Debido proceso

Garantiza que todas las personas tengan derecho a un proceso legal justo y equitativo antes de ser privadas de sus derechos, propiedades o libertades. Este derecho está consagrado en varios instrumentos internacionales de derechos humanos y en las Constitución Política. El debido proceso implica varias garantías y principios fundamentales, entre ellos:

1. Notificación adecuada: Las personas tienen derecho a ser informadas de las acusaciones en su contra y de los cargos que se les imputan en un proceso legal.

2. Derecho a ser escuchado: Las personas tienen derecho a ser escuchadas en un proceso legal y a presentar pruebas y argumentos en su defensa.

3. Presunción de inocencia: Se presume que una persona es inocente hasta que se demuestre su culpabilidad más allá de una duda razonable.

4. Juez Imparcial: Las personas tienen derecho a ser juzgadas por un tribunal independiente e imparcial y dentro de un plazo razonable.

5. Derecho a profesional en derecho: Las personas tienen derecho a contar con la asistencia de un/a abogado/a o defensor/a público/a en un proceso legal, especialmente si enfrentan cargos penales.

6. Prohibición de la tortura y los tratos inhumanos o degradantes: Se prohíbe el uso de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes en cualquier proceso legal.

7. Derecho a impugnar las decisiones: Las personas tienen derecho a impugnar y apelar las decisiones judiciales que afecten sus derechos y libertades.

El derecho al debido proceso es esencial para garantizar la justicia, la equidad y el respeto de los derechos humanos en un sistema legal. Garantizar este derecho implica adoptar medidas y procedimientos que aseguren que todas las personas tengan acceso a un proceso legal justo y equitativo, con todas las garantías y protecciones necesarias para proteger sus derechos fundamentales.