Para los derechos humanos, la población de niñez y adolescencia se refiere a los individuos que se encuentran en las etapas de desarrollo temprano y de transición hacia la adultez. Estas etapas abarcan desde el nacimiento hasta los 18 años, según la Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas. Los derechos humanos reconocen que la niñez y la adolescencia son períodos críticos en la vida de una persona, y garantizan una serie de derechos específicos para proteger y promover su bienestar, desarrollo y participación en la sociedad.
Entre los principales derechos humanos que se aplican a la población de niñez y adolescencia se encuentran:
Derecho a la protección: Los niños y adolescentes tienen derecho a ser protegidos contra toda forma de abuso, explotación, violencia, negligencia y discriminación.
Derecho a la educación: Todos los niños y adolescentes tienen derecho a acceder a una educación de calidad, gratuita y obligatoria, al menos en la educación primaria, que promueva su desarrollo integral y les prepare para participar plenamente en la sociedad.
Derecho a la salud: Los niños y adolescentes tienen derecho a disfrutar del más alto nivel posible de salud física y mental, incluyendo acceso a servicios de salud, alimentación adecuada, vivienda segura y atención médica adecuada.
Derecho a la participación: Los niños y adolescentes tienen derecho a participar en todas las decisiones que les afecten, de acuerdo a su edad y madurez, y a expresar sus opiniones libremente en todos los asuntos que les conciernen.
Derecho a la protección especial: Los niños y adolescentes que pertenecen a grupos vulnerables, como los refugiados, los migrantes, los niños con discapacidad, los niños en situaciones de conflicto armado o los niños pertenecientes a minorías étnicas, religiosas o lingüísticas, tienen derecho a una protección especial y a medidas específicas para garantizar su bienestar y desarrollo.
Estos son solo algunos ejemplos de los derechos humanos que se aplican a la población de niñez y adolescencia. Garantizar estos derechos es fundamental para proteger y promover el bienestar y desarrollo de los niños y adolescentes, así como para construir sociedades más justas e inclusivas para las generaciones futuras.
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