La Reforma Laboral incompleta

Con velocidad, el Senado ha aprobado la nueva Reforma Laboral, que busca aumentar el poder de los sindicatos y de los trabajadores, imponiendo contrapesos y eliminando las dirigencias vitalicias; aún quedan rubros que los legisladores resolverán en otro momento.

José Luis López
2 de mayo de 2019

Fortalecer la libertad sindical, garantizar la justicia laboral y proteger la libertad de negociación colectiva son los ejes que guiaron la aprobación de la nueva Reforma Laboral, aprobada en lo general el lunes pasado por el Senado de la República, con 120 votos a favor y 2 abstenciones.

Dicha Reforma cumple con el compromiso del presidente Andrés Manuel López Obrador de mejorar las condiciones de vida de los trabajadores y otorgar ambientes idóneos para el trabajo, a la par de los compromisos con los Estados Unidos y Canadá, en los que México se comprometió en noviembre pasado a mejorar las condiciones laborales en el país, como requisito para firmar el USMCA o T-MEC, así como la ratificación del Convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en favor del derecho a la sindicación y negociación colectiva.

Dicha reforma tendrá un periodo de adaptación de cuatro años, costaría al gobierno federal 2,223 millones de pesos en el sexenio y cuenta con 5 puntos destacados:

1. Creación del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, un organismo autónomo y descentralizado que buscará el registro de los sindicatos y contratos colectivos.

2. Se elimina el derecho a dirigencias vitalicias en los sindicatos y los agremiados elegirán democráticamente a sus líderes.

3. Se crearán Tribunales Laborales adscritos al Poder Judicial, reemplazando a las Juntas de Conciliación y Arbitraje. El objetivo es contar con justicia más rápida. Antes de interponer una demanda laboral se busca que exista un arreglo entre empleado y patrón, a través del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Asimismo, los sindicatos deben rendir cuenta sobre la administración del patrimonio sindical y la situación de las finanzas a los agremiados cada seis meses.

4. Para emplazar una huelga, debe de constarse con una Constancia de Representatividad, documento expedido por el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, con, al menos, el 30% de votos a favor de los agremiados, evitando la falta de representatividad o extorsión.

5. Las negociaciones de los contratos colectivos solo pueden ser hechas por el sindicato mayoritario. Deben contar con una constancia a renovar cada seis meses, previo conocimiento y apoyo de los agremiados, como condición para poder negociar nuevamente en el futuro.

Reaccionando a este evento, la titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, Luisa Alcalde Luján, señaló que se trató de “una votación histórica, el Congreso a favor de la libertad y la democracia sindical. Con el diálogo social y representación auténtica de los trabajadores”, mientras que Ricardo del Valle, dirigente del Sindicato de Sobrecargos comentó que “estamos de fiesta, la reforma refleja los eternos reclamos que desde hace muchos años planteó el sindicalismo auténtico para lograr un modelo laboral sustentado en la democracia, la transparencia, la negociación colectiva legítima en un sistema de justicia profesional y eficiente”.

Sin embargo, las reacciones no solo fueron positivas, sino que se abrió “una puerta falsa” y se dejó “una gran oportunidad para lograr una legislación moderna y permanente. Lamentamos que se haya aprobado una ley por mientras”, dijo Gustavo Hoyos, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX). Esto se debió a que en el Senado se admitió que quedan temas por resolver y revisar en dicha legislación, que se harían en el siguiente periodo ordinario de sesiones, como el origen de los recursos para mantener a los nuevos organismos y la especificación de todos los procedimientos.

En paralelo, semanas atrás, la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, la demócrata Nancy Pelosi, dijo a los legisladores de su nación que no debería de respaldarse ningún acuerdo comercial si México no aprueba una ley en favor de los derechos laborales (que hará menos atractiva la inversión en México y preferir a Estados Unidos). Por tanto, la aprobación con tanta prisa de la reforma responde al reclamo estadounidense de que en México se realizara lo antes posible; de tal forma, es grave que se impongan no solo tiempos, sino también normas e instituciones.

Es innegable que en México debe de fortalecerse el poder del trabajador para que pueda pelear por sus derechos y buscar que la unión de los sindicatos se traduzca en mejores condiciones laborales, pero no puede evitarse cuestionar las formas, la presión existente desde el vecino del norte para apresurar una reforma sin estar completa y que en los próximos meses no solo costará mayor tiempo de legislación, sino también más dinero público en arreglar los pasos erróneos que ya se habrán dado.