Derecho a la vida y la salud 

Este derecho reconoce que, todas las personas tienen derecho a la vida y a disfrutar del más alto nivel posible de salud física y mental. Este derecho está consagrado en varios instrumentos internacionales de derechos humanos, como la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

El derecho a la vida y la salud implica varias dimensiones:

1. Derecho a la vida: Todas las personas tienen derecho a vivir y a que se respete su vida en todas las circunstancias, lo que implica protegerlas contra cualquier amenaza a su vida, como la violencia, la guerra, la negligencia o el abuso.

2. Derecho a la salud: Todas las personas tienen derecho a disfrutar del más alto nivel posible de salud física y mental, lo que implica garantizar el acceso a servicios de salud adecuados, incluyendo atención médica preventiva, tratamiento de enfermedades, servicios de salud mental, medicamentos esenciales y otros servicios relacionados con la salud.

3. Protección contra la discriminación en el acceso a la salud: El derecho a la salud implica garantizar que todas las personas tengan acceso a servicios de salud sin discriminación alguna, lo que implica asegurar que los servicios de salud estén disponibles, accesibles, asequibles, aceptables y de calidad para todas las personas, sin distinción de raza, color, sexo, orientación sexual, género, edad, discapacidad, origen étnico, religión, creencias, opinión política o cualquier otra condición.

4. Protección de los grupos vulnerables: El derecho a la vida y la salud implica proteger especialmente a los grupos más vulnerables de la sociedad, como los niños, las mujeres embarazadas, las personas mayores, las personas con discapacidad, las personas que viven en la pobreza y otros grupos que puedan enfrentar barreras adicionales para acceder a servicios de salud.

El derecho a la vida y la salud es un principio fundamental que garantiza la protección de la vida y la salud de todas las personas en la sociedad. Garantizar este derecho implica adoptar políticas y medidas que promuevan la prevención de amenazas a la vida y la salud, así como el acceso equitativo a servicios de salud de calidad para todas las personas, sin discriminación alguna.