Ejecución

1. La Vivienda

La vivienda es un bien privado y tiene características especiales que la diferencian de otros bienes. Por ejemplo, la vivienda satisface una necesidad básica de las personas y las familias. Por ser un bien duradero, es la decisión financiera más importante de una familia. Se utiliza como mecanismo de acumulación de riqueza. Por ser un bien “inmueble” no se puede trasladar a o consumir en otra ubicación y representa un conjunto de componentes que la diferencian de otros bienes como el suelo, la infraestructura, los servicios, el equipamiento y la edificación misma. Estas características no son valoradas igual por todos. El Salvador cuenta con 1,580,199 hogares, de los cuales el 66% está en el área urbana y el 34% en la zona rural.

En el hogar no solo se desarrolla la vida privada de las personas, sino también es un espacio de reunión, convivencia, protección y cuido de la familia y la comunidad. En pocas palabras, es una necesidad básica de la condición humana. Según el artículo 119 de la constitución salvadoreña, “se declara de interés social la construcción de viviendas, naciendo una obligación por parte del Estado de procurar que todo salvadoreño tenga acceso a una vivienda que reúna las condiciones mínimas para su desarrollo personal.”

La vivienda como derecho humano

El derecho a una vivienda adecuada es un derecho humano reconocido en la normativa internacional de los derechos humanos como elemento integrante del derecho a un nivel de vida adecuado. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, generalmente considerado como el instrumento central para la protección del derecho a una vivienda adecuada, reconoce “el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia” (art. 11). Cabe mencionar, que fue a partir de la segunda mitad del siglo XX, se ha incluido este derecho dentro de los derechos fundamentales, agregándole el calificativo de digna. En las constituciones previas a 1950 no se encuentra ninguna alusión relativa a los derechos económicos, sociales y culturales; porque estos aparecen hasta en 1948 en la Declaración Universal de Derechos Humanos.

La razón de ser de estos derechos, se basa en el hecho de que el pleno respeto a la dignidad del ser humano, a su libertad y a la vigencia de la democracia, que solo es posible si existen las condiciones económicas, sociales y culturales que garanticen el desarrollo de esos hombres y esos pueblos. Entonces, se puede deducir que hay un condicionamiento en el cumplimiento de estos derechos a las posibilidades reales de cada país, de allí que la capacidad para lograr la realización de los mismos varía de país a país.

En El Salvador, es hasta el año 1949 se elabora el primer Diagnóstico Habitacional como parte del plan de gobierno del Mayor Oscar Osorio. Aunque no hay mención de tugurios o de invasiones, el Diagnóstico estimó que había que aumentar la producción anual de viviendas en 500 unidades, sólo para alojar a las nuevas familias formadas en el Área Metropolitana de San Salvador.

Es hasta la promulgación de la Constitución de 1983, donde en relación al derecho a la vivienda se consagra en: Articulo 101 “El orden económico debe responder esencialmente a principios de justicia social, que tiendan a asegurar a todos los habitantes del país una existencia digna del ser humano…” El derecho a la vivienda (debido a la fuerte influencia del derecho social y según las nuevas corrientes constitucionalistas), debe entenderse más allá del simple derecho a la tenencia o posesión de la vivienda, debe entenderse como el derecho a una vivienda digna, lo que puede definirse como el derecho de toda persona a acceder a un hábitat en el que pueda desarrollar su vida habitual conforme a su dignidad personal, el lugar donde el individuo habrá de conservar su vida, su salud, su integridad tanto física como moral, contando con las condiciones mínimas necesarias para lograr tal existencia y desarrollo.

Condiciones de una vivienda adecuada

Deben satisfacerse varias condiciones para que una forma particular de vivienda pueda considerarse que constituye “vivienda adecuada”. Estos elementos son tan fundamentales como la oferta y disponibilidad básicas de vivienda. Para que la vivienda sea adecuada, debe reunir como mínimo los siguientes criterios:

• La seguridad de la tenencia: la vivienda no es adecuada si sus ocupantes no cuentan con cierta medida de seguridad de la tenencia que les garantice protección jurídica contra el desalojo forzoso, el hostigamiento y otras amenazas.

• Disponibilidad de servicios, materiales, instalaciones e infraestructura: la vivienda no es adecuada si sus ocupantes no tienen agua potable, instalaciones sanitarias adecuadas, energía para la cocción, la calefacción y el alumbrado, y conservación de alimentos o eliminación de residuos.

• Asequibilidad: la vivienda no es adecuada si su costo pone en peligro o dificulta el disfrute de otros derechos humanos por sus ocupantes.

• Habitabilidad: la vivienda no es adecuada si no garantiza seguridad física o no proporciona espacio suficiente, así como protección contra el frío, la humedad, el calor, la lluvia, el viento u otros riesgos para la salud y peligros estructurales.

• Accesibilidad: la vivienda no es adecuada si no se toman en consideración las necesidades específicas de los grupos desfavorecidos y marginados.

• Ubicación: la vivienda no es adecuada si no ofrece acceso a oportunidades de empleo, servicios de salud, escuelas, guarderías y otros servicios e instalaciones sociales, o si está ubicada en zonas contaminadas o peligrosas.

• Adecuación cultural: la vivienda no es adecuada si no toma en cuenta y respeta la expresión de la identidad cultural.

Según la Comisión de Asentamientos Humanos y la Estrategia Mundial de Vivienda, el concepto de vivienda digna y adecuada debe cumplir con las siguientes cualidades: Construcción en un espacio apropiado, seguridad, iluminación, ventilación. Una vivienda digna se encuentra inserta en un espacio con infraestructuras, zonas verdes y equipamientos adecuados.

Vivienda de interés social

Se puede definir como el tipo de vivienda que va destinada a familias de escasos ingresos económicos y cuyas viviendas son deficientes, ya sea del área urbana o rural. Esta vivienda debe ser una solución al problema habitacional, pero de ninguna manera se sacrificará la calidad de las mismas, es de vital importancia que cumpla las condiciones mínimas de habitabilidad y satisfaga las demandas de este sector, sobre todo debe ser una vivienda digna, La vivienda social por lo tanto debe contar con los siguientes aspectos:

• Servicios Básicos (agua potable, evacuación de aguas negras y residuales, evacuación de aguas lluvias, energía eléctrica.).

• Dentro de las características del terreno deberá contar con fácil acceso peatonal y vehicular, cercanías de bienes y servicios.

• La vivienda debe contar con características bioclimáticas para mejorar el confort de los habitantes.

• Espacios adecuados para los diferentes tamaños de grupos familiares.

En El Salvador, la vivienda de interés social surgió a mediados del siglo XX, en el mandato de Óscar Osorio, con el fin de cubrir las necesidades de las personas que se movilizaban desde el área rural al área metropolitana.

La creación de las instituciones que promovían la vivienda social se realizó luego de que la Unión Panamericana y el Mejoramiento Social realizaran una serie de investigaciones y estudios, con el objetivo de establecer normas para el criterio en la adquisición de terrenos y el sistema que se seguiría para escogerlos, y al mismo tiempo dar sugerencias para facilitar el trabajo de la institución.

2. Déficit de vivienda

El déficit de vivienda se define como los estados de carencia en la satisfacción de necesidades de alojamiento de los hogares. Según lo cual, la satisfacción de las necesidades de alojamiento debe considerar dos aspectos: la autonomía residencial y la calidad del local de habitación y de los servicios básicos para asegurar a las familias adecuada protección del medio ambiente, tanto físico como social, y permitir el desarrollo de las funciones familiares de acuerdo a los patrones culturales predominantes, además de satisfacer necesidades de pertenencia, arraigo e identidad.

Déficit cualitativo

El déficit cualitativo corresponde a aquellos hogares cuyas viviendas no disponen de material apropiado según los “estándares mínimos establecidos para la protección de la vida familiar” (materiales de muros, techo y piso y estado de conservación de las edificaciones) así como en viviendas que no cuentan con servicios básicos (agua potable, alcantarillado, electricidad). Según los indicadores de materialidad, se clasifican las viviendas en buena, aceptable, recuperable y deficitaria y, según los indicadores de saneamiento se clasifican en buena, aceptable, regular, menos que regular o deficitaria.

Déficit cuantitativo

La definición tradicional de “déficit cuantitativo” de vivienda se basa en la comparación entre el número de hogares y el de viviendas permanentes. Al tomar en cuenta únicamente el número de viviendas se dejan de lado consideraciones tales como los materiales utilizados en su construcción o su estado de conservación. Si bien a simple vista pareciera ser que estas variables son de carácter más bien cualitativo, tienen un trasfondo que trasciende este aspecto. Una vivienda cuyo techo es de un material tan precario que no impide la entrada de lluvias y temporales, no cumple con el objetivo de proteger a sus moradores contra las inclemencias del tiempo, por lo que esta situación debiera considerarse como parte del déficit cuantitativo.

El déficit cuantitativo estima la cantidad de viviendas que la sociedad debe construir o adicionar al parque existente para absorber las necesidades acumuladas (esta cantidad reúne familias en viviendas miserables y familias “allegadas”). En suma, se trata de estimar las nuevas unidades necesarias para que exista una relación uno a uno entre viviendas adecuadas y familias que necesitan alojamiento.

Desde julio del año 2010, el Viceministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano (VMVDU) ha puesto a disposición, un documento con datos del parque y el déficit habitacional del país, con cifras resultantes del VI Censo de Población y V de Vivienda del 2007, sin el ajuste por omisión informado por la DIGESTYC, Dirección General de Estadística y Censos del Ministerio de Economía, en julio de 20091. En dicho de documento se concluye que, el parque habitacional total informado es de 1,668,227 viviendas. De este total 1,085,343 se encuentran en el ámbito urbano y 582,884 en el rural. El déficit habitacional es de 360,301 viviendas. De esta cifra, 315,918 unidades conforman el déficit cualitativo y 44,383, el déficit cuantitativo. Más del 70% del déficit cuantitativo se concentra en los departamentos de San Salvador (36.97%), Santa Ana (15.67%), La Libertad (12.42%) y Sonsonate (9.01%). Más del 30% de déficit cualitativo se encuentra en los departamentos de Sonsonate (11.04%), Ahuachapán (10.41%) y San Miguel (10.08%).

Por su parte, el BID arroja otras estimaciones que reflejan mejor la magnitud del problema habitacional en el país. Además de las deficiencias en infraestructura básica y materiales de construcción, el BID considera que el grado de hacinamiento y la inseguridad en la tenencia de la vivienda forman parte del déficit cuantitativo y cualitativo, respectivamente. En base a datos del año 2009, el organismo cifra al déficit habitacional en un 58 % de hogares salvadoreños, 41 % de carácter cualitativo y 8 % de carácter cuantitativo. Adicionalmente, calcula que el 78 % del déficit global se encuentra concentrado en el quintil de menores ingresos per cápita a nivel urbano.

De acuerdo al INFORME SOBRE EL DESARROLLO HUMANO EL SALVADOR 2013 PNUD, para 2012, existe un parque habitacional de 1, 595,493 viviendas, de las cuales 446,203 corresponde al déficit habitacional de ese año. Siendo el déficit cualitativo 413,072 (93%) viviendas y con déficit cuantitativo 33, 131 (7%). También determina que del total de hogares (1, 628, 106), el déficit habitacional de El Salvador afecta al 58% de, es decir, aproximadamente a 944 mil familias (944,301) (BID, 2012). De estas, 642, 125 familias son urbanas, 9% con déficit cuantitativo (57,791familias) y 41% con déficit cualitativo (263,271 familias). También el 74% de los hogares rurales están en déficit, es decir, 412, 198.

Esto lleva a determinar que los 21.041 km² de superficie territorial con los que cuenta nuestro país, no son suficientes para proporcionar una vivienda por cada familia, ya que en su mayoría los proyectos ofrecen soluciones habitacionales horizontales, lo que ha llevado a elevar el costo de la tierra y por ende el de la vivienda. Ante esta problemática se debe comenzar a construir complejos habitacionales verticales o multifamiliares para familias de escasos recursos y que no tengan opción de poder adquirir una vivienda unifamiliar.

Proyecciones a futuro

Proyecciones futuras La población crece a una tasa anual próxima al 1.68%, es decir, para el año 2025 el número de habitantes estimados para El Salvador será de 9,062,300 según el Plan Nacional de Ordenamiento y Desarrollo Territorial (2005). La densidad poblacional pasaría de 340 hab/km2 a 440 hab/km2. Con este incremento de la densidad, la presión sobre el espacio se eleva grandemente, con el agravante de crecer horizontalmente, reduciendo las posibilidades para que el agua penetre en los mantos acuíferos. Todo esto crea la necesidad de racionalizar los usos del espacio para que El Salvador sea viable como país, de ahí, la necesidad de volver a la ciudad construida, de hacer ciudad sobre la ciudad.

3. Oferta y demanda

Existe un desequilibrio recurrente entre la oferta y la demanda efectiva de viviendas. La oferta disponible se concentra principalmente en los tramos de mayores ingresos, dejando desatendido a un importante segmento del mercado de la población. Destaca la importancia del trabajo de las ONG en la labor de ejecución de proyectos y financiamiento para la adquisición de viviendas, en contraposición a las cifras de las entidades gubernamentales encargadas de este ramo.

Los datos al 1º de octubre de 2010, muestran una demanda de 37,093 familias registradas. Esta se concentra en el departamento de San Salvador, con 13,023 casos. La cifra en este departamento se incrementa a 13,418, si el dato considerado para el análisis geográfico es la preferencia de localización de la vivienda que se solicita. En relación al nivel de ingresos, la distribución de la demanda habitacional se concentra casi en su totalidad, en los estratos económicos inferiores. El 70.5% de la demanda (26,167 familias) percibe ingresos inferiores a un salario mínimo mensual (USD $207.6) y el 21.4% (7,938 familias) percibe ingresos entre uno y dos salarios mínimos mensuales (SMM).

La demanda con ingresos entre dos y tres SMM se conforma por 2,221 familias y representa un 6% del total y aquella con ingresos mayores a tres SMM, se constituye con 772 familias que representan un 2.1% de las solicitudes inscritas en el RUI. Independientemente del indicador que se utilice; las cifras nos muestran el carácter acumulativo de una problemática concentrada en el estrato de población de menores ingresos.

4. Acceso al suelo

El acceso a suelo es un eje esencial de la problemática habitacional, que no estará completamente evaluada mientras no se efectúe un enfoque particularizado de este componente, que arroje luz sobre sus características y permita proponer las acciones que es necesario emprender para darle solución, en el marco de una estrategia local, nacional y regional.

En el país el acceso a suelo está regido por las reglas del mercado y éstas no apuntan a la satisfacción de derechos elementales, sino a la creación e incremento del lucro sobre la propiedad y el capital de las clases poseedoras. Es así que el primer paso en la procura de una vivienda digna no puede darse, o se da en condiciones de precariedad e inseguridad extremas.

El mercado no provee tierra para que los pobres construyan allí sus viviendas, y por ello deben asentarse en zonas alejadas, carentes de servicios imprescindibles, o directamente tomar terrenos en las laderas, que se deslavan, y arrastran con ello sus modestas edificaciones, o en las orillas de ríos que crecen y se llevan las precarias construcciones, o próximos a depósitos de basura o en zonas tugurizadas de las ciudades. La dificultad de acceso a vivienda y suelo se hace crítica para la población de bajos ingresos.

Es importante hacer notar que un porcentaje significativo de la población gana hasta dos salarios mínimos (78.2%), y es precisamente el que no puede acceder a condiciones de mercado para la adquisición de vivienda, es decir, esta masa poblacional busca solucionar el acceso a vivienda en áreas como asentamientos precarios, mesones (que generalmente están localizados en las áreas centrales de las ciudades), y lotificaciones ilegales.

Tomando en cuenta los puntos investigados en el marco teórico, se pueden resaltar tres puntos importantes, el déficit de vivienda tanto cualitativo como cuantitativo, la falta de suelo respecto a la densidad poblacional y el acceso al suelo. Claro está que la solución a estos problemas no es diseñar residenciales que ocupen más espacio, una alternativa viable es construir hacia arriba, de esta manera se puede concentrar a más gente. en menos espacio, así como también se puede reducir el precio de la propiedad, a consecuencia de esto los precios serían accesibles para familias de clase, cuyos ingresos sean de entre 2 a 3 SMM. (Corregir)

En cuanto a la paleta de colores optamos por crear una paleta minimalista, que consta de colores, en su mayoría, neutros, para así ser coherentes con el estilo arquitectónico escogido, sin embargo, esta también tiene colores que pueden resultar llamativos y modernos.