sobre las Denuncias de corrupción en la andis

El miércoles 20 de agosto de 2025 se presentaba como un día histórico para el colectivo de personas con discapacidad. Por la tarde, la Cámara de Diputados de la Nación daba media sanción al rechazo al veto presidencial a la Ley de Emergencia de Discapacidad. Desde esa mañana, las plazas de todo el país mostraban una nueva movilización de todo el sector social que exigía a los legisladores que confirmen la Ley. Simultáneamente crecía la noticia de presuntos hechos de corrupción en el seno de la propia Agencia Nacional de Discapacidad. Había empezado el día anterior: mientras los canales de televisión mostraban en Plaza de Mayo la vigilia de las personas con discapacidad bajo la lluvia porteña, empezaban a circular los audios de quien todavía era director de la ANDIS, Diego Spagnuolo.

En esos audios, Spagnuolo aseguraba que funcionarios del gobierno nacional cobraban coimas por la compra de medicamentos. Según los audios, Karina Milei y Eduardo “Lule” Menem se beneficiaban de un esquema que recaudaba entre 500 y 800 mil dólares mensuales, el equivalente a cuatro mil pensiones por discapacidad.

Luego de la derrota legislativa y de la filtración de los audios, el jueves el Gobierno anunció el despido de Spagnuolo y del director de Acceso a Servicios de Salud de la entidad, Daniel Garbellini, así como la intervención de la Andis, pero no desmintió ni se pronunció sobre la veracidad de las denuncias.

Ante la denuncia del abogado Gregorio Dalbón, en la madrugada del viernes se hicieron 14 allanamientos que incluyeron las sedes de ANDIS y de la Droguería Suizo Argentina, eslabón mencionado en los audios de Spagnuolo en el cobro de las coimas. El lunes 25 una investigación periodística descubrió que la compañía tuvo un crecimiento exponencial en los montos de licitaciones y contrataciones directas con organismos del Estado en el último año: “pasó de $3900 millones a $108.000 millones en contratos con el Estado en el gobierno de Milei”. El mismo Spagnuolo fue interceptado por la Policía el viernes. El juez de la causa Sebastián Casanello ordenó que no podrá salir del país y su teléfono celular y otras de sus pertenencias fueron secuestrados para peritar. Además, fue allanada la casa en el barrio de Nordelta de Emmanuel Kovalivker, uno de los dueños de Suizo Argentina. En ese momento, el empresario partía en un auto en el que se encontraron distintos sobres que en total contenían 266.000 dólares y 7 millones de pesos, mientras que además le secuestraron el celular y el pasaporte.

Las filtraciones de nuevos audios, siguieron el fin de semana y el lunes. Entre otros funcionarios se menciona a Federico Sturzenegger. En una nota periodistica de Pagina12 del domingo, se develó que el recorte de personal impulsado por Sturzenegger en todo el gobierno también redujo en oficinas de control interno en la ANDIS: “o sea se pasó a que no haya control alguno”. Lo más grave que expone la nota deja en claro la verdadera política en torno a las pensiones: “Sturzenegger las quería dar de baja directamente, mientras que Spagnuolo proponía revisiones médicas, pero a cierta distancia del discapacitado, sobre todo en el interior, como para hacerle más difícil el acceso a la revisión y al certificado médico. O sea, bajar las pensiones de manera indirecta.” Precisamente lo que junto a otras organizaciones, venimos denuniciando desde el año pasado (y aquí).

Naturalmente, el tratamiento público de la crisis en el ámbito de la discapacidad y de la deriva legislativa de la Ley de Emergencia se vio eclipsado por la explosión del escándalo de corrupción, por eso la respuesta desde las organizaciones de todo el país fue unánime: a través de diversos comunicados y pronunciamientos denunciaron que los audios demuestran que detrás del discurso del gobierno de la motosierra sólo una voraz crueldad. Nuestro propio comunicado elaborado en conjunto con las organizaciones de Córdoba que apoyamos la Ley de Emergencia, expresamos: “Los mismos que instalaron la sospecha sobre “pensiones truchas”, y “prestadores que sobrefacturan” aparecen ahora en todos los medios como parte de un entramado de corrupción sobre los fondos que debieran ir precisamente a discapacidad.” Pero además, que toda esta deriva sólo agrava el escenario, un ejemplo concreto: se pospuso el tratamiento en senadores de la ley de emergencia que se preveia para esta semana. En su lugar la Comisión de Salud citó para este martes 26 de agosto al Ministro de Salud Mario Lugones y al interventor actual de la ANDIS Alejandro Vilchez para que den explicaciones ante las denuncias de corrupción en el organismo. Se espera que no asistan. Mientras, la cámara de diputados no envió aún a senadores el expediente con la media sanción del rechazo al veto a la Ley de Emergencia.

detrás del discurso del gobierno de la motosierra
hay sólo una voraz crueldad.

El documento de las organizaciones de Córdoba salió casi en simultaneo con otros comunicados de coaliciones a nivel nacional. En la mañana del lunes, en Plaza de Mayo en CABA, en Plaza San Martín en Córdoba y en otras ciudades se leyó un documento que coincidió en el repudio y la preocupación porque la situación sigue igual o peor. Y la incertidumbre crece. En el Consejo Federal de Discapacidad, las organizaciones no gubernamentales participantes también reclamaron explicaciones a las autoridades nacionales y pidieron una asamblea extraordinaria en caracter de urgencia. La preocupación recorre como un grito unánime en todo el colectivo, la situación empeora día a día, y el escandalo de las coimas sólo agrava la situación.

El documento de Córdoba, cierra con preguntas urgentes: “Ante este escenario de desolación volvemos a preguntarnos. ¿A costa de qué se sostiene lo insostenible? ¿Cuál es el límite? ¿Cuántas deudas pueden acumular las instituciones prestadoras? ¿Cuánto más se puede bajar la calidad de los servicios para personas con discapacidad? ¿Cuántos riesgos ya se están corriendo? ¿Cuanto más se pueden precarizar las condiciones laborales de los trabajadores? “Estamos llenos de incertidumbre sobre qué sucederá en los próximos días. La única certeza que tenemos es que se han cruzado todos los límites. Y las personas con discapacidad y quienes trabajan con ellas ya no podemos esperar.”