¿Qué tan viable es la gratuidad de la educación superior en México?

A partir del 2011, por medio de una modificación a los artículos 3 y 31 de la constitución mexicana, el Estado asumió la obligación de proporcionar servicios educativos desde preescolar hasta el nivel medio superior. Los resultados desde entonces han sido favorables, sin embargo, para que el Estado pueda brindar la gratuidad de la educación superior, como lo plantea la iniciativa de reforma educativa, necesita compensar todos los ingresos que las instituciones de educación superior y universidades dejarán de recaudar.

Sin un incremento a los recursos de la federación que son destinados a las universidades de todo el país, la gratuidad pondrá en graves problemas financieros al sector de educación superior y su calidad y oferta educativa se verán sumamente afectadas.

En los últimos años las universidades e Instituciones de Educación Superior (IES) han ido acumulando un rezago financiero que al día de hoy afecta a la calidad y el acceso a los servicios de educación superior que ofrecen. Tan solo de 2000 a 2017 se observó un crecimiento de la matricula pública de educación superior de 116% mientras que el crecimiento del gasto federal para este nivel fue de 71%. Además, en el periodo 2015 – 2018, diversos programas presupuestarios de carácter extraordinario se redujeron en cerca de 22 mil millones de pesos.

Las instituciones públicas de educación superior atienden en conjunto a 3.2 millones de alumnos desde bachillerato hasta doctorado, por ello necesitan certeza financiera para llevar a cabo sus planes de desarrollo. Tras la modificación del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2019, los recursos federales que van a recibir incrementaron en casi 7 mil millones de pesos respecto al año anterior, sin embargo, con la gratuidad que se propone, las instituciones dejarían de percibir 13 mil millones de pesos al año.

Ante tal situación, es importante precisar el alcance de la gratuidad y especificar qué servicios escolares o administrativos como los exámenes extraordinarios, los cursos de idiomas, trámites de titulación, etc., serán exentos de pago, o si solamente se liberaran las cuotas de inscripción.

Por otro lado, un sector que también se vería afectado con la gratuidad sería el de las instituciones particulares de educación superior ya que muchos de sus estudiantes podrían fácilmente trasladarse al sector de educación pública. Es importante considerar que las universidades privadas ahorran al gobierno 145 mil millones de pesos anuales, educando a 1.6 millones de estudiantes, lo que representa el 35% de toda la matrícula universitaria en el país.

El acceso efectivo y de calidad a la educación es un derecho constitucional, al menos hasta el nivel medio superior. Garantizar a cada mexicano una igualdad de oportunidades educativas, sin importar su condición socioeconómica, de origen o género, promueve el desarrollo armónico de todas las facultades del ser humano y fomenta en él valores y principios que regirán su conducir en la sociedad. La iniciativa de ampliar los derechos en educación de cada mexicano es estupenda, prometedora y necesaria, sin embargo, la situación actual de las finanzas públicas no permitiría concretarla.