Conviene recordar que la enseñanza religiosa escolar forma parte del derecho de los padres a educar a sus hijos según sus convicciones religiosas. A ellos corresponde la educación de sus hijos y no al Estado. Escuela y Estado son subsidiarios en la tarea educativa que corresponde a los padres, según garantiza nuestra Constitución. Invitamos, pues, a los padres a que defiendan sus derechos a educar a sus hijos según las convicciones religiosas y morales que ellos elijan. La eliminación de estas libertades debilita significativamente nuestra democracia y conduce a la imposición de un paradigma antropológico que, en ocasiones, se opone a la recta razón y a la revelación cristiana. En una sana democracia, las administraciones centrales y autonómicas deben favorecer de modo subsidiario dicha educación elegida por la familia o los propios estudiantes, sin intentar imponer otras concepciones éticas. Al Estado no le corresponde imponer su visión del mundo y del hombre ni una ética determinada sino servir al pueblo, formado por diversas sensibilidades, credos y formas de entender la vida.