Presentación

Por muchos años se pensó que la mejor forma de calificar o evaluar a las instituciones públicas era a partir del cumplimiento de las normas y obligaciones que les imponía la ley. Sin embargo, esto tuvo como contraparte negativa que muchas veces éstas no resolvían problemas reales y acuciantes. Dicha situación dio lugar a un nuevo enfoque, donde si bien el cumplimiento de esas normas y obligaciones es importante, lo realmente crucial es el valor público.

Este concepto hace referencia a los beneficios reales que una institución genera a partir de sus acciones y, en consecuencia, a lo que, desde el punto de vista de la ciudadanía, realmente vale la pena. Para medirlo, Mark H. Moore, profesor de la Universidad de Harvard, desarrolló el “Triángulo Estratégico del Valor Público” que se ha convertido en la metodología fundamental para la evaluación del quehacer de las instituciones en todo el mundo.

Según Moore existen tres condiciones a cumplir simultáneamente para que una institución genere valor público y, por consiguiente, sea considerada como útil y necesaria para la sociedad. En primer término, el valor público sustantivo que produce, es decir, cuál es su aporte al bienestar de la sociedad. En segundo lugar, su legitimidad y apoyo que implica responder a la pregunta ¿cuál es el respaldo legal, social y político con que cuenta la institución para generar valor? y, por último, la capacidad operativa, que no es simplemente si su presupuesto es mucho o poco, sino más bien si cuenta con el talento humano, los procesos, las alianzas y la coordinación necesaria para que sus acciones sean exitosas.

Desde esta perspectiva, es claro para todas las personas que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) genera valor público de formas muy diversas. Con el tutelaje de los derechos laborales contribuimos a la disminución de la precariedad laboral y el aumento del trabajo decente. La información, acciones y políticas generadas dan lugar a un mejor funcionamiento del mercado de trabajo. Nuestras acciones en materia de empleo, empresariedad y economía social favorecen la inclusión laboral, y el aumento de la productividad y competitividad de empresas de todos los tipos. Igualmente, las acciones en el campo del financiamiento, asesoría, y prevención inciden positivamente en la salud, la reducción de los conflictos laborales, el mejoramiento del ambiente laboral y en las condiciones materiales de vida de la mayoría de la población. Evidentemente este impacto es mayor en contextos como el actual, donde niveles importantes de crecimiento y de estabilidad macroeconómica han favorecido una importante reducción del desempleo, el subempleo y la pobreza, así como el aumento del empleo formal y de los ingresos reales de las personas trabajadoras.

Igualmente, en los ámbitos de “legitimidad y apoyo” y “capacidad operativa”, existen importantes logros y metas cumplidas. Sobre el primero de ellos, pueden citarse los esfuerzos direccionados hacia el diálogo social tripartito permanente, la generación continua de información oportuna y de fácil acceso para la ciudadanía y una constante rendición de cuentas que hace más transparente la gestión institucional y sus resultados. 

Asimismo, en los últimos años se ha logrado aumentar la eficacia y la eficiencia de nuestro accionar. Así, mediante la formalización e institucionalización de gran cantidad de procedimientos, ha mejorado el desempeño de unidades y programas. A la vez, se ha alcanzado una mayor articulación con diversas instituciones públicas y organizaciones privadas. Sin olvidar que contamos con un talento humano sumamente especializado y comprometido. Por eso, no es de extrañar que el MTSS sea uno de los pocos entes estatales que ejecuta prácticamente la totalidad de su presupuesto. Además, se han impulsado procesos de innovación y fortalecimiento institucional mediante la Estrategia BRETE, el Sistema de Reconocimientos Sociolaborales (SIRESOL), orientado a mejorar la calidad del empleo a través del reconocimiento de buenas prácticas en las empresas, así como el programa Búsqueda Activa de Empleo (BAE), que brinda asesoría y apoyo económico para facilitar la inserción en el mercado de trabajo. De igual manera, la incorporación de la modalidad de pago por resultados en EMPLEATE incide directamente tanto en la calidad de la capacitación como en la provisión de servicios complementarios que favorecen la inserción laboral de las personas jóvenes participantes del programa.

En este contexto, los anuarios estadísticos adquieren un rol trascendental, tanto para efectos de rendición de cuentas como para la documentación del valor público generado en ámbitos como el bienestar social, la reducción de la pobreza, la inclusión social y el acceso al empleo decente. Pero también se vuelven fundamentales porque este cúmulo de información es clave para el diseño, implementación y ajuste de programas y políticas públicas. A partir de su análisis riguroso, es posible formular políticas más precisas, focalizadas y proactivas, así como introducir correcciones y mejoras oportunas.

De esta manera, el Anuario Estadístico del MTSS se concibe como una herramienta fundamental para la toma de decisiones basada en evidencia, así como también para optimizar el uso de los recursos públicos con miras a una asignación más eficiente de los presupuestos y en procura de maximizar el retorno de la inversión social realizada. 

Pero, también contar con este tipo de datos en series de tiempo tan largas abren espacios para la innovación y la creatividad. Nos permiten reflexionar sobre lo que hemos hecho bien, lo que debemos mejorar y aquellas iniciativas que deberíamos desarrollar o implementar para incidir más y mejor en el desarrollo nacional y en el bienestar de todas las personas que vivimos en, esta cada día más compleja, Costa Rica. 

Finalmente, corresponde reconocer y felicitar a todas las personas funcionarias que han hecho posible esta publicación y, en particular al equipo del Observatorio del Mercado Laboral de la Dirección Nacional de Empleo, cuyo esfuerzo no sólo permite documentar el valor del trabajo institucional, sino también fortalecer las bases para una gestión pública más sólida en beneficio de la sociedad costarricense.