lesiones provocadas por accidentes de tránsito y la tasa de mortalidad por condiciones atribuidas a la contaminación ambiental, específicamente por partículas de GEI y combustibles fósiles fijadas en el ambiente. Esto obliga a desarrollar métricas para el control y mitigación de estos efectos, así como estrategias para su reducción gradual (SITGAM, 2020). 

Como resultado de los múltiples trasbordos o de la poca o nula integración de los sistemas de transporte, se ha determinado que las mujeres terminan pagando más, tardando más y limitando su movilidad física y laboral (BID, 2016). La violencia en espacios públicos y en los sistemas de transporte público, reduce la libertad de movimiento de mujeres y niñas, principalmente por el acoso sexual, aspecto que limita su participación plena en la vida pública (SITGAM, 2020).

Además, la participación de las mujeres en la construcción y operación de los sistemas de transporte, no supera el 15% del total del trabajo del sector (SITGAM, 2020). Por lo tanto, brindar una movilidad más segura y eficiente para esta población así como involcrarla en el proceso, es uno de los aspectos que busca mejorar este programa.

En América Latina y el Caribe, el reto del desarrollo radica en compatibilizar el crecimiento económico con los cambios en el patrón de producción y consumo de energía necesarios para separarlo del aumento de las emisiones de GEI, dando paso a fuentes renovables de energía, sobre todo en el transporte, y aumentando la eficiencia de la estructura productiva y del funcionamiento de las ciudades. Además, se debe aumentar el acceso y la asequibilidad de la energía para las personas de menos recursos (SITGAM, 2020).

El modelo de desarrollo económico global dependiente de los combustibles fósiles, es en gran medida responsable del cambio climático. Por lo tanto, con este panorama, es fundamental impulsar la investigación e inversión en energías limpias y construir infraestructura resiliente, sostenible e inclusiva (SITGAM, 2020).

La pandemia ha provocando alteraciones en las cadenas de valor mundiales y en el suministro de productos. Una vez que la fase aguda de la crisis concluya, los gobiernos tendrán que invertir en infraestructura más que nunca con el fin de acelerar la recuperación económica, crear empleo, reducir la pobreza y estimular la inversión productiva (SITGAM, 2020).

Adicionalmente, la pandemia ha puesto de manifiesto la urgente necesidad de una infraestructura resiliente. El Estudio económico y social de Asia y el Pacífico destaca que hacer que la infraestructura sea resiliente a los desastres y al cambio climático requerirá de una inversión adicional de 434.000 millones de dólares al año (SITGAM, 2020).

Procurando el acceso a sistemas de trasporte para toda la población en el marco de un proceso de desarrollo urbano sostenible, se acuña el término Desarrollo Orientado al Transporte (DOT) entendido como una serie de estrategias que buscan la articulación de las inversiones asociadas al desarrollo urbano con los proyectos que buscan mejorar la movilidad urbana. En términos generales se pretende aumentar la demanda sobre los sistemas de transporte, promoviendo la construcción de una ciudad compacta donde predomine el uso mixto y la proximidad a los bienes y servicios urbanos (SITGAM, 2020).

Por lo tanto, la articulación de las políticas de transporte público y el modelo de desarrollo urbano es un requisito para avanzar en el cumplimiento de las metas asociadas al objetivo de Ciudades Sostenibles (SITGAM, 2020).

El congestionamiento vial que experimentan las áreas metropolitanas y en general los núcleos urbanos, produce una gran cantidad de emisiones de GEI que impactan de forma directa el clima y el ambiente. La presencia de emisiones de dióxido de carbono en los escapes de todo tipo de vehículos se vuelve cada vez más común en las ciudades y centros urbanos que a su vez tienen una gran incidencia en la salud pública (SITGAM, 2020).

Por lo tanto, es necesaria la generación de políticas públicas para la adopción de métodos limpios de generación de electricidad; priorización del transporte urbano, las vías peatonales, bicicletas en las ciudades,  y el transporte interurbano de cargas y pasajeros por ferrocarril. Asimismo, se requiere un cambio en la planificación urbana, de manera que se promueva la construcción de ciudades densas y compactas, sostenibles y resilientes (SITGAM, 2020).