¿A mayor tarifa, mejor calidad en el servicio público?

Como bien sabemos, no hay día que no se presente un delito en el transporte público, desde un asalto a mano armada hasta un secuestro, afectando a trabajadores, estudiantes y familias que lo necesitan para movilizarse. Incluso algunas personas mueren en el intento de proteger sus bienes, que tanto les cuesta y, lamentablemente otros ya no regresan. Pero el punto no es poner primero a la mercancía y después la vida de un individuo, sino el cómo hemos llegado hasta este grado. Por parte de los economistas, desde el punto de vista ortodoxo, el Estado no debe de intervenir en la economía, sólo debe de garantizar la seguridad para cada uno de nosotros. Si aplicáramos ese punto de vista en México, sin lugar a dudas sabríamos que no se cumple.

El 19 de diciembre de 2019 se publicó en la Gaceta de Gobierno del Estado de México una tarifa mínima para el transporte público de 12 pesos por los primeros 5 kilómetros y 25 centavos por kilómetro adicional, la cual entraría en vigor a partir del primero de enero del presente año. Sólo pasaron 2 años para que la tarifa volviera a subir, en otras palabras, el 8 de septiembre de 2017 entro en vigencia los 10 pesos como pasaje mínimo para todo el estado. Los empresarios del transporte público abogaban un aumento de hasta 4 pesos con 50 centavos, debido al incremento del precio de la gasolina, refacciones y otros insumos que se necesitan para llevar a cabo el servicio. Sin embargo, la Secretaria de Movilidad llego a un acuerdo con los concesionarios en el cual solo se va a subir dos pesos.

Raymundo Martínez Carbajal, titular de la Secretaria de Movilidad, argumento que con el aumento de la tarifa podrán avalar a 100 mil operadores cada año, además de que los transportistas puedan terminar con el proceso de renovación de sus unidades, para ofrecer un buen servicio al público en general. Pero lo que se pasa por alto, es que se pretende crear cantidad y no calidad en el transporte. No serviría de mucho que las unidades se encuentren en buenas condiciones o de que los operadores manejen adecuadamente si sigue habiendo temor a ser asaltado, es decir, sigue la inseguridad en el Estado de México.

Por una parte, tenemos a las familias, trabajadores y estudiantes que ocupan el transporte público en su vida cotidiana para poder trasladarse. El hecho de que aumente la tarifa sin lugar a dudas conllevaría a una pérdida de poder adquisitivo, además de que los delitos están a la orden del día y, como si fuera poco, con un servicio deficiente e incluso, con unidades anticuadas para el traslado. Porque si bien, lo que pretende Raymundo Edgar Martínez Carbajal, titular de la Secretaria de Movilidad, no se hará de la noche a la mañana. Lleva tiempo en poder realizarse el proyecto, pero en lo que se realiza, los que batallaran con estos problemas serán los usuarios del transporte público. El dinero tal vez va y viene, pero el tiempo y una vida arrebatada jamás regresan.

Por otro lado, tenemos a los concesionarios del transporte público, que tienen que pagar cámaras, botón de pánico y rastreo satelital, sin embargo, aunque se tengan estas herramientas para encontrar más rápido a los delincuentes, si la autoridad no está preparada, no es eficiente, de nada sirve. Pero no son los concesionarios los que deberían interesarnos completamente, sino, aquellos chóferes que tienen una unidad y tienen que pagar una renta a quienes poseen las placas de servicio público, además de pagar la depreciación de su unidad y otros gastos para poder operar, o aquellos chóferes que sólo manejan las unidades sin ser dueños.

Son ellos los que se deberían tomar en cuenta, porque si aumenta la tarifa, esto se refleja en un incremento de la renta o de la cuenta que tienen que entregar, por lo que su ganancia seria casi nula para el corto plazo. Por lo tanto, no ganan las familias, trabajadores y estudiantes, tampoco ganan a manos llenas los chóferes, los únicos que ganan aquí son los concesionarios y el Estado.