Seguro social a trabajadores y trabajadoras domésticas

La misma institución establece que algunas de las barreras que pasan la extensión de la seguridad social son: la exclusión legal, la cobertura voluntaria en lugar de obligatoria, la definición estrecha de “Trabajo doméstico” en la legislación, la baja capacidad contributiva del empleador y trabajador, la falta de incentivos fiscales, la falta de mecanismos para trabajadores de jornada parcial, falta de mecanismos para multipatrono, la complejidad administrativa, la falta de consciencia sobre derechos y deberes, la baja capacidad de negociación del trabajador, etc.

México

Para el caso de México, hay un total de 2 millones 480 mil 466 personas que laboran en el trabajo doméstico remunerado, mismo que incluye desde la preparación y servicio de alimentos, la limpieza de la vivienda, la limpieza y cuidado de ropa y calzado, compras, instalación, hasta en algunos casos, mantenimiento y reparaciones menores de la vivienda, pagos y trámites, así como, gestión y administración. Las mujeres son las que se encargan de forma preponderante de estas labores, de acuerdo con datos del INEGI, 95% de ellas son mujeres.

De acuerdo con datos del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, las trabajadoras del hogar laboran hasta 12 horas al día en México, hasta ahora lo han hecho sin prestaciones de ley, que incluyen contrato, seguridad social, garantías de pensión, posibilidad de ahorro, etc. dejándolas en un sector laboral invisible y estigmatizado. En 2016, se creó el primer sindicato de trabajadoras y trabajadores del hogar, mismo que elaboró un contrato colectivo que contemplaba los derechos y obligaciones solicitados.

Las y los trabajadores del hogar se encuentran en situación de vulnerabilidad por la falta de protección del Estado, de acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo. Este asunto estuvo pendiente desde el 2014, cuando se pidió la ratificación del convenio 189 de la Conferencia Internacional del Trabajo. La decisión de la inserción al seguro social de las trabajadoras y trabajadores domésticos fue un gran tema de debate hace dos meses que la Suprema Corte de Justicia de la Nación negó el proyecto del ministro Alberto Pérez Dayán, donde se discutió el caso de una trabajadora del hogar de la tercera edad que fue despedida luego de laborar 50 años, misma que solicitó desde 1959 la inscripción retroactiva al sistema de seguridad social.

El proyecto plantea que se debe proteger de los riesgos expuestos en la labor a los trabajadores, no obstante establece que a pesar de que los empleados domésticos no se encuentren contemplados dentro del régimen obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social, esto no vulneraba el derecho humano a la seguridad social, siempre y cuando la exclusión no se hiciera con criterios discriminatorios; y no existiera otro régimen de seguridad estatal en el que se pudieran integrar los trabajadores. Diversos grupos de la sociedad que trabajan para impulsar la agenda de la igualdad en México mostraron su inconformidad ante esto, ya que argumentaban, evidenciaba la discriminación estructural de la que son objeto el grupo poblacional de escasos recursos.

Sin embargo, el día miércoles del mes presente, se aprobó en la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dicho proyecto en el que se declara inconstitucional que los empleadores no estén obligados a inscribir a las empleadas domésticas ante el IMSS, por lo que se ordenó que para el primer semestre del 2019 se implementara un programa piloto que diseñe un régimen especial de seguridad social, mismo que deberá ser de carácter obligatorio y precederá a una serie de adecuaciones legales para su incorporación formal. Aceptando así que el régimen voluntario de seguridad social no cumple con estándares constitucionales, pues “excluye del acceso a prestaciones sociales fundamentales que les permitan protegerse contra imprevistos que afectan sus medios de subsistencia e ingresos, así como poder generar un proyecto de vida en condiciones igualitarias.”