Planteamiento del problema
La urbanización acelerada en Centroamérica desde el siglo XX ha provocado efectos positivos en ciertos aspectos, como podrían ser el aumento de la productividad laboral, crecimiento económico, innovación, etc; aumentando los ingresos económicos, una mayor satisfacción y calidad de vida. Si bien el aumento de la población urbana ha beneficiado al desarrollo de los países, también ha traído consecuencias negativas, tales como el aumento de la contaminación, problemas de circulación vial, crímenes, migración y, por ende, mayor demanda de vivienda.
El bajo desarrollo económico de las regiones centroamericanas sumado al hacinamiento y la distribución de la tierra y riquezas, ha contribuido a la escasez del suelo urbano y la falta de calidad en la vivienda para una gran cantidad de familias. En 2015, alrededor de 7.5 millones de personas (17% de la población centroamericana) se encontraban viviendo en hogares informales. Se estima que para antes de 2025 , 8 millones de personas vivirán en la misma situación, debido a la vulnerabilidad ante eventualidades económicas, ambientales y sociales. Se estima que llegará a 8 millones antes del 2025 si la tendencia se llegase a mantener.
En El Salvador, la urbanización que se desarrolló de forma desordenada provocó un déficit habitacional del 58%. No significa que no hayan viviendas, sino que la cantidad de estas no da abasto y la calidad de las mismas es deplorable; carecen de pisos, con techos adecuados y servicios básicos, entre otros factores.
La vivienda es una de las necesidades básicas del ser humano, siendo que el salario mínimo es de $300, $250 en el sector agrícola, haciendo especialmente difícil el acceso a una vivienda digna. El 14.1% de las viviendas del país tienen paredes de adobe y el 74.6% de materiales mixtos. En el área rural el 54% son mixtos y, aproximadamente, 27%. Para el piso, el 40.2% contaban con ladrillo de cemento, 25.1% cemento y 16.5% tierra, estos últimos teniendo mayor representación con un 31.8% y un 34.8% de cemento. Y para el techo, predominando la lámina con 41.4%, rural 48.6%, asbesto el 31.1%, en el área rural 23.6%, la teja también el 23.6% y en el área rural el 40.1%.
El acceso de la población a una vivienda digna es la solución a esta problemática, tanto de forma social como económica, ya que al convertirse en dueño se convierte en pieza clave para la sociedad al aportar al sistema económico además de darle la autonomía y el derecho a poseer bienes.