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La libertad de culto, también conocida como libertad religiosa, reconoce la facultad de las personas para practicar, manifestar, cambiar, o no practicar, su religión o creencia, tanto individualmente como en comunidad, sin interferencias indebidas del Estado u otras autoridades. Este derecho está consagrado en varios instrumentos internacionales de derechos humanos, como la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
La libertad de culto implica varias dimensiones:
Libertad de creencias y prácticas religiosas: Las personas tienen derecho a profesar cualquier religión o creencia de su elección, así como a practicar sus ritos y ceremonias religiosas, sin estar sujetas a coerción, discriminación o represión por parte del Estado u otras autoridades.
Libertad de cambio de religión o creencia: Las personas tienen derecho a cambiar de religión o creencia en cualquier momento y a practicar, manifestar y difundir su nueva religión o creencia, sin estar sujetas a coerción o represión por parte del Estado, de grupos sociales o de individuos.
Pluralismo y diversidad religiosa: La libertad de culto implica el reconocimiento y respeto de la diversidad de creencias religiosas y espirituales en una sociedad plural, así como la tolerancia hacia las diferentes prácticas y expresiones religiosas.
Protección contra la discriminación y la persecución religiosa: La libertad de culto implica proteger a las personas y comunidades religiosas contra la discriminación, la persecución y otras formas de violencia o hostilidad basadas en la religión o creencia.
Separación entre religión y Estado: La libertad de culto implica garantizar la separación entre las instituciones religiosas y el Estado, así como la neutralidad del Estado en cuestiones religiosas, para garantizar la igualdad de trato y proteger los derechos de todas las personas, independientemente de su religión o creencia.
La libertad de culto es un derecho fundamental que garantiza la autonomía y la capacidad de las personas para practicar y manifestar su religión o creencia en una sociedad democrática y plural. Garantizar este derecho implica adoptar políticas y medidas que promuevan el respeto de la libertad de culto, así como proteger a las personas y comunidades religiosas contra cualquier forma de discriminación, persecución o represión por motivos religiosos.
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