HACIA UN INSTITUTO DE EDUCACIÓN FORTALECIDO

Es diseñar y aplicar las estrategias institucionales, para la EDH, dirigidas a la sociedad civil y a la institucionalidad pública en general, para elevar su nivel de conocimiento y práctica en la promoción, protección y defensa de los derechos humanos. Todo ello, siguiendo los compromisos internacionales asumidos por el Estado costarricense.

En este contexto de crisis las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos, deben asumir el reto de vigilar y acompañar a los Estados a generar iniciativas de atención y reactivación que consideren las condiciones diferenciadas de las poblaciones y evitar mayores vulneraciones. Los Sistemas de Protección y Promoción Universal e Interamericano han generado recomendaciones a los Estados, para que las acciones de política pública impulsadas, se sustenten en principios claros de igualdad y no discriminación, haciendo uso de los Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos ratificados por los Estados. Este será un tema de atención prioritario del Instituto durante los próximos años.

Convoca a la construcción de una cultura de paz y de respeto a la dignidad de todas las personas y el derecho de éstas de vivir sin violencia, estigmas y discriminación.

“Un conjunto de actividades de educación, capacitación y difusión de información orientadas a crear una cultura universal de los derechos humanos. Una educación integral en derechos humanos (...) además, transmite las aptitudes necesarias para promover, defender y aplicar los derechos humanos en la vida cotidiana. La educación en derechos humanos promueve las actitudes y el comportamiento necesarios para que se respeten los derechos humanos de todos los miembros de la sociedad”

Para prevenir y contrarrestar los altos índices de violencia y discriminación que enfrenta la sociedad y orienta el camino para la construcción de sociedades más justas e inclusivas, condición indispensable para la reactivación económica. La Defensoría ha venido acumulando experiencia para asumir un papel de mayor impacto e incidir con mayor holgura en las responsabilidades del Estado en esta materia.

A. Desarrollo de habilidades, destrezas y conocimientos de la institucionalidad pública, para la construcción, ejecución y evaluación de políticas públicas con enfoque de derechos humanos, que den respuesta a los compromisos internacionales y nacionales del Estado en esta materia. Estas acciones deben ser impulsadas por medio del fortalecimiento de capacidades de las unidades de capacitación de las Instituciones, tales como: Escuela Nacional de Policía, Escuela Judicial, Centro de Capacitación del Servicio Civil, IFED del TSE, Unidad de Capacitación del Ministerio Público, Centro de Capación Hacendaria, Instituto de Formación Profesional del MEP, CENDEISS de la CCSS, CONESUP, CONARE, Universidades Públicas, Unión de Gobiernos Locales y otras. El derecho a una buena administración, pasa por la posibilidad de contar con servicios públicos, oportunos y libres de todas las formas de discriminación y estigma, donde el respeto, el acceso a la información pública y la apertura de espacios de diálogo y participación ciudadana sea una constante.

B. Desarrollo de habilidades, destrezas y conocimientos de la sociedad civil para la incidencia política y el diálogo social, en la exigibilidad de los compromisos del Estado para la garantía, protección y promoción de los derechos humanos, tales como: ONG ́s especializadas en la defensa y promoción de colectivos y grupos de poblaciones históricamente discriminadas, como; pueblos indígenas, población con discapacidad, poblaciones migrantes, poblaciones LGTBIQ+, personas menores de edad, mujeres etc. Además, organizaciones comunales o de base, asociaciones al desarrollo de lo local, juntas de educación y de salud y otras.

C. Desarrollo de estrategias de comunicación, información y campañas educativas en medios de comunicación tradicional, medios de comunicación alternativa y redes sociales. Además, elaboración de material audiovisual, gráfico; y el desarrollo de material didáctico.