Cada edificio, cuando se construye de acuerdo con los criterios tradicionales, contiene sistemas eléctricos y sistemas de plomería. A veces, por ejemplo, en el diseño de edificios más grandes, los cables y tuberías pueden extenderse por decenas de kilómetros en total. Tras el fuerte desarrollo cultural y tecnológico de la sociedad moderna, es obvio que la realización de las plantas está sujeta a un conjunto de reglas.
Estas directivas, bien conocidas por los profesionales del sector, involucran completamente los procesos de configuración, estimación y preparación del proyecto, hasta la fabricación real del edificio. Este artículo llama la atención sobre las conexiones de agua, reguladas por un Decreto específico.
El conjunto de reglas más reciente en esta área se remonta a casi diez años; este es el Decreto Nº 37 del Ministerio de Desarrollo Económico, de 22 de enero de 2008, que se promovió para reemplazar la ley 46/1990. La publicación del Decreto se realizó el 12 de marzo de 2008, mediante el Boletín Oficial.
Es importante subrayar que las regulaciones contenidas en el Decreto en cuestión no se aplican exclusivamente a edificios nuevos: incluso las restauraciones y modificaciones a las estructuras ya construidas deben cumplir con los dictados establecidos en el documento. Las disposiciones enumeradas deben considerarse válidas a partir del punto de entrega del suministro; es decir, el punto físico en el que el distribuidor pone a disposición del usuario el agua.
Un concepto básico, sobre el cual no todos los artesanos del sector tienen ideas claras, es el de "sistemas hechos de acuerdo con la regla del arte". El significado de esta expresión particular, sin embargo, es muy simple. De hecho, significa el cumplimiento total de las normas UNI (Organismo de Certificación Nacional de Italia) y Cei (Comité Electrotécnico Italiano), o cualquier otro organismo al que se pueda hacer referencia en las normas de construcción.
Naturalmente, estos deben resultar bajo la administración de los estados miembros de la Unión Europea. Otro punto fundamental del Decreto explica cómo el uso previsto del edificio en cuestión, que puede ser de naturaleza residencial, comercial o industrial, no puede dar lugar a excepciones al cumplimiento de tarifas preestablecidas. Podemos ofrecerte el mejor servicio urgente de averías de fontanería en Barcelona.
Durante los acuerdos entre el instalador y el cliente, ambas partes deben cumplir con una serie de obligaciones. En primer lugar, el instalador debe asegurarse de emitir los certificados necesarios para el cliente. Estos serán útiles para verificar el cumplimiento legal de las plantas. Aparentemente innecesarios, los certificados son de gran importancia en caso de accidentes o mal funcionamiento; Solo gracias a la documentación minuciosa será posible determinar las responsabilidades del evento de una manera apropiada. Además, los organismos competentes podrán verificar la certificación cuando se considere apropiado, y en caso de incumplimiento, existen sanciones.
Los modelos para la autenticación de la adecuación de las plantas están disponibles, en forma de anexos, en el Decreto No. 37 de 22 de enero de 2008. Según lo atestiguado por las empresas del sector, se encontraron casos en los que no fue posible presentar declaraciones de conformidad. Para superar estos inconvenientes, se puede solicitar una declaración de cumplimiento, que solo puede ser utilizada por profesionales registrados en su propio registro y con al menos cinco años de experiencia certificada.
Con respecto a la buena conducta del cliente, las obras deben confiarse exclusivamente a las empresas en posesión de las calificaciones requeridas por la ley. Además, si, por un lado, los trabajadores están obligados a construir una planta de acuerdo con la ley, por otro lado, es deber del cliente preservar su seguridad.
Para este propósito, es un buen hábito cumplir con los métodos de uso previstos a la carta y solicitar mantenimiento cuando sea necesario. En el caso de fallas relacionadas con el uso correcto de los accesorios de agua, la responsabilidad no se puede atribuir a la empresa con la que se estipuló el contrato.