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Seguimiento de Expediente: Protección al Consumidor 

Información General del Caso

• N.° de Expediente: 000005-2026/CPC-INDECOPI-PUN

• Órgano Resolutivo: Comisión de la Oficina Regional del Indecopi de Puno

• Parte Denunciante: Eder Pacori Zapana

• Parte Denunciada (Proveedor): Sierra Capital & Desarrollo Sociedad Anónima Cerrada

• Materia de Controversia: Presuntas infracciones a la Ley N.° 29571 (Código de Protección y Defensa del Consumidor) referidas al incumplimiento de entrega de lote, deber de información y gestión.

Resumen del Proceso y Antecedentes 

El presente procedimiento administrativo se inició a mérito de la denuncia presentada el 9 de enero de 2026 por el administrado respecto a los hechos suscitados en torno a la compraventa del Lote N.° 19, Manzana A, de la Residencial Libertador Huaje (Puno).

Los puntos principales materia de controversia y revisión por parte de la autoridad administrativa comprenden:

1. Condiciones de entrega: Reclamo sobre la habilitación urbana mínima y servicios básicos ofrecidos en la publicidad y el contrato suscrito el 16 de agosto de 2024.

2. Deber de información: Cuestionamientos ante la falta de respuesta oportuna y transparencia sobre los avances de ejecución de obra solicitados reiteradamente a la empresa proveedora.

3. Gestión y trato comercial: Solicitudes de devolución de pagos realizados y compensaciones ante la demora o modificación en la planificación urbana del proyecto inmobiliario.

Estado Procesal 

• Etapa Actual: Procedimiento en trámite / Fase Sancionadora (con Informe Final de Instrucción emitido para la evaluación de la Comisión). 

Aviso Legal / Disclaimer (Descargo de Responsabilidad) 

El presente sitio web tiene un carácter estrictamente informativo, de transparencia y de seguimiento procesal interno del expediente administrativo N.° 000005-2026/CPC-INDECOPI-PUN. La información aquí expuesta se fundamenta en los documentos oficiales emitidos dentro del procedimiento ante el Indecopi, respetando el derecho a la libertad de información y los principios de presunción de inocencia, sin constituir afirmaciones sobre delitos penales, sino la constatación de presuntas infracciones administrativas en materia de consumo.