El derecho a la integridad personal reconoce que todas las personas tienen el derecho inherente a la protección de su cuerpo, mente y dignidad como seres humanos. Este derecho implica varias dimensiones:
Integridad física: Todas las personas tienen derecho a la protección de su integridad física, lo que implica estar protegidos contra la tortura, los tratos crueles, inhumanos o degradantes, así como contra cualquier forma de violencia física.
Integridad mental y emocional: Se reconoce el derecho de las personas a la protección de su integridad mental y emocional, es estar protegidos contra la tortura psicológica, el acoso, el abuso emocional y cualquier otra forma de maltrato que pueda causar daño psicológico.
Derecho a la privacidad: El derecho a la integridad personal también implica el derecho a la privacidad y la protección de la vida privada de las personas, lo que implica estar protegidos contra la intrusión indebida en su vida privada, así como contra la divulgación no autorizada de información personal.
Protección de la dignidad humana: Se reconoce el derecho de las personas a ser tratadas con dignidad y respeto en todas las circunstancias, lo que implica estar protegidos contra cualquier forma de humillación, degradación o trato discriminatorio.
Autonomía y libre desarrollo de la personalidad: El derecho a la integridad personal también implica el derecho de las personas a la autonomía y al libre desarrollo de su personalidad, lo que implica tener la libertad de tomar decisiones sobre su propia vida y de expresar su identidad y valores personales sin interferencias indebidas.
El derecho a la integridad personal es esencial para garantizar la dignidad, el bienestar y la libertad de las personas, así como para promover el respeto a la igualdad y la justicia en la sociedad. Garantizar este derecho implica adoptar medidas y políticas que protejan la integridad física, mental y emocional de las personas, así como promover una cultura de respeto y tolerancia hacia la diversidad humana.