El neoliberalismo persiste en el IMSS

La cuarta transformación, como se ha llamado a este sexenio por parte del presidente de la república, es un periodo que no ha decepcionado en cuanto a cambios respecto a los gobiernos anteriores, tal y como se prometió durante todo el tiempo de campaña del hoy presidente Andrés Manuel López Obrador.

Sin embargo, en semanas anteriores AMLO señaló que el neoliberalismo en México se acabó, que se cambiaría de rumbo y se fomentaría un entorno sin corrupción, con auxilio a los que por generaciones han sido los desposeídos, a través de apoyos repartidos a nivel nacional, de forma directa y sin intermediarios.

¿Estas acciones marcan el fin del neoliberalismo? Antes de responderlo, conviene aclarar que es realmente el neoliberalismo.

Como su nombre lo indica, es el nuevo liberalismo, es una doctrina económica, ideológica y política de características ortodoxas que tiene como base la liberalización de los mercados (financieros y de bienes), mayor participación del sector privado, subordinación de la política fiscal ante la política monetaria y una reducción de las acciones del gobierno, representado por una reducción drástica del gasto público o aumento de los impuestos, buscando llegar a lo que se conoce como finanzas sanas, es decir, que ingresos y egresos públicos sean iguales, en un entorno de solidez macroeconómica. Con estas prácticas se busca que el gobierno sirva de apoyo a las empresas privadas, quienes serán las que tomen las riendas del país, a través de satisfacer las múltiples necesidades particulares de los diversos sectores de la población, con precios de mercado.

El neoliberalismo no es una doctrina apta para todos los países. Su introducción en el país durante las décadas de 1980 y 1990 costó la venta de decenas de empresas paraestatales y el desempleo de miles de mexicanos, porque reducir costos de estas empresas, ocasionado por la reducción del gasto público en general, las hizo inoperantes y tuvieron que ser vendidas a precios de remate a inversionistas privados, extranjeros en muchos casos.

En la actualidad, los comentarios del presidente han dejado en claro que su gobierno no es neoliberal, pero realmente no parece ser así, pues aunque se ha reducido el gasto del gobierno buscando eficiencia (que se haga más con menos recursos) arguyendo que el presupuesto de sexenios anteriores tenía partidas que iban directamente a corrupción, lo cierto es que el IMSS no está en condiciones óptimas para reducir aún más sus recursos.

En Finanzas públicas del IMSS, riesgo a la salud pública, se habla de las limitaciones físicas y económicas del instituto de seguridad social más grande de Latinoamérica, que ha mantenido decadencia en su servicio en los últimos años, con una tendencia en aumento, pero interrumpida durante la gestión de los últimos directores neoliberales del IMSS, José Antonio González Anaya y Mikel Arriola que superaron el déficit que amenazaba con quebrar al IMSS a más tardar en 2014, y lo revirtieron para generar reservas por 70,000 millones, que asegurarían la viabilidad del instituto hasta 2030.

Ahora, la tendencia de dirigirse al despeñadero ha aumentado su velocidad, pues se sumarán las amas de casa y los miembros del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, a los más de 66 millones de mexicanos que actualmente son derechohabientes del IMSS. Los recursos no crecen en la misma proporción que los derechohabientes con sus múltiples necesidades y padecimientos, incluyendo enfermedades y pensiones. La renuncia de Germán Martínez como director del IMSS es una fuerte llamada de atención, ante la agresiva política de ahorro y la “injerencia perniciosa”, como él mismo señaló, de la Secretaría de Hacienda sobre este organismo autónomo, que pone en riesgo la vocación igualitaria, de justicia, y de prestación de servicios del instituto.

Reducir el presupuesto del IMSS, no sólo de forma nominal sino también real, al más puro y ortodoxo estilo neoliberal, atenta contra lo que queda de eficiencia en el instituto y sobretodo contra la salud de los mexicanos, que ante una posible desaparición, no tendrán los recursos suficientes para pagar servicio médico particular.

Lo que sigue parece ser es la tan temida reforma de salud del país, que se vaticinaba desde el gobierno anterior, pero parece que se convertirá en realidad durante la cuarta transformación. Esta reforma se basaría en esquivar la autonomía del instituto (basada en los ingresos tripartitas entre los trabajadores, los empleadores y el gobierno), reducir al mínimo algunas delegaciones, incluir a más derechohabientes de los que se pueden sostener sin mayores ingresos y quedarse sin algunos elementos clave del funcionamiento de la institución.

Pedir que no se tema, e incluso se apoye al cambio ante los nuevos tiempos es un discurso que se ha promovido durante los primeros meses del sexenio, pero resulta inevitable no pensar de forma fatalista, porque no es sólo una empresa más del gobierno la que podría quebrar, tal como ocurrió en el pasado, sino que se habla del Instituto Mexicano del Seguro Social, donde están comprometida la salud y las pensiones de la población mexicana.