EN NUESTRO CASA:la Hurona,Muro del Drago, El Mariposario, Riquel...
El Tribunal Superior ratifica el precinto del Mariposario de Icod de los Vinos La Sala de lo Contencioso confirma que el siguiente paso será el derribo del polémico edificio.
La asociación de vecinos San Marcos-Los Pescadores, de Icod de los Vinos, han denunciado en los juzgados del municipio por delitos contra el medio ambiente al alcalde de la Ciudad del Drago, Juan José Dorta, y a las industrias radicadas en la zona costera de Riquel ‘Áridos Abreu Forthor’, ‘Prebasa’ y ‘Desguaces Tenerife’.
I http://www.noincineraciontenerife.com
http://www.noincineraciontenerife.com/noticias/626.htm
http://canariasinsurgente.typepad.com/almacen/2006/10/riquel_nosotros.html
Histórico triunfo vecinal que paraliza las actividades ilegales de cinco empresas en Riquel.[16.06.09]
El auto del Juzgado de Instrucción nº 1 de Icod de los Vinos de este 5 de junio pareciera más un tratado sobre corrupción política que un documento por el que se ordena la paralización cautelar de la actividad de cinco empresas, de diferente tipo y pelaje, que se ubican en la zona de Riquel, junto a la playa de San Marcos del municipio del drago milenario.
Porque no es que dicho juzgado haya descubierto algo que todo el mundo no supiera, de hecho nada menos que el consejero de Medio Ambiente del cabildo de Tenerife, Wladimiro Rodríguez Brito, decía sobre este asunto allá por el 2004 que "hay leyes muy de laboratorio que no se han elaborado pensando en la gente y, como responsable público, no puedo defender más a un brezo o a un bicho que a un vecino". Vamos, para que nos entendamos, que se la reflanflinfan bastante las leyes y que cumple las que a él le parece bien en cada momento, pese a lo que se comprometió cuando tomó juramento o promesa de su cargo y pese a que forma parte del partido que, en Canarias, tiene más posibilidades que nadie de cambiar las leyes que crean conveniente
Y por eso no es de extrañar que en la relación de hechos que aparecen en el contundente auto judicial se mencionen, pese a que estamos hablando de cinco empresas, más de siete expedientes administrativos sancionadores que se dejaron 'caducar' en su momento, lo que, lógicamente, ha contribuido al sentimiento de impunidad con el que han actuado estas empresas a las que han apoyado implícita y explícitamente políticos como Wladimiro Rodríguez Brito nada menos que desde el área de Medio Ambiente del Cabildo Insular. Que no digamos nada del Ayuntamiento de Icod porque ese asunto huele que apesta.
Se trata de la corrupción al servicio de unas empresas que se ahorran cientos de millones en medidas correctoras, en licencias, en impuestos, en planes de rehabilitación o en estudios de impacto simplemente porque cuentan con la bendición (¿a cambio de qué?) de unos políticos que durante años y décadas han mirado para otro lado discretamente. Que no es que actúen así con todo el mundo, al contrario, porque luego trancan a un agricultor reconstruyendo la pared de un bancal sin permiso y le levantan los pies del suelo sin la más mínima consideración. Es más, esta forma de permitir a algunos privilegiados actuar en la más absoluta ilegalidad imposibilita que otras empresas, a las que sí se les exigen todos los requisitos para funcionar (acaso porque no están dispuestas a pasar por caja tan fácilmente), puedan introducirse en determinados sectores copados por media docena de piratas.
Y llegados a este punto, como casi siempre, son ciudadanos anónimos los que se tienen que jugar el físico para acudir a los tribunales a exigir el cumplimiento de la Ley, porque los que cobran por hacer eso mismo, como es el caso de Wladimiro, sólo están dispuestos a aplicarles la legislación vigente a unos cuantos que por lo visto no son tan guapos o, quizás, no son tan generosos en la financiación de los partidos políticos y/u otras cosas incluso menos confesables. ¿O acaso alguien le encuentra otra lógica a esta golfería sin límites? ¿Quién ha dejado caducar todos esos expedientes sancionadores -como ha ocurrido también en los barrancos de Güímar- y por qué? ¿Por qué nadie, con responsabilidad, había acudido antes a los tribunales con incumplimientos y agresiones al entorno tan flagrantes?
En fin, que ya veremos en qué termina lo de este auto que pone de fecha límite a esas empresas para retirar su maquinaria de allí el próximo día 19 a las 10 de la mañana. Eso ya lo veremos, lo que queda ahora es felicitar a los vecinos de San Marcos por esta lucha que han llevado casi en solitario y por la que han recibido de personajes como Wladimiro, y de la mayoría de los políticos locales, sólo desprecio y descalificaciones. Ahora parece que la Justicia comienza, sólo comienza, a poner las cosas en su sitio y esperemos que algún día, más pronto que tarde, se traigan a un avión Hércules de esos de donde sea, lleno de picoletos como a Lanzarote, y comiencen a meter en el talego esencialmente a los que consienten estos atentados al entorno y al sentido común. Y no me refiero, precisamente, a los empresarios que han hecho lo que les han consentido los verdaderos responsables de este desaguisado que habitualmente se pasean por ahí en coche oficial y todo-gasto-pago a costa de nuestros impuestos. ¡Chiquita tropa!
Fuente:http://www.noincineraciontenerife.com/noticias/2457.htm
La ley anticorrupción vigente desde 2007 no se aplica en los municipios
elpais.com 18-jun-2008
Un vacío legal deja en papel mojado la normativa sobre los bienes de los ediles Las medidas anticorrupción introducidas en la Ley del Suelo aprobada en mayo de 2007, que afectaban a concejales y alcaldes, no se pueden aplicar por falta de base jurídica para hacerlo. En la disposición adicional novena de esa Ley se establecían medidas de transparencia, como la obligación de publicar cada año las declaraciones de bienes de concejales, alcaldes y miembros no electos de los gobiernos municipales. En esa disposición se decía que la publicación de las declaraciones de bienes se haría en los "términos fijados por el Estatuto municipal". Pero el Estatuto municipal es una figura jurídica inexistente en los ayuntamientos, porque se incluyó en el proyecto de nueva Ley de Gobierno Local que no se llegó a aprobar en la pasada legislatura...
El Congreso de Poderes Locales y Regionales del Consejo
de Europa (CPLRE) con sus Recomendaciones nº 60 y 86 aprobadas en 1999, pretende inspirar loscomportamientos de las autoridades locales en relación con “la ética política”.
El papel de los cargos públicos en la gestión de los Ayuntamientos, esencial para el funcionamiento del sistema democrático por su proximidad a la ciudadanía, es ejercido, en general, con sentido de la responsabilidad, voluntad de servicio a la sociedad, transparencia, eficacia y dedicación plena a sus funciones públicas.
No obstante, en la mayoría de las ocasiones, el sistema democrático ha sportado y soporta casos de mala gestión y corrupción, falta de transparencia en la gestión y en la comunicación con la ciudadanía, alejamiento de los cargos electos de la realidad social, situaciones de transfuguismo, connivencia con los intereses privados (empresarios), ausencia de cauces suficientes para el control de la gestión por la oposición, etc.
Estos hechos degradan y perjudican a la democracia y dañan la credibilidad de Instituciones y políticos. Frente a estos fenómenos, la única respuesta posible es la de comprometerse con el buen funcionamiento de la democracia municipal y profundizar en ella a través de una gestión más honesta,participativa y transparente.
75 MEDIDAS CONTRA LA
ESPECULACIÓN, LA CORRUPCIÓN, LOS ABUSOS URBANÍSTICOSY LA DESTRUCCIÓN
TERRITORIAL Y POR UN NUEVO MODELO DE
DESARROLLO
repartidas en cuatro
medidas o líneas de actuación esenciales:
1.
Eliminar todas las figuras legales que favorecen la especulación y la corrupción y crear otras que la impidan o dificulten expresamente, para ello el estado debe exigir a
toas las comunidades autónomas la trasformación de sus normativas o en su caso recuperar las competencias necesarias para ello, si la comunidad autónoma no accediera.
1.
Las plusvalías de la recalificación del suelo deben ir a manos públicas.
2.
La eliminación de las figuras del convenio urbanístico y del agente urbanizador.
3.
Eliminar la figura del aprovechamiento futuro de suelo.
4.
La derogación de la ley de suelo estatal actual, una normativa ultraliberal importada de EEUU en la que todo el suelo es por definición urbanizable, y el retorno al modelo europeo de ley de suelo en el queeste es por definición protegido.
5.
La derogación de la actual ley de expropiación y la elaboración de una nueva ley que impida los abusos que actualmente se cometen por vía de la
expropiación forzosa.
6.
La elaboración de una nueva ley de financiación municipal que otorgue a
los ayuntamientos nuevas fuentes de financiación.
7.
La elaboración de una nueva ley de financiación de partidos que regule la
finanaciación ilegal y la proveniente de la construcción y la especulación del suelo.
8.
Fiscalidad sobre viviendas vacías, que puede servir también como financiación alternativa para los ayuntamientos.
9.
Mecanismos de vigilancia estatales y comisiones de seguimiento.
10.
Comisiones técnicas ajenas a cualquier signo político.
11.
Potenciar los consejos autonómicos de urbanismo
12.
Reducir el margen de discrecionalidad de los planificadores
13.
Los derechos y deberes de los distintos sujetos deben establecerse en la ley y no en pactos y convenios.
14.
Recuperar, por parte de las comunidades autónomas, las posibilidad de suspender las licencias urbanísticas, eliminada por la sentencia 46/92 del tribunal constitucional por no estar incluida en la ley de bases de régimen local.
15.
La puesta en práctica rigurosa de las normativas relativas al Patrimonio
municipal de suelo
16.
Desarrollar nuevos mecanismos de control público desde el Ministerio Fiscal.
17.
Obligatoriedad de realizar una declaración anual de bienes de los cargos electos y de libre designación de los Ayuntamientos, si es que existen, y de sus familiares directos, con acceso público.
18.
Compromiso político de un pacto anticorrupción, que incluya la destitución inmediata de cualquier cargo electo o de libre designación, que esté imputado, procesado o condenado por la justicia.
19.
Modificación legal para hacer responsable económico directo a los cargos públicos que aprueben planes u obras ilegales, y a los técnicos que las informen favorablemente. Exigir el pago de los gastos de su defensa a los cargos públicos que sean condenados, al margen de sus responsabilidades penales.
20.
Potenciación de las fiscalías anticorrupción y contra los delitos medioambientales y urbanísticos con dedicación exclusiva. Crear juzgados provinciales especializados en este tipo de delitos.
21.
Regular el papel de la banca en la especulación.
22.
Desarrollar una cultura de la transparencia destinada a informar al ciudadano de cada paso en la gestión del suelo, incluyendo medidas como colocar pancartas en solares afectados.
23.
Una transformación en la financiación europea que se destina a menudo a grandes infraestructuras yproyectosquefavorecen la especulación del suelo y el desarrollo urbanístico insostenible, mientras se descuidan sistemáticamente las infraestructuras destinadas a mantener y mejorar la calidad de vida del ciudadano, que se encuentra en una situación de precariedad creciente.
24.
Prohibición de venta de los aprovechamientos urbanísticos de los Ayuntamientos y de suelos públicos para usos que no sean equipamientos públicos o viviendas protegidas.
25.
Prohibición de Modificaciones Puntuales que tengan por objeto reclasificar suelos no urbanizables a urbanizables, o recalificar suelos terciarios, industriales, de equipamientos, zonas verdes... a usos residenciales.
26.
Obligatoriedad de construcción de los equipamientos con carácter previo a los desarrollos inmobiliarios.
27.
Mecanismos para regular que la especulación del suelo se produzca de forma masiva en manos de muy pocos propietarios (por ejemplo, seis promotores son dueños de casi 200 millones de metros cuadrados en Madrid).
28.
Los informes del tribunal de cuentas deben ser vinculantes.
29.
Hay que tipificar las reparcelaciones como delito urbanístico.
30.
Las elecciones municipales deben ser con listas abiertas e independientes de partidos, constituidas por habitantes del municipio.
2.
Reforzar y agilizar sustancialmente las leyes, que actualmente desamparan al ciudadano y al territorio.
1.
la creación deuna ley rápida, como en el caso de la ley de género,que permita la actuación ágil de la ley en los abusos urbanísticos y medioambientales, tanto en la prevención como en la penalización y paralización.
2.
sentencias ejemplares en todos los casos abiertos en la actualidad.
3.
reforzar y ampliar las fiscalías de urbanismo y medioambiente y las de anticorrpución.
4.
reforzar y ampliar los contigentes de guardia civil y las medidas para detectar los fraudes, las construcciones ilegales y otros tipos de delitos.
5.
la aplicación de las leyes existentes destinadas al control del desarrollo urbanístico, la defensa del medioambiente y la lucha contra la especulación del suelo, que se vulneran sistemáticamente, la articulación de mecanismos
legales que pongan en práctica el artículo 47 de la constitución y persigan
expresamente la especulación,