Es necesario recaudar más ingresos para la federación: la autonomía financiera de las entidades está en riesgo

El inicio de cada sexenio presidencial es la puesta en marcha de una serie de proyectos prometidos durante la campaña, siendo este el momento en el que se reafirman algunos y se rechazan otros por diversos motivos, especialmente por resultar con poca viabilidad financiera, ya sea porque son altamente costosos y el presupuesto destinado en este podría redirigirse a otros proyectos con mayor área de oportunidad o porque, en el largo plazo, los beneficios serán menores a los costos por establecerlos.

Económicamente, la salida fácil es no recurrir a esos proyectos nuevos y no comprometer recursos que probablemente no se puedan conseguir; políticamente, esto resulta imposible, pues los costos a la imagen del titular del poder ejecutivo federal y de su partido político se verían comprometidos. De esta forma, antes de recurrir a la cancelación de los proyectos que pusieron al presidente al frente de la oficina del Palacio Nacional, el paso lógico es una reestructuración en el Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Federación. Por tanto, ante la promesa de no aumentar los impuestos, a la par de que los recursos de origen petrolero muestran tendencia a no aumentar en los próximos años y que no se debe usar la “máquina de imprimir billetes” de Banco de México, pues fomentaría una escalada en la inflación, entonces deben tomarse otras alternativas:

• Recortes al gasto público, especialmente en gasto corriente, comenzando por los recortes salariales y de prestaciones a altos funcionarios, la austeridad que pregona este nuevo gobierno, recortes a programas sociales, entre otras.
• Venta de activos del gobierno federal, principalmente parte de la flota aérea del gobierno federal y probablemente también con algunos bienes inmuebles (ante la migración de algunas secretarías de estado de la capital del país).
• Remanentes de operación de Banco de México, que debe entregar a la Secretaría de Hacienda y deben enfocarse en la cancelación de deuda.
• Coberturas petroleras, de existir una caída en los precios internacionales del petróleo.
• Invertir solo en el comienzo de los programas y proyectos que han sido prometidos y aumentar gradualmente a ampliar la cobertura, según la situación de las finanzas públicas.
• Transferencias a las entidades de la federación podrían verse mermadas.

La última opción es una de las que podría generar una mayor cantidad de cambios estructurales, pero antes de señalar la causa, resulta conveniente mencionar en qué consisten las transferencias de origen federal.

Por un lado, se tienen las aportaciones federales, que son el mecanismo por medio del cual se le trasladan a las entidades y municipios aquellos recursos que fortalezcan rubros como salud, infraestructura, educación, seguridad pública, programas de asistencia social y alimenticios, entre otros; con estos ingresos, las entidades deben atender las necesidades de su población y fortalecer sus finanzas. En tanto, las participaciones federales son los recursos asignados a los estados y los municipios en los términos establecidos por los convenios de Colaboración Administrativa, el Sistema de Coordinación Fiscal, así como la Ley de Coordinación Fiscal. Las participaciones en ingresos federales que se entregan a las entidades federativas y municipios se hacen a través de fondos como el de fiscalización, de extracción de hidrocarburos, el fondo municipal del impuesto especial sobre producción y servicios, el fondo general de participaciones, el fondo de compensación de impuesto sobre automóviles nuevos y el 0.136% de la recaudación federal participable. De estas dos categorías, para la segunda resulta imposible modificar los montos destinados, debido a los acuerdos del Sistema de Coordinación Fiscal y porque son recursos que son propiedad de las entidades; en cuando a las aportaciones, estas se someten a la voluntad de la federación y a los montos que se consideren adecuados para los proyectos emprendidos, por lo que es esta categoría la que está sujeta a modificarse permanentemente.

Lo anterior implica que se pone en juego la construcción de carreteras, el financiamiento a programas sociales considerados como “poco útiles”, la creación y mantenimiento de hospitales, la innovación en la educación, así como la policía de origen estatal y municipal, sustituyéndolas por la guardia nacional, becas para jóvenes que no estudian ni trabajan, la revocación de la reforma educativa y nulidad en incentivos a mejorar la calidad de la educación, todo centralizado y con etiqueta del gobierno del presidente López Obrador. Es importante no olvidar que estos recursos son legítimos para las entidades de lo generado al interior de estas, que en la medida en la que no se cumplan los requerimientos mínimos para los estados y los municipios, estos pueden optar por no renovar su compromiso con el Sistema de Coordinación Fiscal, tal como ha afirmado el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco”, al señalar que podría pedir a los neoleoneses que no paguen impuestos, lo que implicaría una caída descomunal en los ingresos federales, con una repercusión en los proyectos federales.

En sintonía con lo anterior, resulta claro que una de las ideas del nuevo gobierno federal es eliminar los obstáculos existentes en el pasado, incluyendo las trabas y los casos de corrupción que han existido en los estados al contar con enormes cantidades de recursos, por lo que, para el equipo de López Obrador, lo que debe de hacerse es centralizar el poder en la figura honesta del presidente. Explícitamente no hay mala intención en esta afirmación e incluso puede resultar positivo, pero lo que oculta es la pérdida de la autonomía de los estados y la cercanía de estos con las necesidades de sus respectivas poblaciones, que solo conoce alguien perteneciente a estos sitios, además de la pérdida del federalismo, el símbolo que ha unido al país por varias décadas.