Derecho a la tecnología 

Es un concepto relativamente nuevo que se refiere al reconocimiento de que todas las personas deben tener acceso, uso y beneficios equitativos de la tecnología en la sociedad. Este derecho reconoce la importancia cada vez mayor que la tecnología tiene en la vida moderna y busca garantizar que su uso no genere desigualdades o exclusiones.

El derecho a la tecnología implica varios aspectos:

1. Acceso a la tecnología: Todas las personas deben tener la oportunidad de acceder a la tecnología, como Internet, dispositivos electrónicos y servicios digitales, sin discriminación por motivos de género, raza, origen étnico, discapacidad, nivel socioeconómico u otras características personales.

2. Uso y dominio de la tecnología: Se reconoce el derecho de las personas a adquirir conocimientos y habilidades tecnológicas que les permitan utilizar la tecnología de manera efectiva y beneficiarse de sus oportunidades, así como a participar activamente en la sociedad digital.

3. Protección de datos y privacidad: El derecho a la tecnología implica proteger la privacidad y los datos personales de las personas en el entorno digital, garantizando que se respeten sus derechos a la intimidad y la confidencialidad.

4. Accesibilidad: La tecnología debe ser accesible para todas las personas, incluidas aquellas con discapacidades, lo que implica garantizar que los productos y servicios tecnológicos sean diseñados teniendo en cuenta principios de accesibilidad universal.

5. Innovación y desarrollo tecnológico: El derecho a la tecnología implica promover la innovación y el desarrollo tecnológico de manera que beneficie a toda la sociedad, fomentando la creación de tecnologías que aborden desafíos sociales y contribuyan al desarrollo sostenible.

El derecho a la tecnología es esencial para garantizar la inclusión digital, la igualdad de oportunidades y el desarrollo humano en la sociedad actual. Garantizar este derecho implica adoptar políticas y medidas que promuevan el acceso equitativo a la tecnología, así como la protección de los derechos de las personas en el entorno digital.