México contra el cambio climático

El pasado 12 de diciembre, el presidente Enrique Peña Nieto viajó a Paris para reafirmar el acuerdo en contra del cambio climático, donde aseguró que: “la posición de México es firme: poner en marcha el Acuerdo de París para garantizar a las futuras generaciones un futuro más limpio, sano y equilibrado respecto al medio ambiente” (Notimex, 2017), pues es una “batalla urgente” que se debe de ganar colectivamente.

La forma en como México contribuirá al acuerdo es por medio de la creación de un mercado de carbono en la Bolsa de Valores, en el que participarán 500 empresas industriales con una posible ampliación a un mercado regional con California, Quebec y países latinoamericanos, donde el precio será atribuido a una cifra cercana a cuatrocientos millones de toneladas de CO₂.

Para el 2018, se activará el funcionamiento completo del mercado de carbono, el cual es un esquema por un sistema de compras de permisos de emisión, a los cuales les corresponde una tonelada de CO₂ que no es emitido en la atmósfera. Este mecanismo podría funcionar como una fuente de financiamiento adicional para brindar el apoyo a aquellas empresas que pueden reducir sus emisiones (Hernández, 2016). Con ello, se busca que participen empresas que actualmente emitan la mayor cantidad de gases que provocan el efecto invernadero (la mayoría son aquellas que se dedican a la refinación de hidrocarburos, producción de papel, cemento, etcétera).

Aunque en la prueba piloto no se invirtió dinero real, para el mercado en el cual se buscará ampliarse para el año siguiente, será entre los 12 y 13 dólares (Hernández, 2016).

Además, se han puesto en marcha reformas energéticas y fiscales para favorecer la inversión en energías alternativas que fungirán como base para la eliminación de las subvenciones a los combustibles fósiles, agregó el presidente de la república (Notimex, 2017).

En dichas reformas se estableció la creación de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del sector de los hidrocarburos, con los objetivos de proteger al medio ambiente y las instalaciones del sector (Muciño, 2014). Aunado a ello, la agencia tendría a su cargo la regulación y supervisión de la seguridad industrial, actividades de desmantelamiento y abandono de instalaciones, además del control integral de residuos y emisiones contaminantes.

Hasta ahora solo se han implementado impuestos a la emisión de carbono (creados en el 2013), donde se han logrado recaudar hasta 1.3 millones de dólares (Expansión, 2017). Además, se han creado subastas de energía eléctrica y certificados de energías limpias para incentivar su generación y creación.