El derecho inherente a trabajar en condiciones dignas, seguras y justas, así como a disfrutar de los beneficios derivados de su trabajo. Este derecho implica varias dimensiones:
Acceso al empleo: Todas las personas tienen derecho a acceder a oportunidades de empleo sin discriminación, independientemente de su origen étnico, género, religión, discapacidad u otras características personales.
Condiciones laborales dignas: Se reconoce el derecho a trabajar en condiciones justas y seguras, que protejan la salud y el bienestar de los trabajadores. Esto incluye garantizar un salario justo, limitar las horas de trabajo, proporcionar descansos adecuados y garantizar un entorno laboral libre de acoso y discriminación.
Libertad sindical: Se reconoce el derecho de los trabajadores a formar sindicatos y a participar en actividades sindicales para proteger sus intereses laborales y negociar colectivamente con los empleadores.
Protección contra el desempleo: Se reconoce el derecho de las personas a recibir apoyo y protección contra el desempleo, incluido el acceso a programas de seguro de desempleo y a servicios de empleo que faciliten la reinserción laboral.
Desarrollo profesional y formación: Se reconoce el derecho de las personas a recibir formación y capacitación profesional que les permita mejorar sus habilidades y competencias laborales, así como a tener oportunidades de desarrollo profesional y ascenso en sus carreras.
El derecho al trabajo es esencial para garantizar la dignidad y el bienestar de las personas, así como para promover la igualdad de oportunidades y la justicia social en la sociedad. Garantizar este derecho implica adoptar políticas y medidas que promuevan el pleno empleo, protejan los derechos laborales y fomenten un mercado laboral inclusivo y equitativo.
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