Comisión de la verdad: caso Ayotzinapa

Dicha comisión, estará integrada por los representantes de las víctimas, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Ministerio Público de la Federación, aunque serán los familiares de las víctimas y la CNDH los que decidirán qué líneas de investigación seguirán y las pruebas a desahogar. Además, podrán validar la incorporación de más organizaciones tanto nacionales como internacionales de derechos humanos.

Tras la toma de protesta, el presidente Andrés Manuel López Obrador firmó el decreto para la comisión de la verdad en el que se instruye establecer condiciones materiales, jurídicas y humanas efectivas, para fortalecer los derechos humanos de los familiares de las víctimas del caso Ayotzinapa a la verdad y al acceso a justicia.

En el decreto, publicado en la edición de este martes del Diario Oficial de la Federación (DOF), se instruye a las dependencias de la administración federal para que, dentro del ámbito de sus competencias y atribuciones, implementen los mecanismos necesarios a efecto de destinar y aplicar los recursos materiales, jurídicos y humanos que se requieran, con el objeto de fortalecer el ejercicio del derecho que los familiares de las víctimas del caso Ayotzinapa tienen de conocer la verdad.

Esta acción brinda esperanzas a los padres y las madres de los jóvenes, porque hasta ahora ha habido desdén de las oficinas gubernamentales para aportar información, señaló el abogado Santiago Aguirre, quien forma parte de los defensores de derechos humanos que han trabajado de cerca con las familias de los estudiantes.

El propósito es conformar un equipo de trabajo autónomo interdisciplinario, que otorgue la asistencia que los familiares de las víctimas requieran ante la autoridad competente, a fin de hacer valer con efectividad el derecho humano que las víctimas u ofendidos tienen consagrado, así como a un correcto acceso a la justicia y al conocimiento de la verdad.

La comisión deberá ser integrada, al menos, por los familiares de los estudiantes desaparecidos o quien ellos designen que los represente; un representante de las secretarías de Gobernación; de Relaciones Exteriores, y de Hacienda y Crédito Público, así como por los expertos profesionales y técnicos que se requieran y que sean contratados con los recursos con los que se provea a la comisión.

El decreto presidencial implica que pueda fluir toda la información relacionada con el caso que esté en manos de las dependencias federales. Se podrán hacer búsquedas en archivos, mientras que aspectos como los relacionados con la cooperación internacional se solicitarán de inmediato a través de la Cancillería.

La Secretaría de Gobernación implementará los mecanismos necesarios, para procurar que las investigaciones se realicen sin sesgos, con independencia, imparcialidad y en estricto apego a la legalidad. En el documento publicado también se establece que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público celebrará los acuerdos con las demás dependencias y entidades y/o expertos profesionales y técnicos que se requieran, a fin de precisar los términos en que serán destinados los recursos correspondientes.

El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Alejandro Encinas, aseguró que en el presupuesto de 2019 estará asegurado el funcionamiento de esta comisión, que quedará adscrita a su subsecretaría, aunque el monto hasta ahora se desconoce.

Independientemente lo que pase en las instancias judiciales, la comisión podría quedar conformada en los siguientes 30 días y avanzar realizando solicitudes de información que deberán integrarse en la investigación de la Fiscalía General.

En tanto, la Secretaría de Relaciones Exteriores deberá celebrar los convenios o acuerdos que permitan la asistencia y cooperación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, así como con cualquier otro organismo, autoridad o experto internacional que pueda coadyuvar en el esclarecimiento del caso.