Adhesión a la Marcha Federal por la educación pública, la universidad y la ciencia nacional.
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Desde el colectivo de la discapacidad sabemos qué significa contar con una ley nacida desde el pueblo, votada no una sino reiteradas veces por el Congreso Nacional, defendida en todas las plazas del país y sin embargo, incumplida por el Gobierno de Javier Milei.
Atravesamos una situación crítica y sostenida de emergencia y lucha, contra la estigmatización y criminalización de las personas con discapacidad, contra el castigo a trabajadores y prestadores, contra el desfinanciamiento del sistema de atención, contra el vaciamiento de políticas que garantizan derechos fundamentales de las personas con discapacidad.
Los ataques del Gobierno Nacional a nuestro pueblo, son a todo el pueblo, no a determinados sectores. Por eso, la lucha no puede ser sectorial, sino transversal y colectiva. El ataque a la universidad pública forma parte de una misma trama: la del desfinanciamiento y el incumplimiento de leyes esenciales.
Por eso, este martes 12, las personas con discapacidad, las familias, las organizaciones, los y las trabajadores que acompañan a las personas con discapacidad, las instituciones que forman parte del sistema de atención, nos sumamos a la Marcha Federal por la educación pública, la universidad y la ciencia nacional.
En la Universidad Pública se forman las personas con discapacidad y las trabajadoras y trabajadores que apoyan a las personas con discapacidad. Es en la Universidad Pública que se crean y sostienen dispositivos que impactan directamente en nuestro campo. No hay inclusión posible sin educación pública, sin salud pública y sin políticas sostenidas que garanticen derechos.
Por una Universidad Pública, Inclusiva, Accesible para todos. Marchamos contra el nuevo intento de reforma a la Ley Nacional de Salud Mental. Y por la Ley de Emergencia en Discapacidad.
Cada día que pasa sin que nuestras leyes, nuestras conquistas históricas, sean implementadas por el Gobierno Nacional, se profundiza una verdadera afrenta a la democracia y a la dignidad de nuestro pueblo.
La Marcha en Córdoba: 15 h. Concentración. Monumento de la Reforma (Ciudad Universitaria).
En este video de ADIUC, Martín Passini, de la Mesa de Trabajo en Discapacidad y DDHH participó en nombre del colectivo de las personas con discapacidad y sus organizaciones, junto a referentes de organismos de DDHH, sindicales y de la economía popular.
COMUNICADOS Y PRODUCCIONES ANTERIORES
COMUNICADOS Y PRODUCCIONES ANTERIORES
comunicado de prensa: "se profundiza la emergencia. CORTan LA CADENA DE PAGOS Y LA LEY DE EMERGENCIA CONTINÚA SIN CUMPLIRSE."
comunicado de prensa: "se profundiza la emergencia. CORTan LA CADENA DE PAGOS Y LA LEY DE EMERGENCIA CONTINÚA SIN CUMPLIRSE."
12 de marzo de 2026. Con gran angustia y preocupación queremos comunicar que las personas con discapacidad, las familias, los profesionales y las instituciones prestadoras de servicios para personas con discapacidad de todo el país seguimos atravesando una grave crisis que a pesar de contar con la Ley de Emergencia, se continúa profundizando, poniendo en riesgo la continuidad de los espacios y servicios y, por ende, la posibilidad de que las personas con discapacidad reciban la atención que necesitan.
A pesar de los anuncios oficiales, la Ley de Emergencia en Discapacidad no se está cumpliendo, lo que agrava aún más la situación crítica que atraviesan las instituciones.
Ninguna de las medidas de apoyo a los prestadores previstas en la Ley ha sido efectivizada ni ha llegado a las manos de quienes brindan las prestaciones.
Los aumentos en los aranceles otorgados por el gobierno resultan absolutamente insuficientes para sostener el funcionamiento de los servicios, cubrir los costos operativos y garantizar la continuidad de la atención. Y no respetan lo establecido en el texto y espíritu de la ley de emergencia.
La reglamentación de la Ley, publicada el 4 de febrero a través del Decreto 84/2026, establece procedimientos parciales y plazos que se pondrían en marcha para aplicar la ley, sin embargo no se reglamentaron los incisos destinados a “disponer el financiamiento adecuado y sostenible” para las pensiones, para los servicios prestacionales y para las políticas de fortalecimiento de la Secretaría Nacional de Discapacidad.
Además, el 2 de marzo se publicó la Resolución 1/2026 del Ministerio de Salud, que establece normas y procedimientos regresivos para el proceso de conversión de las pensiones no contributivas a la Pensión por Discapacidad para Protección Social. Por ejemplo, la reinstalación de una instancia de auditoría, contradiciendo el mandato de “conversión de oficio” determinado por la Ley, la regresión a los requisitos estipulados en el Decreto 432/97 que fueron rechazados por la justicia y por la propia Ley de Emergencia y la imposición de un plazo de 30 días para presentar documentación, como el Certificado Único de Discapacidad (CUD), cuando el propio Estado año tras año establece la prórroga para la renovación de los certificados a vencerse, ya que no cuenta con capacidad operativa para procesar la renovación en todo el país.
Sumado a este terrible panorama, desde el mes de diciembre se ha producido un corte en la cadena de pagos por los servicios prestacionales, por parte de organismos financiadores como PAMI, Incluir Salud y distintas obras sociales nacionales. La falta de financiamiento pone en riesgo la continuidad de servicios esenciales para miles de personas con discapacidad y sus familias de todo el país.
Si quienes deben financiar el sistema dejan de pagar, todo el sistema se paraliza. En este contexto se vulneran los derechos de las personas con discapacidad y también los de los profesionales que trabajan junto a ellas.
Nos preguntamos entonces: ¿quién se hace cargo de esta situación? ¿Qué va a pasar con miles de trabajadores que ven peligrar sus puestos laborales? Pero, sobre todo, ¿Qué va a pasar con la vida de las familias y de las personas con discapacidad si se interrumpen las prestaciones que les permiten avanzar, desarrollarse y mejorar su calidad de vida?
Ante la falta de respuestas por parte del Gobierno Nacional y el atraso sostenido en los pagos de las prestaciones, nos vemos obligados a realizar un cese de actividades los días 13, 18 y 19 de marzo, medida que afectará a todas las instituciones que brindan servicios a personas con discapacidad.
Las organizaciones del sector exigimos el pago inmediato de las prestaciones adeudadas, el cumplimiento efectivo de la ley vigente y la implementación de medidas urgentes que permitan sostener a las instituciones y asegurar el derecho a la atención de las personas con discapacidad.
Cuando el sistema que debería garantizar la atención y el acompañamiento de las personas con discapacidad deja de funcionar, no solo se pone en riesgo la continuidad de las instituciones y el trabajo de miles de profesionales: se pone en riesgo la dignidad, la calidad de vida y el futuro de miles de personas y sus familias.
Si como sociedad permitimos que se pierda lo más preciado —los derechos y la dignidad de las personas—, entonces debemos preguntarnos con preocupación: ¿qué nos queda?
UN NUEVO ESCANDALO.
cOMUNICADO DE LAS ORGANIZACIONES DE cÓRDOBA
UN NUEVO ESCANDALO.
cOMUNICADO DE LAS ORGANIZACIONES DE cÓRDOBA
16/12/2025. Las organizaciones de la provincia de Córdoba, que articulamos y movilizamos para impulsar y apoyar la Ley de Emergencia en Discapacidad, expresamos nuestra profunda preocupación y rechazo ante el dictamen del Presupuesto Nacional 2026. El proyecto oficialista pretende derogar la Ley de Emergencia en Discapacidad (Ley N.º 27.793), una norma fundamental que ha sido votada cuatro veces por el Congreso.
Luego que el Gobierno promulgara y suspendiera la Ley de Emergencia en octubre, la Justicia determinó hace sólo una semana que la ley estaba vigente, que el gobierno no tenía razón para suspenderla y que debía implementarla inmediatamente, sin exigirle al Congreso que le indicara de donde obtener los fondos. Ahora el Poder Ejecutivo vuelve con una nueva estrategia ilegítima, al incorporar a último momento dos artículos en la Ley de Presupuesto, mediante las que deroga las leyes de Financiamiento Universitario, y la Ley de Emergencia en Discapacidad. Un nuevo escándalo, una nueva muestra de crueldad.
COMUNICADO DE PRENSA - REPUDIO LEY DE PRESUPUESTO 2026 - EMERGENCIA DISCAPACIDAD.pdfSigue el cinismo y la crueldad
Sigue el cinismo y la crueldad
Promulgar y suspender,
convocar y cancelar
Promulgar y suspender,
convocar y cancelar
EL GOBIERNO CONTINÚA CON EL DESGASTE Y EL MALTRATO A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.
PRIMERO FUE LEY, PERO MILEI LA VETÓ. EL CONGRESO INSISTIÓ, PERO EL PODER EJECUTIVO "SUSPENDIÓ SU IMPLEMENTACIÓN". MIENTRAS TANTO EL INTERVENTOR VILCHES CONVOCA AL DIRECTORIO DE PRESTACIONES, PERO LUEGO CANCELA LA REUNIÓN.
ESTÁN JUGANDO A DESGASTAR A TODO EL COLECTIVO. A LOS TRABAJADORES, A LOS PROFESIONALES, A LAS FAMILIAS. A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Las organizaciones que integramos LA COALICIÓN DE ORGANIZACIONES DE CÓRDOBA: CA.PRE.DIS. – ATI – FEDERACION CONVERGER Y LA MESA DE TRABAJO EN DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS Convocamos, en el marco de acciones que se estan llevando a cabo en el pais a expresarnos ante:
- la falta de respuestas del Estado,
- el deterioro del sistema de apoyos y
- el incumplimiento de la Ley de Emergencia en Discapacidad,
📅 Martes 21 y miércoles 22 de octubre:
➡️ Cese involuntario de actividades en todo el sector.
📍 Martes 21 de octubre – 12 h:
➡️ Concentración en Plaza San Martín, Córdoba Capital.
💜 Porque ya no hay más tiempo.
Exigimos respeto, diálogo y soluciones reales para garantizar los derechos de las personas
La estrategia autoritaria del poder ejecutivo que atenta contra los derechos de las personas con discapacidad y el sistema de apoyos.
El 22 de septiembre de 2025, el Poder Ejecutivo Nacional publicó en el Boletín Oficial, el Decreto 681/2025, mediante el cual se promulga la Ley de Emergencia en Discapacidad pero, de manera contradictoria e inaceptable, suspende su ejecución hasta que el Congreso de la Nación defina la fuente de financiamiento.
Inmediatamente, el Poder Ejecutivo emitió la Decisión Administrativa N°24/2025 que ordena un incremento presupuestario para la Agencia Nacional de Discapacidad, a partir del 1° de octubre. Entre los considerando expresa: “...si bien, (...) la ley (de emergencia) se encuentra suspendida en su ejecución (...); el PODER EJECUTIVO NACIONAL readecuará los créditos presupuestarios necesarios de la Administración Pública Nacional para dar respuesta, a partir del 1° de octubre del corriente año, al reclamo de actualización formulado por los prestadores del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad.” El incremento fijado en esta norma, para la ANDIS es de $121.363.881.238.
Luego de esta publicación, al día de la fecha se desconoce el destino efectivo que tendrán de estos fondos. Es decir, no se conoce cómo se administrará, ni a quiénes beneficiará. Aunque la norma menciona “el reclamo de actualización formulado por los prestadores” en el marco de la última Asamblea Extraordinaria del Consejo Federal de Discapacidad (COFEDIS) realizada la semana pasada, el interventor de la Agencia, Dr. Alejandro Vilches, manifestó desconocer cómo se distribuirán estos fondos.
Cabe aclarar que es el Directorio del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad el órgano encargado de determinar los aumentos de aranceles para dichas Prestaciones. Este cuerpo está presidido por el Director de la ANDIS y lo integran representantes de distintos organismos del Estado Nacional (Ministerio de Salud, Superintendencia de Servicios de Salud, PAMI, etc.) y representantes de organizaciones de la sociedad civil y el COFEDIS. En este año, la ANDIS no ha convocado aún al directorio. El actual interventor fue consultado en la mencionada asamblea del Consejo Federal, y respondió que no fue aún convocado “por falta de sustento jurídico y necesidad de conocer impacto económico”.
El anuncio no sólo es ambiguo y confuso, sino sobre todo, insuficiente. Las demandas del colectivo que lograron plasmarse en la Ley de Emergencia no se limitan a un aumento puntual y determinado de manera arbitraria. Lejos de brindar una solución real, se parece más a un nuevo intento de dividir la lucha del colectivo con nuevas promesas de aumento. En cada una de las instancias del debate legislativo por la Ley de Emergencia, el Gobierno Nacional realizó anuncios por parte del Vocero Presidencial, (o dejó circular entre los medios de comunicación) de supuestos aumentos para las prestaciones que luego nunca se materializaron. Ahora avanzó un paso más, publicando en el Boletín Oficial esta reasignación presupuestaria, pero como fue expresado más arriba, sin explicitar el destino de esos fondos. No se sabe si serán para el Programa Incluir Salud, para el pago directo a determinados prestadores, para incrementar el Fondo Solidario de Redistribución o para otros gastos inespecíficos. En el caso que el destino de estos fondos sea finalmente una compensación de emergencia para prestadores, estará apenas empezando a cumplir con lo que la Ley plantea.
Toda esta falta de claridad y contradicciones se dan en un escenario de crisis sin precedentes que sólo se agrava día a día a pesar de la conquista histórica legislativa, desconocida por un gobierno que sigue transgrediendo los límites de la democracia.
Aunque la Ley de Emergencia no es una ley de fondo (declara el estado de emergencia hasta diciembre del próximo año) no se limita a brindar un aumento en condiciones de arbitrariedad y al contrario, brinda un atisbo de previsibilidad a un sector que lo demanda imperiosamente.
En consecuencia, todo el colectivo repudia la manera en que se publicó la ley de emergencia en discapacidad:
Rechazamos esta medida, que consideramos inconstitucional, autoritaria y arbitraria.
Lo vivimos como una ofensa y un agravio más, después de meses agotadores de lucha, en los que defendimos un sistema de apoyos que la Argentina construyó con esfuerzo y que es reconocido como ejemplo en el mundo. Ley que pasó por todas las instancias parlamentarias y FUE APROBADA por amplia mayoría, pero que el gobierno insiste con no cumplir, destruyendo el sistema cada día un poco más.
Sentimos que se intenta manipular a un colectivo que se ha mantenido unido y fuerte frente al atropello del gobierno.
Defendemos honorarios dignos para quienes brindan apoyos a las Personas con Discapacidad, pero también defendemos que no se recorten de manera injusta y cruel las pensiones, y exigimos la compatibilidad laboral que establece la propia Ley.
Lo que enfrentamos es profundamente doloroso. Nos lastima y nos lleva a situaciones de extrema angustia, mientras seguimos sosteniendo con esfuerzo cotidiano los servicios y el acompañamiento a quienes más lo necesitan.
Queremos que toda la sociedad sepa que no vamos a permitir que nos dividan ni que se aprovechen de la coyuntura. La emergencia es un estado de urgencia que permite al Estado tomar medidas extraordinarias para proteger y promover los derechos de las personas con discapacidad. Seguiremos defendiendo los derechos conquistados y exigiendo la plena aplicación de la Ley de Emergencia en Discapacidad. NI UN PASO ATRÁS.
Firmantes:
Cámara de Prestadores de Discapacidad (CA.PRE.DIS), Federación Converger, Asamblea de Trabajadores por la Inclusión (ATI) y la Mesa de Trabajo en Discapacidad y Derechos Humanos.
¡ES LEY!
¡ES LEY!
Finalmente, luego de dos años de una política de abandono y la crueldad, el congreso de la nación ha rechazado el veto y es Ley la Declaración de Emergencia en Discapacidad. Es una conquista de todo el colectivo de personas con discapacidad.
Ahora exigimos que se implemente ya la ley!!
La inmediata suspensión de las auditorías de las pensiones y restitución de las pensiones suspendidas.
La recomposición inmediata de los aranceles a los prestadores como indica la ley de emergencia
El fin de los recortes y la precarización, y de cualquier intento de vaciamiento de la ANDIS
Frente al daño y la crueldad, exigimos justicia y dignidad. “Es este nuestro momento de reconocimiento”
¡un momento histórico!
¡un momento histórico!
Un día que condensa la lucha de nuestro colectivo por el derecho a vivir con dignidad.
👉🏼 La Cámara de Diputados ya dijo NO al veto presidencial confirmando la vigencia de la Ley de Emergencia en Discapacidad. 🔥 Ese triunfo fue posible gracias a la fuerza del pueblo en las calles, a la unidad y a la voz incansable de las personas con discapacidad y sus familias en todo el país.
Ahora, el desafío sigue:
➡️ En el Senado se define si Argentina elige la dignidad o la crueldad.
➡️ Con su voto, senadores y senadoras no solo decidirán sobre una norma: quedará claro de qué lado de la historia se ponen.
⚠️ La Ley de Emergencia en Discapacidad significa:
✔️ Continuidad de prestaciones de salud, educación, transporte y apoyos a la vida independiente.
✔️ Pago actualizado a profesionales e instituciones para evitar el colapso del sistema.
✔️ Protección de los derechos laborales de quienes sostienen los apoyos.
✔️ Financiamiento de emergencia para garantizar derechos hoy.
✔️ Ampliación de la Asignación Universal por Discapacidad, vital para miles de familias.
💜 La dignidad no puede esperar.
Decir sí a la Emergencia en Discapacidad es elegir un país más justo e inclusivo para todos y para los que vendrán.
DE AUDITORES A ALLANADOS
Comunicado de las organizaciones de Córdoba.
Comunicado de las organizaciones de Córdoba.
Ante la sucesión de denuncias de los últimos días, que involucran en presuntos hechos de corrupción a los principales funcionarios del gobierno nacional y en particular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), las organizaciones que venimos construyendo distintas acciones de visibilización en apoyo a Ley de Emergencia en Discapacidad nos dirigimos a toda la sociedad para manifestar nuestro repudio y expresar nuestra preocupación sobre la situación actual del colectivo de personas con discapacidad en nuestro país.
Desde que asumió, el Gobierno Nacional acusó a las personas con discapacidad beneficiarias de pensiones y a los prestadores de servicios para personas con discapacidad como corruptos y ladrones. Una fenomenal campaña mediática impulsada por el gobierno nacional y amplificada durante casi dos años por varios de los medios de comunicación de mayor alcance nacional funcionó como justificación para el mayor ajuste en materia de discapacidad de la historia. Nunca se vio nada igual.
A partir de la filtración de los audios del ahora ex director de ANDIS Diego Spagnuolo la semana pasada, casi en simultáneo con la media sanción de la Cámara de Diputados que rechazó el veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad, lo que llamamos la política de la crueldad adquirió una nueva envergadura de perversión sin límites. Los mismos que instalaron la sospecha sobre “pensiones truchas”, y “prestadores que sobrefacturan” aparecen ahora en todos los medios como parte de un entramado de corrupción sobre los fondos que debieran ir precisamente a discapacidad.
Hoy este escándalo nacional es noticia en todo el mundo, pero mientras tanto los efectos de la política de la crueldad siguen en pie. No hay atenuantes, sólo agravantes:
A al menos 80 mil personas beneficiarias de pensiones les recortaron este derecho en una auditoría viciada de inaccesibilidad y violación de derechos. A quienes están reclamando recuperar el beneficio suspendido se les responde que no hay firma autorizada.
La misma situación de acefalía e irresponsabilidad agravada por la intervención de la ANDIS afecta la cadena de pagos: no hay garantía de pagos para prestadores. Las prestaciones están más en riesgo que antes.
Las instituciones, los centros que brindan servicios están literalmente fundidas o sumidas en deudas insostenibles.
En los talleres protegidos, las personas con discapacidad que trabajan como operarios no mejoraron en nada su situación, siguen recibiendo 28 mil pesos de asignación mensual.
Los trabajadores y trabajadoras del sector están en una situación de precarización insostenible. Una sesión de terapia de apoyo no llega a los 10 mil pesos. Las instituciones y centros no pueden pagar sueldos a sus trabajadores.
Antes que se filtraran los audios y explotara el escándalo de las coimas, las autoridades de ANDIS ahora allanadas habían llegado a manifestar que era mentira que la crisis existiera, que si así fuera “las instituciones deberían estar cerradas”.
Aún no se sabe cuándo será tratada en Senadores el veto presidencial a la Ley de Emergencia. Según informaciones periodísticas, el Gobierno insistiría en incumplirla, a través de una vía judicial. Aún en este panorama escandaloso.
Ante este escenario de desolación volvemos a preguntarnos. A costa de qué se sostiene lo insostenible? ¿Cuál es el límite? ¿Cuántas deudas pueden acumular las instituciones prestadoras? ¿Cuánto más se puede bajar la calidad de los servicios para personas con discapacidad? ¿Cuántos riesgos ya se están corriendo? ¿Cuanto más se pueden precarizar las condiciones laborales de los trabajadores?
...
Estamos llenos de incertidumbre sobre qué sucederá en los próximos días. La única certeza que tenemos es que se han cruzado todos los límites. Y las personas con discapacidad y quienes trabajan con ellas ya no podemos esperar.
¿A costa de qué se sostiene lo insostenible?
luchar para no cerrar
luchar para no cerrar
¿A costa de qué las instituciones, los centros, las escuelas y espacios siguen funcionando? ¿Cuál es el límite? ¿Cuántas deudas pueden acumular las instituciones prestadoras? ¿Cuánto más se puede bajar la calidad de los servicios para personas con discapacidad? ¿Cuántos riesgos ya se están corriendo? ¿Cuanto más se pueden precarizar las condiciones laborales de los trabajadores?
Estamos llenos de preguntas, pero el gobierno no tiene ninguna duda. No les importa. Con total cinismo autoridades nacionales ha llegado a declarar que “es mentira que estemos en crisis, que si fuera verdad las instituciones deberían estar cerradas”. Todo el colectivo de personas con discapacidad debe asumir esta lucha. Seguí leyendo...
no al veto
no al veto
Desoyendo las millones de voces no sólo del colectivo de personas con discapacidad, sino de toda la sociedad argentina, el gobierno plasma con su veto el sello de una política de la crueldad, maquillada con la falacia del equilibrio fiscal.
Pero no todo está perdido: ahora es el momento que los diputados y diputadas de la Nación sostengan la sanción de la Ley lograda en el Congreso Nacional.
¡sumate!
¡sumate!
Junto a las organizaciones del colectivo de personas con discapacidad de todo el país, desde Córdoba alzamos nuestras voces aún con más energía para defender la Ley de Emergencia en discapacidad. Y exigimos que los legisladores estén a la altura, con dignidad, de este capítulo de la historia que les toca escribir. El movimiento de la discapacidad ya está en las plazas, en las redes, en los medios, sosteniéndonos entre todos, como podemos. Y más unidos que nunca.
Esta lucha es por la defensa del derecho a la vida digna de millones de personas con discapacidad de todo el país.
Necesitamos imperiosamente que las voces de las personas con discapacidad lleguen a los diputados que tienen la oportunidad de escribir un capítulo histórico. ¡Sumate a la campaña, comparti los videos! Publicá tus comentarios, envia a tus amigos... todo suma.
Gianna.mp4Rally Barrionuevo.mp4Denuncia de organizaciones de la sociedad civil ante la ONU
VIOLACIÓN GENERALIZADA Y DESESPERANTE DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Organizaciones alertan al Comité de la ONU sobre el desguace de políticas públicas, la inconstitucionalidad de la auditoría de pensiones y el colapso del sistema prestacional en Argentina. Acusan al gobierno de generar una vulneración masiva de derechos.
ONU / DISCAPACIDAD / ARGENTINA – Organizaciones de la sociedad civil denunciaron ante el Comité de la ONU que las políticas del gobierno argentino provocan una “violación generalizada” de los derechos de las personas con discapacidad. Acusan recortes presupuestarios, veto a la Ley de Emergencia y una auditoría de pensiones “inconstitucional” que ya suspendió más de 110 mil beneficios, muchas veces sin notificación y dejando a miles sin cobertura de salud. El caso será analizado en el 33º período de sesiones del Comité, hasta el 26 de agosto. Lee la nota
¿QUé les queremos decir a los diputados y diputadas?
¿QUé les queremos decir a los diputados y diputadas?
¡Sigamos unidos!
¡Todavía están a tiempo!
¡La abstención es indiferencia!
¡Necesitamos su compromiso!
LES HABLAMOS A USTEDES, DIPUTADOS Y DIPUTADAS:
A nuestros representantes. A quienes tienen en sus manos la posibilidad de cambiar la historia. De estar a la altura de la historia. Les pedimos dignidad, humanidad, empatía, compromiso, patriotismo, como quieran llamarle...
El veto a la Ley de Emergencia en Discapacidad DEBE ser rechazado.
Es el momento de ustedes.
los que votaron en contra
los que votaron en contra
NO DEN LA ESPALDA A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
los derechos no se vetan
los derechos no se vetan
BASTA DE CRUELDAD
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