¿Quién somos?

Somos un colectivo de familias preocupadas por la vuelta al cole en la actual situación sanitaria en la que se encuentra el país, y ante el inminente aumento de los contagios que se están produciendo durante éste mes de agosto.

Somos madres y padres que hemos leído con detalle el RD-Ley 21/2020 (de mínimos) de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID19, en su art 9 , y los protocolos de las CCAA que han surgido a partir de las medidas dadas en el RD-Ley citado consideramos.

Una vez estudiada esta información con detalle y dado que tenemos la patria potestad (art.154 del código civil) de nuestros hijos e hijas con los deberes y derechos que eso conlleva entre los cuáles se encuentran los deberes de cuidarlos y protegerlos, llegamos a la conclusión de que éstos no van a estar seguros en las aulas en las condiciones y con las medidas que hasta el momento han propuesto las ccaa. Por tanto, pedimos a las administraciones una flexibilidad educativa que con carácter voluntario permita la no asistencia a las aulas para aquellos alumnos cuyos padres estén en posición y/o decidan gestionar la educación desde el hogar, y que para ello se implante nuevamente la enseñanza no presencial, vía telemática ya que llevar a los niños a los colegios con las actuales medidas programadas dejaría a los mismos en una situación de indefensión, abandono y desamparo que haría a los padres incumplir el artículo del código civil citado en éste párrafo.

Sobre la insistencia de algunos colectivos en que la salud psíquica de los niños se verá perjudicada por no asistir un año a clase, hay evidencias de que así no es pero además si combinamos la pirámide de Maslow con la definición de salud de la OMS (bienestar físico social y mental y no sólo la ausencia de enfermedad), entendemos que dado que entre las necesidades primarias o básicas está el mantenimiento de la salud, seguido por la seguridad, y en el tercer escalón las necesidades sociales, creemos necesario protegerles de los posibles efectos que el virus podría provocar en su salud física porque sin ella no habría posibilidad de seguir subiendo escalones y desarrollarse.

No hay que convivir con el virus, hay que matarle.

Dentro del colectivo hay todo tipo de personas.

Hay familias que quieren que sus hijos e hijas asistan a clase de forma presencial, pero reclaman su derecho a que las aulas sean un lugar seguro, en el que se cumplan las medidas sanitarias necesarias para velar por la salud de toda la comunidad educativa. Para estas familias que no pueden gestionar la educación desde el hogar, por las circunstancias personales, de cada uno, entre las que se encontrarían también las familias con hijos NNE se deberá garantizar una enseñanza presencial de forma que las condiciones de las aulas sean seguras y no haya posibilidad de contagio para ellos. Estas familias, además son las que tienen más posibilidad de delegar la recogida de los niños en familiares como los abuelos por no tener otra forma de hacerlo, por lo que las condiciones dentro de las aulas deben ser totalmente seguras para esos niños.

Otras familias prefieren que sus niños y niñas, muchos de ellos con patologías previas que los hacen muy vulnerables en caso de contagio (o con familiares de riesgo susceptibles de contagio) no asistan al colegio mientras que no se resuelva la crisis sanitaria actual, y reclaman el derecho a recibir una educación de calidad desde casa.

Hay también en el colectivo docentes que piensan que la flexibilidad educativa es una buena opción en estas circunstancias tan excepcionales que estamos viviendo, y que también permitiría que las personas de riesgo puedan trabajar seguras telemáticamente.

Lo que compartimos es la convicción de que la flexibilidad de asistencia benefícia a todos, protegiendo a las personas más vulnerables y a sus familias, y reduciendo la ratio en las aulas, y por lo tanto los contagios.

Ante todo, somos personas que queremos lo mejor para todos y cada uno de los niños y niñas en edad escolar, y que el comienzo del curso garantice su seguridad y la de todos los trabajadores y trabajadoras de los centros escolares que en éstos momentos se encuentran sin una formación e información clara sobre prevención de riesgos laborales y sin una evaluación específica de cómo les afecta el covid en cada uno de sus centros y en cada uno de los puestos de trabajo, ya que en algunos cursos como educación infantil estaría expuestos a un riesgo biológico cuya legislación y manejo requiere que esos trabajadores tuviesen una cualificación

Queremos además proteger el derecho a una educación de calidad, que atienda a la diversidad de cada niño y sus circunstancias personales. Para lograrlo es preciso un sistema educativo abierto, flexible y equitativo, muy especialmente en el momento que vivimos. Y pensamos que para que esto sea así, las administraciones educativas tienen que aportar los recursos necesarios para un entorno de enseñanza y aprendizaje eficiente, tanto presencial como a distancia.

Consideramos esto imprescindible, no sólo para quienes pedimos el derecho a elegir, sino también para quien se pueda ver afectado en el futuro por los posibles rebrotes, o para no frenar la formación del alumnado que tenga que permanecer puntualmente en casa por presentar síntomas compatibles con la COVID-19.

Sabemos que en las aulas se dan las condiciones que las autoridades sanitarias consideran que maximizan el riesgo de contagio: son espacios cerrados y reducidos, acogen a numerosas personas, las cuales permanecen allí durante un tiempo prolongado.

Por este motivo, apoyamos todas las reivindicaciones de AMPAs, sindicatos y otros colectivos de la comunidad educativa reclamando un nuevo protocolo que garantice el derecho a la salud y a la educación. Pero pensamos que esa reclamación tiene que reconocer el derecho de las familias a proteger a sus hijos como mejor consideren así como el derecho de los docentes a poder llevar a cabo su trabajo en condiciones seguras.

Nuestra lucha está dentro de la defensa de una educación de calidad, que garantice la equidad y la flexibilidad precisa para atender las necesidades de todas las niñas y niños, independientemente de su estrato social, circunstancias personales y familiares o formas de aprendizaje, en un entorno seguro en el que puedan dar lo mejor de sí. Por desgracia, el concepto de “entorno seguro” ha cambiado y las autoridades educativas tienen que adaptarse a la nueva realidad cuanto antes.

Con ésta medida se reducirían los ratios en las escuelas, algo que no se contempla en los protocolos de las distintas ccaa y que es una de las medidas por las que habría que empezar para poder hacer de la escuela un lugar seguro para los niños.

Esta no sería la única medida, sino serían necesarias muchas más medidas que ni se definen ni se contemplan en los protocolos generales que las ccaa han publicado. ¿Por qué luchamos?

Por todo lo expuesto, reclamamos un nuevo protocolo para el inicio del curso, que garanticen:

● El derecho a escoger la modalidad de enseñanza, presencial o a distancia, que mejor se adapte a las necesidades educativas y de salud de cada niño o niña y de sus familias en la situación de riesgo sanitario actual.

● El derecho a la salud (tanto física como psíquica) de los alumnos y alumnas, docentes y resto de personal que trabaja en los centros educativos, tomando las medidas requeridas por las autoridades sanitarias.

● La provisión de recursos y formación necesarios para docentes y alumnado que posibiliten una educación de calidad, bien sea de forma presencial u online.