Gráfica 1. Número de personas detectadas, no detectadas del 2014 al 2025 y tendencia nacional estimada del 2014 al 2019 en México.

Del 2014 al 17 de noviembre del 2025 continúan vivas 174 mil 034 personas; en el mismo periodo, lamentablemente han fallecido 12 mil 679 y de 883 se desconoce su situación. Durante la pandemia derivada del coronavirus, los servicios de salud focalizaron su trabajo en la atención en la pandemia, lo que generó una baja cobertura en el acceso a pruebas de detección de VIH y otras ITS en el país.

Esta tendencia negativa persiste: tan solo en el último año (2025), la detección a nivel nacional cayó un 13.6% en comparación con 2024 de 18 mil 895 a 16 mil 325 diagnósticos, lo que evidencia que el sistema aún no recupera.

Se estima que, con base en la tendencia de detecciones del 2014 al 2019, a partir del 2020 y hasta el cierre del 2025, en México seguirán cerca de 43 mil 490 personas sin saber si viven o no con el virus.

En Hidalgo son 978 personas que seguirán sin saber que viven con el virus (rezago del 2020 al 2025). Además, en los últimos 5 años, Hidalgo ha promediado la detección de una persona al día. Esto resulta preocupante en cuanto a la capacidad técnica y estructural, ya que sólo se cuenta con un CAPASITS en el estado; el cual debe ser ampliado y, necesariamente, construir uno nuevo al norte de Hidalgo.

Imagen 2. Sistema de vigilancia epidemiológica de VIH en México

Gráfica 2. Número de personas detectadas, no detectadas del 2014 al 2025 y tendencia nacional estimada del 2014 al 2019 en el estado de Hidalgo.

Imagen 3. Entrega de folletería en jornada de salud sexual y (no) reproductiva a la población. Folleto: Derechos Humanos de las personas que vivimos con VIH.

Imagen 4. Integrante de la Red de personas consejeras de VIHda y salud sexual aplicando una prueba.

En 2025, el trabajo conjunto entre SEIINAC y la Red de personas consejeras de VIHda permitió aplicar 2 mil 107 pruebas en Hidalgo, Oaxaca, Estado de México y Ciudad de México. El resultado de las aplicaciones fue que se dio un resultado reactivo a 51 personas (2.51% del total) y en Hidalgo se contribuyó con el 10% de las detecciones de todo el estado durante 2025. 

Por otro lado, se obtuvieron 23 resultados reactivos a sífilis y 1 resultado reactivo a Hepatitis C. Esto también se ve impactado por el desabasto de pruebas con las que se cuenta de parte del sector salud, pues, al no haber insumos, no hay detecciones y por lo tanto no hay acceso a tratamiento.

Lamentablemente, en 2025 solo se han detectado 332 personas en el estado, lo que representa una caída del 21.5% en comparación con el año anterior y que a su vez representa una negligencia a su salud (423 personas en 2024).

De acuerdo con la tendencia histórica, este año 636 personas debieron haber conocido su resultado reactivo; es decir, la falta de capacidad técnica y de insumos ha dejado invisibles a más de 300 personas que hoy viven con VIH sin saberlo.

Sin embargo, en lugar de ampliar servicios, los esfuerzos estatales han disfrazado de “salud pública” lo que en realidad es persecución, pues instituciones como la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Hidalgo (COPRISEH) insisten en fiscalizar a las personas trabajadoras sexuales (principalmente mujeres) tratándolas erróneamente como un “grupo de riesgo” sanitario.

La política de control sanitario impuesta por la COPRISEH, más que una medida de salud, opera como un mecanismo de vigilancia y fiscalización sobre los cuerpos. La evidencia en municipios como Tulancingo, donde apenas el 10% cuenta con dicha autorización, revela que condicionar el trabajo a un trámite burocrático solo profundiza la precariedad.

Lejos de garantizar bienestar, estas prácticas perpetúan una violencia institucional que empuja a las personas a la clandestinidad para protegerse del estigma y la discriminación. La salud pública debe construirse desde y con el reconocimiento de la autonomía y la dignidad, no desde el miedo a perder el sustento ni ignorando la evidencia científica de que indetectable es intransmisible.

El objetivo real debe ser dejar de criminalizar y perseguir a la población, pues son las barreras estructurales y los contextos sociales y económicos los que colocan, principalmente a las mujeres cis, trans y migrantes, en condiciones de mayor vulnerabilidad. Por ello, recordamos a las instituciones que debe haber una política pública con la participación de las personas a quienes va dirigida.

Imagen 6. Se necesitan leyes que reconozcan a la diversidad sexogenérica y que busquen darantizar un ejercicio pleno de derechos.

• La construcción de un nuevo CAPASITS en la zona norte del estado de Hidalgo.

• La ampliación y fortalecimiento del CAPASITS actual en Pachuca.

• La flexibilización de los horarios y procesos de citas, reconociendo las realidades laborales, educativas y de transporte de las personas usuarias.

• Máxima publicidad y transparencia de los mecanismos administrativos existentes que facilitan el acceso a cita sy medicamentos.

• A la COPRISEH y autoridades municipales: el cese inmediato de las políticas de control sanitario punitivo contra las personas trabajadoras sexuales y a la CDHEH la revisión de oficio de dicha política.

• Abasto ininterrumpido de pruebas rápidas de VIH, Sífilis y Hepatitis C en todos los niveles de atención hospitalaria, para revertir la caída del 21.5% en la detección estatal y erradicar la transmisión vertical.

• A los medios de comunicación a continuar informando a a la población utilizando términos que no vulneren los derechos humanos de las personas, así como a no reproducir discursos estigmatizantes hacia las personas que viven con VIH o alguna otra infección de transmisión sexual ni a las personas que se dedican al trabajo sexual.

Imagen 7. Nuestros derechos, nuestra salud, nuestra lucha.