Fusión del IMSS y el Seguro Popular: retos generados ante la insuficiencia de presupuesto

Conforme avanzan los días se aprecian cambios en los montos que han sido modificados en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019 respecto a su contraparte de 2018, siendo aprobado en la madrugada de este lunes en lo general y particular por el Congreso Federal en San Lázaro. Este sexenio el presupuesto se enfocará en el campo, la cultura, la educación, el agua y la equidad de género; en tanto, resulta llamativo que no se considere a la salud pública como una de las categorías fundamentales del nuevo gobierno federal.

En su condición de reducir gastos innecesarios y fomentar la eficiencia en las instituciones dependientes del Estado en todos los niveles de gobierno, el gobierno federal encabezado por el presidente López Obrador pretende que se fusionen el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), fundado en 1943 por el presidente Ávila Camacho y el Seguro Popular, como iniciativa del presidente Vicente Fox en 2003, buscando que la cobertura de alta especialidad se pueda brindar a toda la población y que las inversiones públicas lleguen directamente a las personas, sin que el presupuesto se quede en las altas esferas de cada institución.

En la primera etapa, que cubrirá a estados del sur y sureste mexicano como Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, agregándose 15.9 millones de usuarios aún pertenecientes al Seguro Popular a los más de 66 millones del IMSS y se espera que al finalizar el sexenio, la fusión sea total y se puedan añadir cerca de 57 millones de derechohabientes totales, restando los duplicados.

De esta forma, es claro que los recursos del Seguro Popular deberían de distribuirse proporcionalmente hacia el IMSS, teniendo que este año el presupuesto para la segunda institución será de 67,454 millones de pesos, aunque con una reducción de 4,290 millones a 4,016 millones de pesos per cápita de 2018 al 2019.

En los últimos años, las condiciones en el IMSS han resultado complejas, hecho que se manifiesta en Economentes en Finanzas Públicas del IMSS, riesgo de salud pública, el 5 de noviembre, señalándose que las finanzas de la institución de salud han resultado críticas y tuvieron que trabajar en números rojos de 2012 hacia atrás, mientras que en periodos más recientes se ha hecho el compromiso de priorizar las finanzas sanas, pues ante la imposibilidad de elevar sustancialmente los ingresos, no queda alternativa más que reducir gastos y empeorar la calidad en la atención hacia los usuarios, evidenciado en la reducción de 8.6% de camas disponibles y de consultas diarias de 17.2% de 2012 a 2018.

Quienes más resentirán este cambio, que se acentuará con el paso de los años, serán los derechohabientes actuales, pues el incremento en el presupuesto de la fusión de las instituciones no estará a la altura de las necesidades, como se ha probado en el caso particular del IMSS. Por tanto, la reasignación del gasto que la Secretaría de Salud que se reenfocarán hacia el IMSS no será suficiente para cubrir el incremento en derechohabientes a prácticamente el doble, teniendo que la austeridad en la salud social generará una caída extrema en la calidad si se mantiene este proyecto como se ha planteado por el presidente López Obrador; en tanto, para salud no se reportan cambios en el Presupuesto de Egresos.

Es claro que es necesario reducir los gastos innecesarios en las instituciones públicas y aumentar la eficiencia, ser austeros e imponer los mecanismos para que el gasto llegue a donde debe de llegar, pero no puede esperarse que la salud se mantenga con resultados positivos si el presupuesto per cápita se reduce a gran escala; solo queda esperar que los encargados de la transición y el director del IMSS tengan la suficiente capacidad de salir adelante con este nuevo reto.