La Corte Penal Internacional (CPI) representa un avance significativo en la consolidación del derecho penal internacional, al establecer por primera vez una institución permanente encargada de juzgar a individuos responsables de los crímenes más atroces contra la humanidad: el genocidio, los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad y el crimen de agresión. Fundada mediante el Estatuto de Roma en 1998 e inaugurada en 2002, la CPI surge como respuesta a la ineficacia de los mecanismos nacionales e internacionales frente a graves violaciones de los derechos humanos, tomando como antecedentes los juicios de Núremberg y Tokio, así como los tribunales ad hoc para la ex Yugoslavia y Ruanda.

Con sede en La Haya, Países Bajos, la CPI actúa bajo el principio de complementariedad, interviniendo únicamente cuando los sistemas judiciales nacionales no están dispuestos o son incapaces de llevar a cabo procesos genuinos. Su existencia simboliza el compromiso de la comunidad internacional con la justicia, la reparación de las víctimas y la prevención de futuros crímenes.