Participación política de la mujer en México

El 2018 marca una participación histórica de la mujer en la vida política de México, en primera instancia por las leyes sobre la paridad de género que establecen el marco bajo el cual esto es posible. Su participación hace visible otro obstáculo que enfrentan las mujeres que les impide alcanzar la igualdad de circunstancias, como lo es la violencia política.

Imagen: INE
Daniela Nevárez Jiménez
14 de diciembre de 2018

Mundialmente las mujeres siguen estando marginadas en gran medida de la esfera política como resultado de estereotipos de género discriminatorios, bajos niveles de educación, falta de acceso a servicios y debido a la pobreza que las afecta de forma desproporcionada, de acuerdo con ONU Mujeres. La participación de ellas en los temas políticos se ve frenada por dos tipos de obstáculos: el primero, barreras estructurales creadas por leyes e instituciones discriminatorias que limitan las opciones que tienen las mujeres para votar o ser candidatas a algún tipo de elección; el segundo, las brechas relativas al acceso a la educación, contactos y recursos necesarios para convertirse en líderes.

En México, se llevaron a cabo acciones para promover la igualdad entre hombres y mujeres, entre ellas la búsqueda de la paridad en la participación política de las mujeres, con el fin de propiciar un cambio cultural respetuoso de los derechos de las mujeres. Para ello se inició en 2013, bajo el Marco del 60 Aniversario del Voto de las Mujeres en México, la iniciativa para garantizar la paridad política que incorporaba la obligación de postular 50% de candidaturas de un mismo sexo y eliminaba la aplicación de la cuota de género, consecuentemente gracias a la Reforma Político Electoral de 2014 en la que se incorporó el principio de paridad en el Artículo 41 Constitucional, se logró tener en el sexenio de Enrique Peña Nieto, una participación histórica en el congreso de acuerdo con el Programa de Resultados Electorales Preliminares del proceso electoral 2017-2018, donde se menciona que la Cámara de diputados se integró por 246 mujeres y 254 hombres, que representa el 49.2% y 50.8%, respectivamente; el Senado de la República estará conformado con 65 mujeres y 63 hombres, que representa el 50.8% y 49.2%; por último, en cuanto a los gobiernos municipales se dio un incremento en la participación de las mujeres de 2012 a 2017, con un porcentaje del 6.8% y 16% en igual orden.

Además, en México, gracias al Observatorio de Participación Política de mujeres en México de INMujeres, es posible contar con información a nivel nacional acerca de la Paridad en las diferentes entidades federativas, categorizadas como: Paridad en Diputaciones, Paridad Vertical en Ayuntamientos y Paridad Horizontal en Ayuntamientos; además, estas se dividen en la paridad vista tanto en la Constitución, como en el Código Electoral. De esto destaca que la paridad vertical en ayuntamientos, no se encuentra presente en la Constitución de Chihuahua, Nuevo León, Puebla y Veracruz. Este último estado tampoco tiene establecido en la constitución la paridad en diputaciones, ni la paridad horizontal en ayuntamientos, convirtiéndolo en uno de los 3 Estados con mayor rezago en el tema, junto con Puebla y Nayarit.

Es importante recalcar que uno de los problemas mencionados por grupos activistas y estudiados por INMUJERES, y el Instituto Nacional Electoral es el de la violencia política de género, que son todas aquellas acciones y omisiones electorales, que tengan por objeto menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos políticos o de las prerrogativas inherentes a un cargo público, pues son hechos que dejan de lado el reconocimiento de la lucha de las mujeres y el ejercicio pleno de sus derechos. Este hecho no se ha tipificado en la Ley General en Materia de Delitos Electorales no tipifica la violencia política de género, lo cuál obstaculiza su visualización y sanción, por lo que se elaboró el Protocolo para la atención de la violencia política contra las mujeres en razón de género.

De acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos el protocolo representa una herramienta para partidos políticos, organizaciones sociales, grupos de mujeres y para las personas defensoras -institucionales y no institucionales- de los derechos humanos, que fomenta la participación ciudadana, la cultura de la denuncia y mejores condiciones de justicia para las mujeres.