La Junta Andalucía excluye a entidades en la financiación de programas con fondos a cargo del 0,7% del IRPF

La Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación publicó mediante la Orden 21 de junio de 2021, las nuevas bases reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva destinadas a entidades privadas para la realización de actuaciones de interés general para atender a fines sociales con cargo a la asignación tributaria del 0,7 del impuesto sobre la Renta de  Personas Físicas.

En dicha modificación de bases, han definido unos indicadores para la evaluación el cumplimiento de los criterios de valoración necesarios para concesión de subvenciones, sin un fundamento razonable y muy alejados de la realidad del movimiento asociativo. Unos indicadores que sólo pueden cumplir grandes organizaciones con una fuerte capacitad financiera, y discrimina injustamente a las entidades pequeñas y medianas. A modo de ejemplo, citamos algunos de estos indicadores con un fuerte peso a la hora de valorar la Experiencia y Capacidad de la Entidad:

1.- Implantación.  En este criterio se valora el  número de  sedes físicas o delegaciones que tengan en Andalucía, independientemente del trabajo que estés desarrollando en cada provincia o localidad, lo que puntúa es que tengas abierta una sede física.

2.- Adecuación de Recursos Humanos. Aquí lo importante es que tengas un gran número de trabajadores a tiempo completo, y por tiempo indefinido, sin  entrar a valorar la eficacia o eficiencia de esos recursos humanos. Asimismo, tienen en cuenta las personas contratadas con discapacidad, en situación de riesgo de exclusión, mujeres o jóvenes, sin tener en cuenta las características de la entidad solicitante y la adecuación de los recursos humanos a las necesidades del colectivo que representa.

Así podríamos ir desgranando criterio a criterio y comprobando que los indicadores tomados por referencia no son justos, equitativos ni solidarios con todas las entidades participantes.

Cuando nos pidieron aportaciones para la regulación de las nuevas bases en el año 2019, ya alertamos de la situación que se estaba produciendo, pero lejos de mejorar la competencia competitiva, estas nuevas bases supone la exclusión de las pequeñas y medianas entidades.

A esto hay que añadir la incoherencia de la Consejería, al considerar que entidades que vienen desarrollando programas desde hace más de 10 años, y por tanto han demostrado capacidad  de experiencia suficiente, este año se les considere que no tienen capacidad para llevar a cabo los programas. Una incongruencia absoluta.

Por este motivo, ASENSE-A, no podrá poner en marcha este año  sus programas de “Promoción de Autonomía Personal: Vida Autónoma, Vida Independiente”  y los “Campamentos para Jóvenes con Enfermedades Neuromusculares” al  considerar la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación que este año no tenemos capacidad, ni experiencia como entidad para llevar a cabo estos programas, algo como todos sabemos, está muy alejado de la realidad y lo más importante que nos estamos dejando atrás a personas,  que no son números.

Desde ASENSE-A, seguiremos trabajando y recurriendo a las instancias que podamos llegar para conseguir que el colectivo de personas con enfermedades neuromusculares que representamos tenga las mismas oportunidades que cualquier otra persona, pues es manifiesto que las instituciones públicas no garantizan nuestros derechos en igualdad de condiciones.