La Declaración Universal de Derechos Humanos, promulgada en diciembre de 1948, representa el primer acuerdo internacional que reconoce los derechos humanos como inherentes a la condición humana, otorgados por el simple hecho de nacer, estableciendo así la base para la libertad y la posibilidad de vivir sin discriminación. Estas garantías protegen la dignidad de cada individuo y son esenciales para el desarrollo social y el progreso de la humanidad.
Es importante destacar que en el artículo 26 de la Declaración Universal se reconoce la educación como un derecho humano. La redacción de este artículo fue objeto de intensos debates, especialmente en lo referente a su propósito, mientras que otros derechos en la Declaración no especifican cómo deben ser implementados, el derecho a la educación establece claramente sus objetivos y propósitos referente a la promoción del respeto de los derechos humanos, la libertad individual y la dignidad humana, así como en la promoción de la paz, la solidaridad entre las naciones y el fomento de la tolerancia.
A lo largo del tiempo, numerosos instrumentos internacionales han profundizado en el derecho a la educación y sus objetivos, al resepcto el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en su artículo 13 establece claramente los propósitos de la educación, así como la Observación 13 de la Comisión DESC. Además, la Carta de las Naciones Unidas, la Convención sobre los Derechos del Niño y otros tratados internacionales relacionados con la eliminación de la discriminación también lo contemplan.
Lo anterior implica que existe un compromiso del Estado en garantizar la Educación en Derechos Humanos, resguardada desde los instrumentos internacionales. En el ámbito de las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos, su mandato ha sido delineado por los Principios de París, emitidos en 1993 por la Organización de las Naciones Unidas. Estos principios son considerados como los estándares mínimos que deben aplicarse para garantizar la independencia de estas instituciones, independientemente de la denominación que adopten, complementado con los Principios de Venecia, estos marcan el camino para que estas instituciones, gracias a su independencia, se conviertan en centros de formación en materia de derechos humanos.