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El derecho al buen gobierno es un concepto que se refiere al derecho de los ciudadanos a vivir en un entorno en el que las autoridades públicas actúen de manera transparente, responsable, eficiente y respetuosa de los principios democráticos. Este derecho implica varias dimensiones:
Transparencia: Los ciudadanos tienen derecho a acceder a la información sobre las actividades y decisiones de las autoridades públicas, así como a participar en los procesos de toma de decisiones que afectan sus vidas.
Rendición de cuentas: Las autoridades públicas tienen la obligación de responder por sus acciones y decisiones ante los ciudadanos y de someterse a la supervisión y control de los mecanismos democráticos de gobierno.
Participación ciudadana: Los ciudadanos tienen derecho a participar activamente en la vida política y pública de su país, incluyendo el derecho a votar, postularse para cargos públicos, manifestarse pacíficamente y participar en organizaciones de la sociedad civil.
Estado de derecho: El buen gobierno implica que las autoridades públicas actúen de acuerdo con la ley y respeten los derechos fundamentales de los ciudadanos, incluyendo el derecho a un juicio justo, la igualdad ante la ley y la protección de los derechos humanos.
Eficiencia y responsabilidad: Las autoridades públicas tienen la obligación de administrar los recursos de manera eficiente y responsable, garantizando la prestación adecuada de servicios públicos y el cumplimiento de los objetivos de interés público.
El derecho al buen gobierno es esencial para garantizar la legitimidad, la eficacia y la justicia en la administración de los asuntos públicos, así como para promover la participación ciudadana, la transparencia y la rendición de cuentas en la vida política y pública de la sociedad. Garantizar este derecho implica adoptar políticas y medidas que promuevan la democracia, la participación ciudadana y el respeto de los derechos humanos y el estado de derecho en todas las instancias de gobierno.
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