Finanzas públicas del IMSS, riesgo a la salud pública.

Uno de los máximos postulados de la llamada Nueva Macroeconomía Clásica es el equilibrio presupuestal y un temor al déficit en las finanzas públicas, debido a la existencia de recursos fiscales finitos. Desde esta postura, es preferible reducir el gasto público a cualquier costo para evitar presiones inflacionarias, así como para evitar imponer obstáculos a las oportunidades de negocios del sector privado, pues se asume que cuando el Estado invierte en demasía (déficit fiscal), el resto de los agentes pierde los incentivos para gastar, producir y generar bienes y servicios para el consumo del resto de los agentes de la economía. Desde cierto punto de vista, lejos de ser erróneo, en algún contexto, esta teoría tiene razón, pues el Estado no puede sostener negocios en todos los mercados de forma eficiente, tal y como se hacía en los años del Desarrollo Estabilizador en México, donde el gobierno tenía negocios en áreas fundamentales como en petróleos y químicos, hasta en fábricas de bienes tan simples como bicicletas, lo cual impedía que las firmas privadas decidieran producir y competir ante el poder del Estado, pues resultaba imposible en este contexto; en tanto, dado que la competencia era prácticamente inexistente, los productos eran muy similares y los trabajadores no eran demasiado comprometidos con su labor, pues sabían que su puesto laboral no peligraba, pese a la falta de resultados y productividad. Por lo anterior, desde este punto de vista, los teóricos de la Nueva Macroeconomía Clásica tienen razón y el Estado debería de reducir sus inversiones en algunos casos.

Sin embargo, lo anterior no puede ser absoluto, pues la postura teórica que tienen los miembros de la citada escuela del pensamiento no puede realizarse en la práctica en un país como México, pues hay sectores estratégicos en los que debe invertirse activamente y que no deben descuidarse de ninguna manera, como el caso de la salud, representada por dos grandes instituciones: el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), cuya relevancia implica el cuidado ante riesgos de trabajo, enfermedades, maternidad, invalidez, retiro, cesantía en vejez, guarderías y prestaciones sociales, así como seguro de salud para la familia.

En tanto, el IMSS, siendo la institución de seguridad social más grande de Latinoamérica (66 millones de derechohabientes, incluyendo a 19.4 millones de trabajadores asegurados) y con 75 años de existencia, señala en su Informe sobre la Situación Financiera del Instituto de 2018, que en los últimos años ha contado con presiones en su gasto, causados por los cambios en la expectativa de vida de la población, generando a su vez la existencia de derechohabientes de mayor edad que demanda servicios médicos especializados, la persistencia de enfermedades crónico-degenerativas, así como un aumento de derechohabientes en los últimos años (no así de personal del instituto), pasando de 14.2 millones en 2008 a 19.4 millones a finales de 2017, con el correspondiente aumento de ingresos por recaudaciones obrero-patronales, pero también con incremento en gastos para atender a más de medio millón de consultas, 58 mil urgencias, 4 mil intervenciones quirúrgicas y más de mil partos en un día típico. Por lo tanto, en el mismo informe, el IMSS proyecta hacia el 2050 que tendrán déficit acumulado superior a 1,003,757 millones de pesos, pese al fortalecimiento en sus finanzas que han tenido en los últimos dos años, basado en la reducción de gastos.