Planteamiento del problema
La vivienda es aquella edificación que nos brinda refugio, nos protege de situaciones climáticas adversas, nos da intimidad y un espacio donde guardar nuestras pertenencias, es decir, es un bien esencial, razón por la cual esta debe cumplir con ciertas condiciones para ser habitada. La vivienda es un derecho humano, sin embargo, por causas económicas y sociales, existe un déficit en la vivienda. El déficit habitacional es aquel que se define como los estados de carencia en la satisfacción de necesidades de alojamiento de los hogares. Existe el déficit cualitativo y cuantitativo.
El déficit cualitativo corresponde a aquellos hogares cuyas viviendas no disponen de material apropiado según los “estándares mínimos establecidos para la protección de la vida familiar” (materiales de muros, techo y piso y estado de conservación de las edificaciones) así como en viviendas que no cuentan con servicios básicos (agua potable, alcantarillado, electricidad).
El déficit cuantitativo de vivienda se basa en la comparación entre el número de hogares y el de viviendas permanentes. Al tomar en cuenta únicamente el número de viviendas se dejan de lado consideraciones tales como los materiales utilizados en su construcción o su estado de conservación. Si bien a simple vista pareciera ser que estas variables son de carácter más bien cualitativo, el mal estado de ciertas partes de la vivienda puede provocar que esta sea inhabitable. En síntesis, se considera que el déficit cuantitativo incluye tanto los hogares que comparten una vivienda, como aquellos que ocupan viviendas de un carácter muy precario.
En el caso de Latinoamérica, muchas personas tienen donde vivir, pero carecen de elementos como tenencia legal de la tierra, espacio suficiente y acceso a servicios básicos como agua potable, alcantarillados y salud, para vivir seguras y en paz.
Según datos publicados durante la XVI Asamblea General de ministros y Autoridades Máximas de América Latina y el Caribe en 2007, apenas el 60% de las familias en la región posee viviendas adecuadas. Por otro lado, el 22% vive en habitaciones que requieren mejoras y el 18% necesita casa nueva.
El Salvador no que exento de esta situación, de acuerdo con estimaciones realizadas por el PNUD en el Informe de Desarrollo Humano El Salvador 2013, el déficit cuantitativo para el año 2012 es de 33,131 viviendas, equivalente al 2.1 % del parque habitacional, mientras que el cualitativo asciende a 413,072 viviendas, equivalente al 25.9 % del parque habitacional. Ambos déficits suman más de 446,000 viviendas, es decir, el 28% del parque habitacional, cuantificado en 11,595,493 unidades.
Por otro lado, el BID arroja otras estimaciones que reflejan mejor la magnitud del problema habitacional en el país. Además de las deficiencias en infraestructura básica y materiales de construcción, el BID considera que el grado de hacinamiento y la inseguridad en la tenencia de la vivienda forman parte del déficit cuantitativo y cualitativo, respectivamente. En base a datos del año 2009, la organización cifra al déficit habitacional en un 58 % de hogares salvadoreños, 41% de carácter cualitativo y 8 % de carácter cuantitativo. Adicionalmente, calcula que el 78 % del déficit global se encuentra concentrado en una quinta parte de menores ingresos per cápita a nivel urbano. Estadísticas que brinda el VMVDU al respecto coinciden con dicha afirmación: al menos el 70 % del registro nacional de familias con necesidades habitacionales obtiene ingresos menores a 1 salario mínimo mensual.
Un eje esencial de la problemática es el acceso al suelo. En el país el acceso a suelo está regido por las reglas del mercado y éstas no apuntan a la satisfacción de derechos elementales, sino a la creación e incremento del lucro sobre la propiedad y el capital de las clases poseedoras.
El mercado no provee tierra para que los pobres construyan allí sus viviendas, y por ello deben asentarse en zonas alejadas, carentes de servicios imprescindibles, o directamente tomar terrenos en las laderas, que se deslavan, y arrastran con ello sus modestas edificaciones, o en las orillas de ríos que crecen y se llevan las precarias construcciones, o próximos a depósitos de basura o en zonas tugurizadas de las ciudades. A esto se le suma el alto nivel de violencia e inseguridad ciudadana, que incide “desde la planificación y el diseño de casas hasta su ocupación y posterior mantenimiento. Existen barrios o porciones de ellos desocupados por la situación de inseguridad”.
Pese a lo anterior, hay que tomar en cuenta que se han presentado tanto por parte del Estado, como de la empresa privada y organismos no gubernamentales propuestas para mejorar la situación de la vivienda y el hábitat. Sin embargo, esto no ha sido suficiente.
También se ha llegado a determinar que los 21.041 km² de superficie territorial con los que cuenta nuestro país, no son suficientes para proporcionar una vivienda por cada familia, ya que en su mayoría los proyectos ofrecen soluciones habitacionales horizontales, lo que ha llevado a elevar el costo de la tierra y por ende el de la vivienda.
Es bien sabido que ante esta problemática se debe comenzar a construir complejos habitacionales verticales o multifamiliares para familias de escasos recursos y que no tengan opción de poder adquirir una vivienda unifamiliar. Se debe ofrecer un proyecto de vivienda para dar cobertura al déficit habitacional que existe en nuestro país, sin embargo, la gran cantidad de proyectos habitacionales unifamiliares que están ofertando las empresas constructoras tienen costos muy elevados.
La mayoría de habitantes no alcanza las expectativas de las mismas y se estarán ejecutando muchos proyectos que hoy en día quieren ser descentralizados del AMSS y sus municipios, pero por las mismas condiciones económicas que atraviesan la mayoría de los habitantes de este país, que son la clase más necesitada ya que los costos de transporte se han incrementado y eso imposibilita la adquisición de viviendas en las afueras de la capital.