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Aquella cuyo patrimonio y gobierno está ejercido por los miembros de una o varias familias y su objetivo estratégico comprende la continuidad de la empresa a manos de la siguiente generación familiar.
Como es sabido, en muchos de estos procesos se abordan Dues Diligences, que consisten en procesos de revisión de la sociedad objeto del análisis -conocida en el argot como target-, con el fin de detectar incumplimientos legales cuya cuantificación económica pueda poner en peligro la operación. En otras palabras, se trata de examinar la situación jurídica de la empresa a través de una auditoría, con el propósito de informar a los posibles compradores/inversores sobre dicha situación, pudiendo éstos adoptar la mejor decisión informada en cuanto a su operación. Consiste, por tanto, en un análisis que, al permitir conocer la situación y riesgos de una compañía antes de comprarla o invertir en ella, facilita al inversor o partner determinar qué riesgos asume al realizar la operación.
A través del anteproyecto de Ley que traspone la Directiva (UE) 2019/1937 whistleblowing o canal de denuncias se hace obligatorio para todas las entidades del sector público así como para las entidades jurídicas del sector privado que empleen a más de 50 trabajadores conceder a sus empleados, así como a terceros, un canal de comunicación que permita alertar de forma segura y anónima cualquier práctica irregular no ajustada a derecho de la que tengan conocimiento en el contexto de su relación, asegurando la protección del alertador a sufrir cualquier represalia.