Comunicado: por la prórroga de la Ley de Emergencia en Discapacidad

A los legisladores por Córdoba apoyen la extensión de la Ley de Emergencia. 

Más de dos mil personas, organizaciones y familias ya han firmado el llamamiento público a los legisladores nacionales por Córdoba, para que estos apoyen el tratamiento y aprobación del proyecto de Ley que extiende la Ley de Emergencia en Discapacidad, hasta el 31 de diciembre de 2027. El comunicado impulsado por la Federación Converger, la Cámara de Prestadores Capredis, el Colectivo 3 de Diciembre y la Mesa de Trabajo en Discapacidad y Derechos Humanos exige además que todo otro proyecto de Ley en materia de discapacidad quede supeditado a posterior de la efectiva implementación de la Ley de Emergencia, como única garantía que otorgue credibilidad real, de que el gobierno nacional avance en mejoras y sostenibilidad del sistema de discapacidad más allá del marco de emergencia. 

Las organizaciones convocan a la conferencia de prensa este miércoles 23 de septiembre a las 11 hs. en Fundación Iram, Bajada Pucará 787 

COMUNICADO: Las Personas Con Discapacidad, organizaciones, instituciones, transportistas y personas abajo firmantes hacemos este llamado a los diputados/as y senadores/as Nacionales por Córdoba a acompañar el proyecto de extensión de la Ley de Emergencia en Discapacidad, hasta el 31 de diciembre de 2027.

“Votada no una sino cuatro veces por el congreso, la Ley de Emergencia en Discapacidad N. 27.793 cuenta con apoyo de toda la sociedad argentina, sin embargo el Gobierno Nacional se ha empeñado todo este tiempo en incumplirla. De hecho, desde que fuera finalmente promulgada, solo la actualización mensual de aranceles ha sido parcialmente implementada. Ni la reforma en el sistema de pensiones por discapacidad para la protección social, ni la compensación para los prestadores, ni la condonación de deudas para las instituciones asfixiadas económicamente y al borde de la quiebra, ni ninguno de los demás aspectos de la ley han sido implementados. Por esta falta de cumplimiento la emergencia continúa y es aún más grave que en el momento que el colectivo de la discapacidad impulsó el proyecto.” 

Aunque esta situación sería suficiente para exigir la prórroga de la declaración de la emergencia en discapacidad, en los últimos días, el gobierno ha vuelto a la carga con nuevos ataques a las personas con discapacidad y el sector. Primero incorporando artículos en el proyecto de presupuesto 2027 que derogan aspectos centrales de la Ley de Emergencia, en una arremetida de la que ni los propios legisladores del bloque oficialista estaban informados. Y en simultáneo, desde la bancada libertaria, sugiriendo un nuevo texto de ley que, prometen, sería “superador” de la ley de emergencia, que siguen sin cumplir. Supuesto nuevo proyecto de ley para la que ni siquiera han consultado a las organizaciones ni a las personas con discapacidad.

Las personas con discapacidad, las familias, los profesionales, trabajadores, las instituciones y la sociedad toda no necesitamos más promesas que solo encubren nuevos ajustes, y exigimos que ningún nuevo proyecto sea tratado antes que la Ley de emergencia sea prorrogada hasta diciembre de 2027 y plenamente implementada.

Convocan: Colectivo 3 de diciembre - Federación Converger - Capredis - Mesa de Trabajo en Discapacidad y DDHH.

Adhesión a la Marcha Federal por la educación pública, la universidad y la ciencia nacional. 

Desde el colectivo de la discapacidad sabemos qué significa contar con una ley nacida desde el pueblo, votada no una sino reiteradas veces por el Congreso Nacional, defendida en todas las plazas del país y sin embargo, incumplida por el Gobierno de Javier Milei. 

Atravesamos una situación crítica y sostenida de emergencia y lucha, contra la estigmatización y criminalización de las personas con discapacidad, contra el castigo a trabajadores y prestadores, contra el desfinanciamiento del sistema de atención, contra el vaciamiento de políticas que garantizan derechos fundamentales de las personas con discapacidad. 

Los ataques del Gobierno Nacional a nuestro pueblo, son a todo el pueblo, no a determinados sectores. Por eso, la lucha no puede ser sectorial, sino transversal y colectiva.  El ataque a la universidad pública forma parte de una misma trama: la del desfinanciamiento y el incumplimiento de leyes esenciales.

Por eso, este martes 12, las personas con discapacidad, las familias, las organizaciones, los y las trabajadores que acompañan a las personas con discapacidad, las instituciones que forman parte del sistema de atención, nos sumamos a la Marcha Federal por la educación pública, la universidad y la ciencia nacional.

En la Universidad Pública se forman las personas con discapacidad y las trabajadoras y trabajadores que apoyan a las personas con discapacidad. Es en la Universidad Pública que se crean y sostienen dispositivos que impactan directamente en nuestro campo. No hay inclusión posible sin educación pública, sin salud pública y sin políticas sostenidas que garanticen derechos. 

Por una Universidad Pública, Inclusiva, Accesible para todos. Marchamos contra el nuevo intento de reforma a la Ley Nacional de Salud Mental. Y por la Ley de Emergencia en Discapacidad.  

Cada día que pasa sin que nuestras leyes, nuestras conquistas históricas, sean implementadas por el Gobierno Nacional, se profundiza una verdadera afrenta a la democracia y a la dignidad de nuestro pueblo.

La Marcha en Córdoba: 15 h. Concentración. Monumento de la Reforma (Ciudad Universitaria).

UN NUEVO ESCANDALO.
cOMUNICADO DE LAS ORGANIZACIONES DE cÓRDOBA

Sigue el cinismo y la crueldad

Promulgar y suspender,
convocar y cancelar

EL GOBIERNO CONTINÚA CON EL DESGASTE Y EL MALTRATO A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 

PRIMERO FUE LEY, PERO MILEI LA VETÓ. EL CONGRESO INSISTIÓ, PERO EL PODER EJECUTIVO "SUSPENDIÓ SU IMPLEMENTACIÓN". MIENTRAS TANTO EL INTERVENTOR VILCHES CONVOCA AL DIRECTORIO DE PRESTACIONES, PERO LUEGO CANCELA LA REUNIÓN.

ESTÁN JUGANDO A DESGASTAR A TODO EL COLECTIVO. A LOS TRABAJADORES, A LOS PROFESIONALES, A LAS FAMILIAS. A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Las organizaciones que integramos LA COALICIÓN DE ORGANIZACIONES DE CÓRDOBA:  CA.PRE.DIS. – ATI – FEDERACION CONVERGER Y LA MESA DE TRABAJO EN DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS Convocamos, en el marco de acciones que se estan llevando a cabo en el pais a expresarnos ante:

- la falta de respuestas del Estado,

- el deterioro del sistema de apoyos y 

- el incumplimiento de la Ley de Emergencia en Discapacidad,

📅 Martes 21 y miércoles 22 de octubre:

➡️ Cese involuntario de actividades en todo el sector.

📍 Martes 21 de octubre – 12 h:

➡️ Concentración en Plaza San Martín, Córdoba Capital.

💜 Porque ya no hay más tiempo.

Exigimos respeto, diálogo y soluciones reales para garantizar los derechos de las personas

La estrategia autoritaria del poder ejecutivo que atenta contra los derechos de las personas con discapacidad y el sistema de apoyos.

El 22 de septiembre de 2025, el Poder Ejecutivo Nacional publicó en el Boletín Oficial, el Decreto 681/2025, mediante el cual se promulga la Ley de Emergencia en Discapacidad pero, de manera contradictoria e inaceptable, suspende su ejecución hasta que el Congreso de la Nación defina la fuente de financiamiento.

Inmediatamente, el Poder Ejecutivo emitió la Decisión Administrativa N°24/2025 que ordena un incremento presupuestario para la Agencia Nacional de Discapacidad, a partir del 1° de octubre.  Entre los considerando expresa: “...si bien, (...) la ley (de emergencia) se encuentra suspendida en su ejecución (...); el PODER EJECUTIVO NACIONAL readecuará los créditos presupuestarios necesarios de la Administración Pública Nacional para dar respuesta, a partir del 1° de octubre del corriente año, al reclamo de actualización formulado por los prestadores del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad.” El incremento fijado en esta norma, para la ANDIS es de $121.363.881.238.

Luego de esta publicación, al día de la fecha se desconoce el destino efectivo que tendrán de estos fondos. Es decir, no se conoce cómo se administrará, ni a quiénes beneficiará. Aunque la norma menciona “el reclamo de actualización formulado por los prestadores” en el marco de la última Asamblea Extraordinaria del Consejo Federal de Discapacidad (COFEDIS) realizada la semana pasada, el interventor de la Agencia, Dr. Alejandro Vilches, manifestó desconocer cómo se distribuirán estos fondos.  

Cabe aclarar que es el Directorio del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad el órgano encargado de determinar los aumentos de aranceles para dichas Prestaciones. Este cuerpo está presidido por el Director de la ANDIS y lo integran representantes de distintos organismos del Estado Nacional (Ministerio de Salud, Superintendencia de Servicios de Salud, PAMI, etc.) y representantes de organizaciones de la sociedad civil y el COFEDIS.  En este año, la ANDIS no ha convocado aún al directorio. El actual interventor fue consultado en la mencionada asamblea del Consejo Federal, y respondió que no fue aún convocado “por falta de sustento jurídico y necesidad de conocer impacto económico”.

El anuncio no sólo es ambiguo y confuso, sino sobre todo, insuficiente.  Las demandas del colectivo que lograron plasmarse en la Ley de Emergencia no se limitan a un aumento puntual y determinado de manera arbitraria. Lejos de brindar una solución real, se parece más a un nuevo intento de dividir la lucha del colectivo con nuevas promesas de aumento. En cada una de las instancias del debate legislativo por la Ley de Emergencia, el Gobierno Nacional realizó anuncios por parte del Vocero Presidencial, (o dejó circular entre los medios de comunicación) de supuestos aumentos para las prestaciones que luego nunca se materializaron. Ahora avanzó un paso más, publicando en el Boletín Oficial esta reasignación presupuestaria, pero como fue expresado más arriba, sin explicitar el destino de esos fondos. No se sabe si serán para el Programa Incluir Salud, para el pago directo a determinados prestadores, para incrementar el Fondo Solidario de Redistribución o para otros gastos inespecíficos.  En el caso que el destino de estos fondos sea finalmente una compensación de emergencia para prestadores, estará apenas empezando a cumplir con lo que la Ley plantea. 

Toda esta falta de claridad y contradicciones se dan en un escenario de crisis sin precedentes que sólo se agrava día a día a pesar de la conquista histórica legislativa, desconocida por un gobierno que sigue transgrediendo los límites de la democracia.

Aunque la Ley de Emergencia no es una ley de fondo (declara el estado de emergencia hasta diciembre del próximo año) no se limita a brindar un aumento en condiciones de arbitrariedad y al contrario, brinda un atisbo de previsibilidad a un sector que lo demanda imperiosamente.

En consecuencia, todo el colectivo repudia la manera en que se publicó la ley de emergencia en discapacidad: 

• Rechazamos esta medida, que consideramos inconstitucional, autoritaria y arbitraria.

• Lo vivimos como una ofensa y un agravio más, después de meses agotadores de lucha, en los que defendimos un sistema de apoyos que la Argentina construyó con esfuerzo y que es reconocido como ejemplo en el mundo. Ley que pasó por todas las instancias parlamentarias y FUE APROBADA por amplia mayoría, pero que el gobierno insiste con no cumplir, destruyendo el sistema cada día un poco más.

• Sentimos que se intenta manipular a un colectivo que se ha mantenido unido y fuerte frente al atropello del gobierno.

• Defendemos honorarios dignos para quienes brindan apoyos a las Personas con Discapacidad, pero también defendemos que no se recorten de manera injusta y cruel las pensiones, y exigimos la compatibilidad laboral que establece la propia Ley.

Lo que enfrentamos es profundamente doloroso. Nos lastima y nos lleva a situaciones de extrema angustia, mientras seguimos sosteniendo con esfuerzo cotidiano los servicios y el acompañamiento a quienes más lo necesitan.

Queremos que toda la sociedad sepa que no vamos a permitir que nos dividan ni que se aprovechen de la coyuntura.  La emergencia es un estado de urgencia que permite al Estado tomar medidas extraordinarias para proteger y promover los derechos de las personas con discapacidad. Seguiremos defendiendo los derechos conquistados y exigiendo la plena aplicación de la Ley de Emergencia en Discapacidad. NI UN PASO ATRÁS.

Firmantes:
Cámara de Prestadores de Discapacidad (CA.PRE.DIS), Federación Converger, Asamblea de Trabajadores por la Inclusión (ATI) y la Mesa de Trabajo en Discapacidad y Derechos Humanos.

 DE AUDITORES A ALLANADOS 

Comunicado de las organizaciones de Córdoba.

DESCARGÁ EL DOCUMENTO 

Ante la sucesión de denuncias de los últimos días, que involucran en presuntos hechos de corrupción a los principales funcionarios del gobierno nacional y en particular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), las organizaciones que venimos construyendo distintas acciones de visibilización en apoyo a Ley de Emergencia en Discapacidad nos dirigimos a toda la sociedad para manifestar nuestro repudio y expresar nuestra preocupación sobre la situación actual del colectivo de personas con discapacidad en nuestro país.

Desde que asumió, el Gobierno Nacional acusó a las personas con discapacidad beneficiarias de pensiones y a los prestadores de servicios para personas con discapacidad como corruptos y ladrones. Una fenomenal campaña mediática impulsada por el gobierno nacional y amplificada durante casi dos años por varios de los medios de comunicación de mayor alcance nacional funcionó como justificación para el mayor ajuste en materia de discapacidad de la historia. Nunca se vio nada igual.

A partir de la filtración de los audios del ahora ex director de ANDIS Diego Spagnuolo la semana pasada, casi en simultáneo con la media sanción de la Cámara de Diputados que rechazó el veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad, lo que llamamos la política de la crueldad adquirió una nueva envergadura de perversión sin límites. Los mismos que instalaron la sospecha sobre “pensiones truchas”, y “prestadores que sobrefacturan” aparecen ahora en todos los medios como parte de un entramado de corrupción sobre los fondos que debieran ir precisamente a discapacidad.

Hoy este escándalo nacional es noticia en todo el mundo, pero mientras tanto los efectos de la política de la crueldad siguen en pie. No hay atenuantes, sólo agravantes:

• A al menos 80 mil personas beneficiarias de pensiones les recortaron este derecho en una auditoría viciada de inaccesibilidad y violación de derechos.  A quienes están reclamando recuperar el beneficio suspendido se les responde que no hay firma autorizada.

• La misma situación de acefalía e irresponsabilidad agravada por la intervención de la ANDIS afecta la cadena de pagos: no hay garantía de pagos para prestadores.  Las prestaciones están más en riesgo que antes. 

• Las instituciones, los centros que brindan servicios están literalmente fundidas o sumidas en deudas insostenibles.

• En los talleres protegidos, las personas con discapacidad que trabajan como operarios no mejoraron en nada su situación, siguen recibiendo 28 mil pesos de asignación mensual.

• Los trabajadores y trabajadoras del sector están en una situación de precarización insostenible. Una sesión de terapia de apoyo no llega a los 10 mil pesos. Las instituciones y centros no pueden pagar sueldos a sus trabajadores.

• Antes que se filtraran los audios y explotara el escándalo de las coimas, las autoridades de ANDIS ahora allanadas habían llegado a manifestar que era mentira que la crisis existiera, que si así fuera “las instituciones deberían estar cerradas”.

• Aún no se sabe cuándo será tratada en Senadores el veto presidencial a la Ley de Emergencia. Según informaciones periodísticas, el Gobierno insistiría en incumplirla, a través de una vía judicial. Aún en este panorama escandaloso. 

ONU / DISCAPACIDAD / ARGENTINA – Organizaciones de la sociedad civil denunciaron ante el Comité de la ONU que las políticas del gobierno argentino provocan una “violación generalizada” de los derechos de las personas con discapacidad. Acusan recortes presupuestarios, veto a la Ley de Emergencia y una auditoría de pensiones “inconstitucional” que ya suspendió más de 110 mil beneficios, muchas veces sin notificación y dejando a miles sin cobertura de salud. El caso será analizado en el 33º período de sesiones del Comité, hasta el 26 de agosto. Lee la nota

LES HABLAMOS A USTEDES, DIPUTADOS Y DIPUTADAS:

A nuestros representantes. A quienes tienen en sus manos la posibilidad de cambiar la historia. De estar a la altura de la historia. Les pedimos dignidad, humanidad, empatía, compromiso, patriotismo, como quieran llamarle...
El veto a la Ley de Emergencia en Discapacidad DEBE ser rechazado.

Es el momento de ustedes.