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José Luis López29 de octubre de 2018El 1 de diciembre de 2018 concluye el periodo de transición entre el gobierno saliente y el entrante, siendo la culminación de un proyecto planeado durante tres sexenios, en los que el pueblo de México decidió dar un giro hacia la izquierda, luego de más de 80 años de dominio de lo que para muchos es la derecha mexicana, encabezada por el PRI y el PAN.
Durante este periodo, el próximo gobierno ha dado forma a las propuestas de campaña, traduciéndolas en las futuras políticas públicas y decisiones, de lo que llaman la Cuarta Transformación; se espera que sean distintas a las ofrecidas por el anterior gobierno, especialmente si resultan de perspectivas teóricas distintas. De esta forma, no es de sorprender que algunas de las ideas de Andrés Manuel López Obrador resulten distantes a las de Enrique Peña Nieto, aunque queda cuestionar en otro momento si esto se debe meramente a fines políticos y no a ideológicos o económicos.
Es así, que el equipo del presidente electo López Obrador, así como miembros de su partido en el Congreso, han presentado algunas iniciativas de políticas que podrían resultar controversiales, de las cuales destacan tres: el tema energético, las responsabilidades del Banco de México y el Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México.
El primero, el plan energético, se divide a su vez en tres acciones; la primera incluye aumentar la producción petrolera y modernizar a PEMEX y a CFE, a través de la exploración y perforación de pozos que contengan gas natural y petróleo, así como recuperar los niveles de producción de años pasados; la segunda es reorientar inversión pública en reactivar a la industria energética y no solo en el tema de extracción y exportaciones de petróleo y gas, sino en la rehabilitación de las seis refinerías del país, además de la construcción de una nueva refinería en Tabasco; la última está enfocada en la generación de electricidad y consiste en modernizar y rehabilitar los activos físicos de CFE. En conjunto, en los próximos años, habría mejores condiciones energéticas para México, pero esto se sujeta a la cantidad de reservas petroleras que pueda tener el país, a la producción efectiva, así como a los incentivos a incrementar el uso de las llamadas energías verdes, como la solar, la eólica o la eléctrica.
Por otro lado, también se propone el cambio de responsabilidades del Banco de México, buscando que no solo se encargue de la política de metas de inflación, sino también que busque asegurar el crecimiento económico, lo que se explica en la nota de Economentes del 15 de octubre “¿El Banco de México debería de impulsar el crecimiento económico?”1. Ante esto, dadas las condiciones teóricas actuales, resulta complicado, porque la conocida como Nueva Macroeconomía Clásica propone que la acción de la política monetaria expansiva (lo que busca dicha propuesta) provoca desequilibrios causados por señales erróneas que distorsionan el comportamiento de los agentes económicos, conduciendo a inflación, desempleo, reducción en la inversión y en la demanda, así como desempleo; en suma, mientras la política monetaria sea la dominante sobre otras, como en el caso de la fiscal, no puede darse una vertiente de crecimiento económico sin afectar los postulados de la Nueva Macroeconomía Clásica. En tanto, existe otra alternativa teórica, poskeynesiana, que señala la forma de fomentar el crecimiento sostenido, a través de reenfocar el gasto de gobierno, incluso hacerlo deficitario, lo cual debe ser financiado por el ahorro privado de las familias y las empresas, obteniendo en el corto plazo mayores subsidios del gobierno y por ende crecimiento, mientras que en el largo plazo se gozaría de los rendimientos de capital procedentes del ahorro; en este caso, la política monetaria no es la dominante, sino el apoyo de la política fiscal, resultando su labor en mantener las tasas de interés estables y fomentar así el ahorro y la inversión (Basilio, 2016, págs. 33-39 y 73-80)2. De tal forma, lo que debería hacerse es una reorientación teórica y fortalecer el dominio de la política fiscal sobre la monetaria, de modo que la primera regrese a ser el eje de crecimiento nacional.
Finalmente, en cuanto al Nuevo Aeropuerto de México, la consulta ciudadana para la resolución del fortalecimiento del sistema aeroportuario arrojó resultados favorables para Santa Lucía con 69.9% de los votos por encima de continuar los trabajos en Texcoco; en tanto, López Obrador señaló el día de hoy que “la decisión se toma con respeto absoluto al Estado de Derecho, sin afectar intereses de las empresas y de los inversionistas”. En tanto, hay opiniones que señalan que este acontecimiento es el resultado entre la “democracia” y el halago a la sociedad civil, tal como se expone en Economentes (25 de octubre) con “¿Santa Lucía o Texcoco? ¿Democracia o Demagogia?”3; para otros, la consulta solo es simbólica, porque la decisión estaba hecha desde tiempo atrás: el proyecto de Texcoco se cancela y Santa Lucía es el ganador, pese a la falta de estudios que garanticen la viabilidad del proyecto, cuyos resultados podrían tardar años.
En los tres casos presentados, vemos inconsistencias a corto y largo plazo, así como planeación cuestionable, lo cual resulta normal en este momento, pues Obrador aún no es presidente. Sin embargo, no queda más que reflexionar si esta es la forma adecuada de fomentar al desarrollo, no solo en su sexenio, sino pensadas en un plazo mayor. Circulan argumentos que dicen que no se le puede decir nada aún, dado que Enrique Peña Nieto aún es presidente, pero claro que tenemos el derecho y la responsabilidad de mostrar nuestro apoyo o inconformidad con sus políticas, así como no minimizar sus errores.
2) Basilio, E. (2016). La controversia teórica sobre la política fiscal. El ciclo económico y los estabilizadores automáticos en México. México: Instituto de Investigaciones Económicas, UNAM.
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