El Puerto Sin agua: Soberanía Alimentaria y Agua en Chiquinquirá

Introducción 

Chiquinquirá, es un municipio ubicado en la provincia de Occidente de Boyacá, ostenta una posición geográfica estratégica que la ha convertido en un importante centro regional de acopio de productos agropecuarios y cabecera de provincia (Alcaldía de Chiquinquirá, s. f.). Esta ventaja ha sido fundamental para su desarrollo histórico y económico desde sus inicios como villa republicana, ya que Chiquinquirá surgió como un punto central entre los caminos que unían la zona del Occidente del departamento con el centro de este y con el centro del país. La ciudad de Chiquinquirá ha recibido diversos nombres a lo largo de su historia por diferentes razones; por ejemplo, su ubicación como conjunción de caminos le dio el símil como "puerto". La Real Academia Española define un puerto como un "sitio en la costa o la orilla de un río donde los barcos pueden atracar para cargar y descargar mercancía y pasajeros" (Asale & Rae, s. f.). En este sentido, Chiquinquirá se ha convertido en un "puerto sin agua", no solo en el sentido metafórico de carecer de costa o de ríos prominentes por donde navegan barcos, sino también por la prolongada y derivada escasez hídrica (no solo en cantidad, sino también en calidad) que afecta a sus ciudadanos desde la degradación de la laguna de Fúquene y del río que la abastece, el río Suárez. En este ensayo, se analizará la relación entre la soberanía alimentaria y el acceso al agua potable en el caso de Chiquinquirá. Se argumenta que la soberanía alimentaria es imposible de alcanzar sin acceso permanente y continuo al agua potable. Para ello, se analizarán las causas de la escasez de agua en Chiquinquirá, su impacto en la vida de los habitantes del territorio, las actividades alimentarias, el tejido social y la gobernanza, y la incidencia de la gestión gubernamental en la cuenca. 

El agua como elemento fundamental para la soberanía alimentaria.

El agua potable, según la "Observación general N.º 15: El derecho al agua" de la Organización de las Naciones Unidas (ONU, 2003), se define como suficiente, segura, aceptable, accesible y asequible (párrafo 1). Esta definición no solo se limita a una concepción del agua aislada, sino que le da prioridad a su uso con fines personales y domésticos, y también considera los recursos hídricos necesarios para evitar el hambre y satisfacer las necesidades básicas (párrafo 2). En este sentido, el agua para el riego de cultivos y el sostenimiento de los sistemas alimentarios es parte fundamental del derecho humano al agua (FAO, 2012), y por ende, es crucial para lograr una soberanía alimentaria duradera y revalorizada. Cuando se habla de "soberanía alimentaria duradera y revalorizada," se hace referencia a la idea de que esta soberanía debe ser sostenible a largo plazo y debe adaptarse continuamente a las realidades cambiantes del entorno social, económico y ecológico. Esto implica una revalorización constante de las prácticas agrícolas tradicionales y los conocimientos locales, así como la integración de nuevas tecnologías y enfoques que respeten y fortalezcan esos sistemas. La durabilidad se refiere a la capacidad de las comunidades para mantener su soberanía alimentaria frente a desafíos como el cambio climático, la presión del mercado y la pérdida de biodiversidad (Altieri, 2009). El derecho al agua potable está consagrado en el derecho a la alimentación, que a su vez es un derecho fundamental de las poblaciones y las naciones, reconocido por la ONU como un bien común (ONU, 2010).

El agua es un elemento fundamental para la producción de alimentos, ya que interviene en procesos como el riego de cultivos, la cría de ganado y la pesca, siendo un componente esencial de los sistemas alimentarios (FAO, 2020). La intensificación de la escasez de agua en la agricultura tiene un impacto directo en la producción de alimentos, lo que a su vez amenaza la seguridad alimentaria a nivel global, con especial énfasis en las poblaciones más vulnerables dentro de cada país (Huang et al., 2017; Pastor et al., 2019; Tong et al., 2016; Yin et al., 2017, como se citó en Acuña, 2022).

De acuerdo con la organización “Vía Campesina” y en el marco de la declaración Política Foro de los ONGs – Cumbre FAO, la soberanía alimentaria se define como

… el DERECHO de los países y los pueblos a definir sus propias políticas agrarias, de empleo, pesqueras, alimentarias y de tierra de forma que sean ecológica, social, económica y culturalmente apropiadas para ellos y sus circunstancias únicas. Esto incluye el verdadero derecho a la alimentación y a producir los alimentos, lo que significa que todos los pueblos tienen el derecho a una alimentación sana, nutritiva y culturalmente apropiada, y a la capacidad para mantenerse a sí mismos y a sus sociedades. (Vía Campesina, 2002)

A su vez esta misma organización comprende el ejercicio de la gobernanza y el derecho del agua como un acto consagrado dentro del concepto de la soberanía alimentaria:

El derecho al agua debe ser respetado dentro del marco de la soberanía alimentaria. El derecho al agua es el respeto permanente del ciclo del agua, tomado integralmente. Afirmamos que la privatización y la mercantilización del agua y de todo otro bien común (semillas, tierra, conocimientos locales y tradicionales, etc.) son un crimen contra la tierra y la humanidad (Vía Campesina, 2012, párr. 2).

El agua potable y la soberanía alimentaria están intensamente relacionadas. Según la FAO (2011), el 70% del agua dulce extraída a nivel mundial se destina a la agricultura, y su escasez representa una amenaza significativa para la producción de alimentos. Además, el cambio climático afecta la disponibilidad y calidad del agua, impactando negativamente la producción alimentaria (IPCC, 2014). La gestión sostenible de los recursos hídricos es crucial, ya que la privatización del agua puede limitar el acceso de las comunidades locales, comprometiendo su capacidad para producir alimentos de manera sostenible (Bakker, 2007). Asimismo, el uso de agua contaminada en la agricultura pone en riesgo la seguridad alimentaria y la salud pública (World Health Organization, 2008). El acceso al agua segura y asequible no solo es un derecho humano fundamental, sino que también es un componente vital para la producción de alimentos y la construcción de sistemas alimentarios sostenibles; por tanto, es necesaria para el ejercicio de la soberanía alimentaria en cualquier territorio.

El agua, al ser un elemento necesario para la vida, debe gestionarse como un bien común, lo que significa que su acceso debe ser equitativo y garantizado para todos, sin que se convierta en un recurso controlado por intereses privados que limiten su uso para las comunidades más vulnerables (Shiva, 2002). La importancia del agua para el derecho humano al agua radica en que no solo garantiza la supervivencia física, sino que también es un elemento vital para la producción agrícola y, por lo tanto, para la seguridad y soberanía alimentaria de los pueblos.

 El Ecocidio de la Laguna de Fúquene, el Río Suárez y la Calidad del Agua en Chiquinquirá.

La laguna de Fúquene, ubicada en la cuenca del río Suárez, ha experimentado un severo deterioro ambiental que ha sido calificado como ecocidio. La problemática de esta laguna tiene inicio en la época de la colonia. A partir de 1830, el estado colombiano emprendió una destrucción sistemática de la laguna de Fúquene, considerada un impedimento para el desarrollo del modelo económico nacional centrado en la explotación agropecuaria (Cano M, 2023, p. 8).

Este modelo se basa en la lógica maltusiana. Thomas Malthus, en su obra "An Essay on the Principle of Population" (1798), argumentó que la población tiende a crecer de forma geométrica, mientras que los recursos, especialmente los alimentos, aumentan de manera aritmética. Esto significa que, si la población crece sin control, eventualmente superará la capacidad de la tierra para producir alimentos, lo que llevaría a la escasez, hambre y otros problemas sociales.

En el marco histórico de la laguna y su desecación, privilegiar la tierra sobre el agua se alinea con la lógica maltusiana, ya que Malthus veía la expansión agrícola como una necesidad para sostener el crecimiento poblacional. Esta lógica buscaba dar abasto con el posible crecimiento de la población y el potencial desencadenante de la escasez de recursos. La concepción de desarrollo moderna ha arrastrado no solo a las comunidades aledañas a la laguna, sino también al ecosistema en su conjunto a una profunda crisis ambiental y social.

De esta laguna nace el río Suárez, el cual presenta un alto grado de contaminación, situándose en un nivel crítico (Pastran, 2017). El municipio de Chiquinquirá capta agua de este río, la cual es sometida a un proceso de potabilización por parte de la empresa Empochiquinquirá E.S.P. Antes de ser distribuida para el consumo humano, el agua es potabilizada mediante un proceso que implica aireación, mezcla rápida, mezcla lenta, sedimentación, filtración, desinfección, almacenamiento (Superservicios, 2022).

El artículo 12 del Decreto 1575 de 2007 define los instrumentos básicos para garantizar la calidad del agua para consumo humano. Entre ellos, el Índice de Riesgo de la Calidad del Agua para Consumo Humano (IRCA) es el principal, y se define de la siguiente manera:

“IRCA: Es el indicador que permite determinar la probabilidad de que el consumo de agua cause enfermedades, debido al incumplimiento de las características físicas, químicas y microbiológicas establecidas en la normatividad vigente” (Presidencia de la República de Colombia, Ministerio de la Protección Social, Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2017).

El SIVICAP (Sistema para la Vigilancia de la Calidad del Agua Potable) es la plataforma del Instituto Nacional de Salud (INS) que permite acceder a los datos sobre la calidad del agua potable. Su creación fue legislada por la Resolución 622 de 2020 (Ministerio de Salud y protección social, 2020), la cual adopta el protocolo de inspección, vigilancia y control de la calidad del agua para consumo humano suministrada por personas prestadoras del servicio público domiciliario de acueducto en zona rural.

Un IRCA con un puntaje superior a 5 implica que existe un riesgo para las personas y el agua es declarada no apta para consumo humano (Ministerio de Salud de la República de Colombia, 2020).

El agua con una valoración de IRCA inviable sanitariamente no debe ser utilizada para ningún fin, ni siquiera para el lavado de manos o la limpieza de alimentos. Esta situación no es actual, sino que lleva muchos años prolongándose. Sin embargo, esta problemática no solo recae en aspectos antrópicos como el cambio climático, sino también en deficiencias técnicas, administrativas, omisiones y supuestas de corrupción para el caso de Chiquinquirá (Redacción EL TIEMPO, 2016).

 Desigualdades, Agua y Soberanía Alimentaria en Chiquinquirá.

 En el contexto de la grave crisis del agua en Chiquinquirá y sus veredas, ha surgido una industria en torno al agua potable que ha experimentado un crecimiento exponencial en la última década. Esta industria ha convertido el acceso al agua potable en un privilegio para quienes pueden pagarla, consolidando una visión mercantilista del recurso y normalizando su privatización. El agua se ha convertido en un valor económico monopolizado por empresas con poder económico y emprendimientos que la ven como una oportunidad de negocio. De ahí que en Chiquinquirá:

Se estima que se comercializan diariamente al menos 10.000 litros de agua embotellada, lo que representa un flujo de ingresos superior a 20 millones de pesos que salen de los bolsillos de la población. La ciudad cuenta con más de 12 empresas dedicadas a este negocio, cada una de las cuales vende un promedio de

1.000 bolsas de agua de 5 o 6 litros por día; a esto se suma la venta de botellones de agua (Cano M, 2023, p. 15).

En el 2023, el Banco Mundial informó que aproximadamente 2 mil millones de personas en el mundo carecen de acceso a servicios de agua potable gestionados de manera segura, lo que afecta de manera desproporcionada a las poblaciones más vulnerables, especialmente en áreas rurales y regiones de bajos ingresos como el África subsahariana y el sur de Asia (Banco Mundial, 2023). A nivel global, estas disparidades son más pronunciadas en regiones donde la falta de infraestructura y las condiciones climáticas adversas agravan la crisis del agua. Los sectores con menos recursos económicos son los más vulnerables a esta situación, ya que se ven forzados a consumir agua de baja calidad, poniendo en riesgo su salud. En algunos casos, la necesidad los lleva a recurrir a fuentes no aptas para el consumo humano, con graves consecuencias para su bienestar.

Las prioridades del campesinado colombiano en el uso del agua también reflejan esta disparidad. Ordóñez (2020) indica que estas prioridades son, en primer lugar, la hidratación del ganado y, en segundo lugar, el riego de los cultivos, relegando el uso del agua para consumo propio.

El derecho al agua, tal como lo define la Observación General N.º 15 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, incluye el acceso a agua potable que sea suficiente, segura, aceptable, accesible y asequible para todos (ONU, 2003). El agua potable segura es aquella que está libre de contaminantes que puedan poner en peligro la salud, cumpliendo con estándares de calidad física, química y microbiológica, mientras que la asequibilidad se refiere a que su costo no debe comprometer la capacidad de las personas para adquirir otros bienes y servicios esenciales, como alimentos y vivienda. Estas características garantizan que el agua no solo sea accesible físicamente, sino también económicamente, asegurando que las poblaciones más vulnerables no queden excluidas de este recurso vital (FAO, 2020; ONU, 2010). En este sentido, el agua potable segura y asequible es un componente crucial para el ejercicio del derecho humano al agua, y su falta afecta directamente la capacidad de las comunidades rurales para garantizar su seguridad alimentaria y su desarrollo sostenible (Galarza & Jaimes, 2018).

En el año 2016, una serie de factores, incluyendo la sequía, el bajo nivel del río Suárez y fallas técnicas en la planta de bombeo, afectaron el abastecimiento de agua en el municipio de Chiquinquirá (Redacción EL TIEMPO, 2016). Los habitantes con recursos económicos recurrieron a la compra de agua embotellada para cubrir sus necesidades básicas, incluyendo el baño. En cambio, las comunidades rurales, sin acceso económico y en muchos casos físico a la compra de agua, se vieron obligadas a recolectar aguas lluvia y a utilizar las lagunetas, reservorios destinados a la hidratación del ganado vacuno. Cabe destacar que esta agua no es apta para el consumo humano y, por lo tanto, no es potable, lo que representa un grave riesgo para la salud de estas comunidades. Esta problemática también incidió en la especulación con el agua por diferentes oferentes: por un lado, los institucionales y comerciantes, y por otro, la aparición de un 'mercado negro' del agua que las autoridades prefieren no enfrentar, ya que irónicamente está ayudando a paliar la crisis (Redacción EL TIEMPO, 2016). Esta situación es un claro ejemplo de la violación del derecho humano al agua potable, consagrado en el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

El acceso irregular o limitado al agua potable impide a los pequeños agricultores irrigar adecuadamente sus cultivos, lo que reduce la producción de alimentos esenciales y, por ende, limita la capacidad de estas comunidades para garantizar su propia soberanía alimentaria (FAO, 2020). Esta situación crea un círculo vicioso donde las comunidades más vulnerables, al no tener acceso a los recursos hídricos necesarios, deben depender de mercados externos para obtener alimentos, lo que aumenta los costos y disminuye la calidad de la dieta.

Además, la falta de acceso continuo al agua potable crea desigualdades económicas, ya que las familias con recursos limitados suelen pagar precios más altos por agua de menor calidad, agravando su situación de pobreza (Banco Mundial, 2016). Esto es particularmente visible en zonas rurales como Chiquinquirá, donde el agua se ha convertido en un bien mercantilizado y quienes no pueden pagar el alto costo del agua embotellada o de los servicios de distribución se ven obligados a utilizar fuentes de agua no seguras, lo que pone en riesgo su salud y bienestar (Azada Verde, s.f.). La incapacidad de acceder al agua de manera equitativa refuerza las barreras estructurales que perpetúan la pobreza y la exclusión social, lo que a su vez incrementa la desigualdad en el acceso a alimentos y oportunidades económicas, debilitando aún más la soberanía alimentaria de las comunidades más desfavorecidas (Corte Constitucional de Colombia, 2017).

La Sentencia T-302 de 2017 subraya la interdependencia entre el acceso al agua potable y la realización de derechos fundamentales como la salud y la alimentación. En el caso del pueblo Wayuu, la escasez de agua potable ha llevado a elevados índices de desnutrición y enfermedades prevenibles en los niños y niñas, afectando gravemente su bienestar y desarrollo (Corte Constitucional de Colombia, 2017).

Esta sentencia tiene una relación directa con la situación en Chiquinquirá, donde la escasez de agua potable también socava la soberanía alimentaria. Al igual que en el caso del pueblo Wayuu, en Chiquinquirá, la falta de acceso constante al agua afecta negativamente la capacidad de las comunidades para producir alimentos de manera sostenible, lo que incrementa la inseguridad alimentaria y perpetúa las desigualdades socioeconómicas. La sentencia subraya la necesidad de garantizar el acceso al agua como un elemento esencial no solo para la supervivencia, sino también para asegurar que las comunidades puedan ejercer su derecho a una alimentación adecuada y saludable. La falta de agua en Chiquinquirá compromete la soberanía alimentaria, entendida como el derecho de las comunidades a definir sus propias políticas alimentarias y producir alimentos suficientes y nutritivos, lo que es imposible sin un suministro de agua adecuado y seguro.

La insuficiencia de agua afecta directamente la producción agrícola, pecuaria y pesquera. En el ámbito agrícola, la limitación en el riego reduce tanto la productividad como la calidad de las cosechas, especialmente de cultivos esenciales como el maíz y las hortalizas (Azada Verde, s.f.). En cuanto a la actividad pecuaria, el estrés hídrico reduce la producción de leche y carne (Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, s.f.). Dado que la ganadería es la actividad económica principal en la zona rural del municipio, esta disminución representa un grave riesgo para los campesinos y para la industria láctea que depende de estos productos. Aunque la pesca no es una actividad predominante en Chiquinquirá, actualmente existen reportes de veredas como La Balsa, donde la actividad principal era la pesca. Sin embargo, esta actividad y las fuentes de agua dulce, como ríos y lagunas, fueron afectadas por la disminución de los niveles de agua y el aumento de la contaminación, lo que condujo a la pérdida de esta práctica.

En resumen, estamos ante una problemática sistemática que ha ido creciendo a lo largo de los años y que se ha encajado en la normalidad de los habitantes de este territorio. la lucha por el agua en Chiquinquirá, lejos de ser una confrontación de iguales, refleja una disputa entre saberes y poderes desiguales, donde la mercantilización del agua responde a intereses económicos que oprimen las necesidades comunitarias. La complejidad de los actores y sus versiones acerca del agua evidencia que la problemática hídrica no es simplemente técnica, sino profundamente política, ambiental y social, y quienes buscan liderazgo en la región deben navegar entre estos saberes y poderes, en medio de una estructura que sigue colonizando y fragmentando tanto a las personas como al territorio mismo (Cano M, 2023). 

Tejido social y gobernanza.

En el contexto de la escasez y los conflictos persistentes por el agua en la región de Fúquene-Chiquinquirá, han surgido diversas iniciativas y movimientos sociales que abogan por el derecho al agua desde una perspectiva crítica frente a la gestión institucional de laguna. Estas colectividades desafían la visión predominante que considera la laguna como una propiedad privada, administrada por entidades como la CAR, la Alcaldía de Chiquinquirá y Empochiquinquirá.

Como menciona Cano M (2023), las instituciones han centrado sus esfuerzos en soluciones técnicas y de infraestructura, como maquinaria y estudios científicos, que a menudo generan tensiones con las comunidades locales. Este enfoque institucional ha invisibilizado la importancia de fortalecer los procesos comunitarios y sostenibles para el manejo del territorio, fragmentando y silenciando las voces de quienes se oponen a estas formas de poder (Cano M, 2023, p. 35). Las decisiones tomadas desde esta perspectiva técnica no solo ignoran las necesidades y conocimientos de las comunidades, sino que también perpetúan un ciclo de conflictos y disputas. La inequidad en la gestión del agua perpetúa la inseguridad alimentaria, afectando la salud y bienestar de las poblaciones que dependen de la agricultura para su subsistencia y de todos los habitantes de este territorio que buscamos encontrar acá el hogar que no puede ser sin agua y sin el ejercicio de la soberanía alimentaria y nutricional.

Además, las promesas de inversiones por parte de las instituciones tienden a ofrecer una falsa sensación de seguridad que se disipa cuando los recursos se agotan sin que se materialicen soluciones efectivas para los problemas persistentes en la Laguna de Fúquene. El documento CONPES 3451, que establece una estrategia para el manejo ambiental de la Cuenca Ubaté-Suárez, identificó la degradación de la Laguna de Fúquene como un problema crítico debido a la sedimentación, contaminación y pérdida de biodiversidad. Aunque se han destinado recursos para la recuperación y conservación de la laguna, la implementación de las acciones propuestas ha enfrentado limitaciones significativas, incluyendo la falta de seguimiento, la insuficiente coordinación interinstitucional, y la carencia de financiamiento sostenido para asegurar el mantenimiento a largo plazo de las intervenciones realizadas (DNP, 2006). Este patrón de acción no solo agrava la desconfianza hacia las autoridades, sino que también debilita el tejido social y la memoria ambiental del territorio, esenciales para una gestión sostenible del agua y el entorno. Las comunidades locales, en su lucha por el reconocimiento y la protección de sus derechos, continúan desarrollando estrategias y procesos de resistencia que buscan una gobernabilidad más inclusiva y equitativa (Cano M, 2023, p. 35).

Ante la escasez de agua, las comunidades de Chiquinquirá han desarrollado diversas estrategias de supervivencia para garantizar el acceso al agua y, por ende, ejercer su soberanía alimentaria. Algunos de estos ejemplos son, la colecta y almacenamiento de agua de lluvia, así como la construcción de reservorios y aljibes comunitarios, los cuales permiten acumular agua durante la temporada de lluvias para su uso en épocas de sequía. Sin embargo, el hecho de que estas acciones se lleven a cabo no exime de responsabilidad a las autoridades competentes.

El documento CONPES 3451 resalta la necesidad de intervenciones técnicas y de infraestructura para restaurar y conservar la Cuenca Ubaté-Suárez, de la que la Laguna de Fúquene forma parte. Dentro de este plan, se han propuesto inversiones importantes en proyectos de infraestructura, incluyendo la construcción de sistemas de drenaje, plantas de tratamiento de aguas residuales, y la implementación de tecnología avanzada para mejorar la calidad del agua en la laguna y sus alrededores (DNP, 2006). Sin embargo, a pesar de las cuantiosas inversiones y promesas, la ejecución de estas intervenciones ha sido insuficiente debido a la corrupción, la falta de seguimiento en la implementación de los proyectos y una coordinación deficiente entre las entidades responsables.

Por lo tanto, los habitantes de Chiquinquirá hemos sido testigos de múltiples iniciativas y recursos destinados a mejorar la situación de la cuenca, sin que estas inversiones hayan generado cambios significativos. A pesar de los recursos económicos canalizados hacia proyectos de infraestructura, los resultados han sido limitados, perpetuando un ciclo de crisis hídrica y afectando gravemente la soberanía alimentaria de la región.

 Vacíos de información y reflexión final.

Dentro de la realización del presente documento, se observa que, aunque existen estudios sobre el proceso de contaminación, gobernanza e historia de la laguna de Fúquene como efluente para Chiquinquirá, y sobre las problemáticas derivadas de su contaminación y mal manejo, los cuales han ocasionado la falta de agua potable para el municipio y la mala calidad del agua para las comunidades, no se encuentran datos claros sobre cómo se ha visto afectada la seguridad alimentaria en el municipio, aunque la morbilidad por enfermedad diarreica puede darnos un aproximado, se hace necesario abordar de manera profunda el impacto de la falta de agua en las comunidades y en su salud.

En la zona rural del municipio, ya no es viable cosechar y seguir produciendo alimentos frescos lo que ha derivado en que los terrenos en Chiquinquirá se han convertido en zonas de pastoreo para ejercer la ganadería, la cual también se ve afectada por la falta de este recurso hídrico.

Considero que el desarrollo no debe medirse por la presencia de industrias o desde una visión meramente económica y hegemónica. En el caso de Chiquinquirá, aunque históricamente ha sido un importante centro de acopio y comercio, su falta de progreso en áreas clave como el acceso al agua potable y la preservación del medio ambiente ha causado un estancamiento profundo. La escasez de agua, junto con la degradación de la Laguna de Fúquene, ha agudizado las problemáticas locales, afectando de manera crítica la soberanía alimentaria y el bienestar de las comunidades rurales.

La afirmación de que Chiquinquirá es un "puerto sin agua" refleja esta paradoja: aunque es una ciudad central en la región, carece del elemento más básico y vital. Esta escasez de agua no solo afecta la salud de sus habitantes, sino que también ha llevado a la migración de jóvenes y ha empeorado las condiciones de vida en las zonas rurales. Como bien señala el CONPES 3451, la cuenca Ubaté-Suárez, de la cual depende Chiquinquirá, ha enfrentado problemas serios de contaminación y reducción de sus fuentes hídricas, afectando tanto el abastecimiento de agua potable como la capacidad productiva de la región (DNP, 2006). A medida que las fuentes de agua disminuyen y la desertificación avanza, la agricultura y la ganadería —que son pilares de la economía local— están en riesgo de colapsar, lo que amenaza directamente la soberanía alimentaria.

El riesgo de que Chiquinquirá se convierta en un "desierto" no es solo una metáfora, sino una posible realidad que se aproxima debido a la falta de agua potable y la degradación ambiental. El cambio climático, la mala gestión de los recursos hídricos y la falta de políticas efectivas agravan esta situación. Sin agua suficiente para el riego, las comunidades rurales no pueden cultivar ni alimentar a su ganado, lo que los empuja aún más hacia la pobreza y la dependencia de alimentos externos, afectando su posibilidad de gozar de una soberanía alimentaria. Si no se toman medidas inmediatas y coordinadas para garantizar el acceso continuo al agua, el futuro de Chiquinquirá será aún más incierto, tanto en términos de seguridad y soberanía alimentaria como de sostenibilidad social y ambiental.

A modo de reflexión final y conclusión, se destaca la interdependencia crítica entre el agua y la soberanía alimentaria. La gestión ineficaz y la corrupción han perpetuado un ciclo de desigualdad y vulnerabilidad, afectando desproporcionadamente a las comunidades más pobres. La necesidad de tomar medidas urgentes y efectivas para garantizar el acceso equitativo al agua potable es imperativa no solo para la seguridad y soberanía alimentaria y nutricional, sino también para la justicia social y la dignidad humana. Según la Observación General N.º 15 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, el acceso al agua debe cumplir con criterios de suficiencia, seguridad, aceptabilidad, accesibilidad y asequibilidad, reconociendo que el agua es esencial para la realización de otros derechos humanos, como el derecho a la vida, la salud y la alimentación (ONU, 2003). Esto implica que las políticas y proyectos deben priorizar el derecho al agua como un bien común, gestionado de manera sostenible y equitativa, garantizando que todas las personas, independientemente de su ubicación o situación económica, puedan acceder a este recurso vital.

En el caso de Chiquinquirá, el acceso al agua no solo es fundamental para el consumo humano, sino también para la producción de alimentos, que sustenta la soberanía alimentaria. Sin agua, la agricultura, ganadería y otros medios de producción locales se ven seriamente limitados, lo que afecta tanto la seguridad alimentaria como la autonomía de las comunidades para determinar sus propias políticas alimentarias. La Observación General N.º 15 destaca que el agua no debe ser tratada como un producto de mercado sujeto a la lógica de la oferta y demanda, sino como un bien común, cuya gestión debe ser inclusiva y participativa, priorizando los derechos humanos por encima de los intereses económicos (ONU, 2003). Sin acceso equitativo al agua, no puede haber soberanía alimentaria; y sin soberanía alimentaria, no puede haber una verdadera autonomía y desarrollo sostenible para las comunidades, lo que refuerza la importancia de garantizar este derecho para asegurar tanto la seguridad alimentaria como la justicia social en territorios como Chiquinquirá, donde el agua o se obtiene embolsada, o se obtiene envasada y bendecida por la virgen de Chiquinquirá.