Un Estado que blinda edificios pero no protege la vida de las mujeres
Un Estado que blinda edificios pero no protege la vida de las mujeres
Pachuca de Soto, Hidalgo, a 24 de noviembre de 2025
COM/SEIINAC/09/2025
25N: Un Estado que blinda edificios mientras deja desprotegidas las vidas de las mujeres
Panorama de la violencia en Hidalgo 2025: Una denuncia familiar cada hora y el estancamiento de la crisis feminicida
En este Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y a 65 años del legado de las hermanas Mirabal, desde SEIINAC nos pronunciamos con respeto y memoria por todas las niñas, adolescentas y mujeres que nos han sido arrebatadas. Hoy, nuestras exigencias son claras: demandamos el cese de la violencia feminicida, la correcta acreditación de cada muerte violenta, verdad y justicia expedita.
Gráfico 1. Número de víctimas anuales por el delito de feminicidio en Hidalgo
Antimonumenta colocada en memoria de todas las mujeres víctimas de la violencia feminicida. Memoria, verdad y justicia para todas las víctimas.
Mientras que los datos oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) reportan 15 víctimas de feminicidio al corte de octubre de 2025, el registro ciudadano de SEIINAC documenta 58 muertes violentas de mujeres.
Si bien esta cifra representa una disminución respecto a las 85 muertes documentadas en el mismo periodo de 2024, nos preocupa un cambio en el patrón, los aparentes accidentes se duplicaron porcentualmente, pasando del 10% el año anterior al 20% en este 2025.
Gráfico 2. Tasa de homicidios de mujeres en México por cada 100 mil mujeres durante 2024
Gráfico 2. Tasa de feminicidios en México por cada 100 mil mujeres durante 2024
Aunque no podemos afirmar con certeza que sean feminicidios, el incremento genera una duda fundada que no puede ser ignorada. Por ello, recordamos la obligatoriedad de la Sentencia Mariana Lima Buendía, la cual establece que toda muerte violenta de una mujer (incluidas aquellas que aparentan ser suicidios o accidentes) debe ser investigada de inicio con perspectiva de género.
La urgencia de aplicar dicha perspectiva se confirma al contrastar los propios datos oficiales, los cuales revelan una paradoja:
La entidad ocupa el lugar 30 a nivel nacional en homicidios dolosos de mujeres por cada 100 mil mujeres (tasa de 3.59), situándose como uno de los estados con menor violencia extrema generalizada. Sin embargo, en el delito de feminicidio, Hidalgo escala hasta la posición 20 (tasa de 1.18). Esta disparidad de 10 posiciones confirma que la violencia en el estado tiene un sesgo de género estructural; las mujeres no mueren por la inseguridad común, son asesinadas por razones de género.
Esta violencia extrema no es un hecho fortuito, es la culminación de un sistema que llega tarde, a esto se suma el no realizar investigaciones con debida diligencia y perspectiva de género, lo cual niega la verdad y la justicia para las víctimas. El Estado está fallando en su deber de prevención y estas muertes no son sucesos aislados, sino el resultado de la ausencia de medidas de protección efectivas para niñas, adolescentas y mujeres que vivían en entornos de riesgo. La evidencia está en los números de Violencia familiar: durante 2024, Hidalgo registró 6 mil 802 carpetas de investigación por este delito, ubicándose también en el lugar 20 a nivel nacional.
Esto revela una realidad operativa abrumadora:
Vallas colocadas el 8 de marzo en Palacio de gobierno y represión policial hacia las personas manifestantes.
Estas 6 mil 802 denuncias son alertas tempranas que el Estado no logra desactivar. Mientras que la violencia criminal es baja, la violencia machista en los hogares se mantiene y la capacidad de respuesta es insuficiente para evitar un feminicidio.
En este contexto, resulta irónico que se levanten cercos metálicos en el espacio público bajo la premisa de proteger los bienes inmuebles y el orden. Sin embargo, desde la sociedad civil nos preguntamos: ¿Cuál es el bien público supremo si no es la vida misma?
El contraste es doloroso: mientras se despliega una eficiencia logística inmediata para blindar monumentos y edificios de piedra, miles de mujeres siguen esperando esa misma celeridad para obtener una orden de protección o una investigación eficaz. Si el Estado mostrara el mismo celo para proteger la integridad de las mujeres que el que muestra para resguardar sus fachadas, hoy no estaríamos contando 58 muertes violentas.
Gráfico 3. 20 municipios con mayor tasa de delitos sexuales en Hidalgo por cada 100 mil personas
Gráfico 4. Relación entre la edad de la madre y del padre en partos de niñas y adolescentas menores de 18 años en Hidalgo en 2024
En Hidalgo, la integridad y la libertad de las niñas, adolescentas y mujeres siguen siendo una deuda pendiente. Pues persiste la violencia sexual, obstaculizando el derecho a vivir sin miedo y a desarrollar su proyecto de vida con plena autonomía.
La violencia sexual en el estado presenta una escalada que no puede ignorarse, pues de acuerdo con cifras del SESNSP, en lo que va del año se han registrado 1 mil 731 carpetas de investigación por delitos sexuales. Al analizar estos datos detectamos que el riesgo se ha desplazado hacia zonas periféricas.
Los focos rojos ya no son exclusivos de la zona capital; los 10 municipios más peligrosos hoy en proporción a su población son: San Agustín Tlaxiaca (tasa de 88.7), Tlahuelilpan (tasa de 86.4), Pachuca de Soto (tasa de 85.0), San Agustín Metzquititlán (tasa de 84.8), Eloxochitlán (tasa de 78.4), Huazalingo (tasa de 77.4), Almoloya (tasa de 75.6), Emiliano Zapata (tasa de 75.1), Tulancingo de Bravo (tasa de 72.2) y Progreso de Obregón (tasa de 72.1).
Como resultado directo de esta inseguridad que se vive en los municipios, los cuerpos de las niñas y adolescentas continúan pagando el costo de la desprotección estatal. Los registros de la Secretaría de Salud (2024) documentan que en Hidalgo se registraron 869 partos en adolescentas de 17 años, 697 en las de 16 años y 344 en las de 15 años. Lamentablemente, la incidencia en niñas menores de 15 años, con 100 partos en niñas de 14 años, 21 en las de 13 años y un caso en una niña de 12 años.
Resulta particularmente alarmante que,
Gráfico 5. Número de víctimas por trata de personas durante 2025 dividido por sexo y rango de edad.
Gráfico 6. Porcentaje de víctimas por trata de personas durante 2025 dividido por sexo y rango de edad.
Gráfico 7. Número de víctimas por corrupción de menores durante 2025 dividido por sexo y rango de edad.
Gráfico 8. Porcentaje de víctimas por corrupción de menores durante 2025 dividido por sexo y rango de edad.
Estos datos evidencian una asimetría de poder y edad que sugiere la comisión de delitos sexuales, revelando una falla estructural en los mecanismos de prevención y protección del Estado hacia las infancias.
De acuerdo a los delitos que vulneran la vida, libertad e integridad de las niñas y adolescentas se registraron 37 niñas y adolescentas víctimas de corrupción de menores frente a 8 casos en adultas. En cuanto a trata de personas, los datos del periodo actual muestran que el 60% son menores de 18 años (3 víctimas) y el 40% adultas (2 víctimas).
Todas las violencias que se expresan en este documento, son vivencias, experiencias atravesadas por los cuerpos y vidas de las niñas, adolescentas y mujeres hidalguenses.
Ante este panorama exigimos:
Al Poder ejecutivo respeto al derecho de la protesta, la iconoclasia y la manifestación en las calles como respuestas políticas legítimas, no delitos a perseguir.
Al Poder legislativo que garantice recursos para la atención de la violencia de género y llamar a cuentas a los responsable de la seguridad pública para explicar por qué, tras una década de acciones y tres del gobierno actual los feminicidios siguen estancados en la misma cifra.
Al Poder judicial que erradique las prácticas dilatorias que obstaculizan el acceso a una justicia pronta y expedita, la aplicación del Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género sea una norma procesal estricta en la valoración probatoria y el análisis de contexto. Asimismo, que las sentencias condenatorias aseguren la ejecución efectiva de una reparación integral del daño que trascienda lo económico.
A la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH) que dé fin al silencio cómplice sobre el 8M, pues a más de 8 meses de la represión policial en Plaza Juárez, la queja de oficio CDHEH-VG-0441-25 sigue sin resolución pública, así como las violaciones a derechos humanos en feminicidios.
A la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (PPNNA) que, ante los 122 partos en niñas menores de 15 años documentados por Salud, exigimos saber cuántos cuentan con un Plan de Restitución de Derechos.
A la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo que las investigaciones de muertes violentas de niñas, adolescentas y mujeres sean conducidas con oficiosidad, oportunidad, competencia, independencia, exhaustividad y participación de las personas víctimas y familiares.
Al IMSS-Bienestar el abasto total de insumos y medicamentos para la ILE e IVE y gratuidad absoluta del servicio.