Es un acuerdo legal entre dos partes, mediante el cual una de ellas (el prestador del servicio) se compromete a realizar determinadas actividades o trabajos a favor de la otra (el contratante), a cambio de una compensación económica o retribución previamente pactada.

En el sector público, incluyendo en el Estado de Guatemala, los contratos de servicios deben cumplir con normativas específicas y, en muchos casos, seguir procedimientos de contratación establecidos por la ley. (Artículo 18 y 29)