El derecho al libre tránsito reconoce el derecho de las personas a circular libremente dentro de un país, a salir y a entrar, en conformidad con las leyes y regulaciones nacionales e internacionales. Este derecho implica varias dimensiones:
Libertad de movimiento dentro del país: Todas las personas tienen el derecho a desplazarse libremente dentro de las fronteras de su propio país, sin restricciones arbitrarias por parte de las autoridades gubernamentales.
Derecho a salir del país: Se reconoce el derecho de las personas a salir de su país de origen, lo que implica el derecho a obtener un pasaporte y otros documentos de viaje, así como a salir del país en cualquier momento y por cualquier motivo legítimo.
Derecho a entrar en otro país: Se reconoce el derecho de las personas a entrar en otros países, lo que implica el derecho a obtener visas u otros documentos de ingreso, así como a ser tratados de manera justa y equitativa por las autoridades migratorias.
Protección contra la discriminación: El derecho al libre tránsito implica proteger a las personas contra la discriminación basada en motivos de origen étnico, nacionalidad, religión, género u otras características personales al cruzar fronteras internacionales.
Derecho a solicitar asilo: Las personas que huyen de persecuciones, conflictos armados u otras situaciones de violencia tienen derecho a buscar y disfrutar de asilo en otros países, de acuerdo con el derecho internacional y las leyes nacionales.
El derecho al libre tránsito es esencial para garantizar la libertad, la igualdad y la seguridad de las personas en la sociedad, así como para promover la solidaridad y la cooperación entre los países. Garantizar este derecho implica adoptar políticas y medidas que promuevan la movilidad humana segura, ordenada y regular, así como el respeto de los derechos de las personas migrantes y refugiadas.