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La ONUDD desea expresar su agradecimiento por el apoyo proporcionado y la contribución aportada a la elaboración del presente por especialistas con experiencia de varios países en C.A. y América del Sur.
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Cómo EE. UU. y China están transformando a Latinoamérica
La guerra comercial entre EE. UU. y China <Clic ver>
marcada por el incremento de aranceles y el auge del nacionalismo económico, ha generado repercusiones a nivel global, con Latinoamérica como una de las regiones atrapadas en el fuego cruzado.
Panorama. Países como México y Argentina, dos de las economías más grandes de la región, se han visto obligados a enfrentar un complejo conjunto de desafíos mientras intentan equilibrar los intereses enfrentados de sus dos principales socios comerciales.
México, como miembro del T-MEC, se beneficia de un acceso privilegiado al mercado estadounidense. Sin embargo, el acuerdo ha creado inadvertidamente una laguna que permite a los productos chinos eludir los aranceles de EE. UU. al utilizar a México como su destino final de ensamblaje.Esto ha generado tensiones entre el gobierno mexicano y Washington, que ha instado a México a tomar medidas contra las exportaciones chinas, afectando así, sus propios intereses económicos.
A su vez, Argentina ha enfrentado dificultades por los aranceles sobre las exportaciones tecnológicas chinas, como semiconductores y equipos de telecomunicaciones, lo que ha limitado el acceso a tecnología asequible. Las restricciones de EE. UU. sobre Huawei, un actor clave en la infraestructura 5G, han retrasado los esfuerzos de modernización digital del país.
Por qué importa. El aumento del costo de vida y las complejidades comerciales motivadas por factores políticos resultan especialmente perjudiciales para las economías menos desarrolladas y sofisticadas de Latinoamérica, en particular para las de Centroamérica.
En Guatemala, donde la maquinaria china es crucial para la producción, los aranceles –estadounidenses– han incrementado los costos, reduciendo la competitividad global de los productos agroindustriales guatemaltecos, los cuales representan casi el 45% del total de las exportaciones del país.De igual manera, el sector hidroeléctrico de Costa Rica –altamente dependiente de capital y componentes chinos– ha sido gravemente afectado por la guerra comercial. En mayo de 2024, las sequías provocadas por el fenómeno El Niño desataron una crisis energética que resultó en racionamientos de electricidad, con apagones de hasta tres horas diarias.
Estos acontecimientos son particularmente preocupantes para los intereses de seguridad nacional de EE. UU., ya que países como Honduras y El Salvador –sin mencionar a Nicaragua, que es hostil hacia a Washington– se están alineando cada vez más con Pekín.
Entre líneas. Aunque Estados Unidos sigue siendo el principal socio comercial de la región, Latinoamérica enfrenta una situación compleja, al depender, tanto de las inversiones y productos de EE. UU., como de China, mientras intenta mantener relaciones sólidas con Washington y Pekín. Este delicado acto de equilibrio ha incrementado la vulnerabilidad de las economías latinoamericanas, que dependen en gran medida del comercio exterior.
En la primera mitad de 2023, las exportaciones de la región hacia EE. UU. ascendieron a USD 258 000M, mientras que las importaciones alcanzaron los USD 308 000M, ambas cifras reflejan una ligera disminución, en comparación con el año anterior.Durante el mismo período, el comercio entre Latinoamérica y China alcanzó niveles significativos, totalizando USD 208 000M en exportaciones de Latinoamérica a China, y USD 242 000M en importaciones de China a la región.
La inversión extranjera directa de EE. UU. en Latinoamérica y el Caribe representó el 33 % del total de los flujos de IED hacia la región, mientras que la IED china alcanzó aproximadamente USD 8750M, representando alrededor del 10 % del total de la región.
El balance. El aumento de aranceles y restricciones han dificultado que los países de Latinoamérica modernicen sectores clave, como la tecnología y la infraestructura. A medida que EE. UU. y China continúan ampliando sus esferas de influencia, los países latinoamericanos podrían verse cada vez más presionados por ambas potencias.
Si bien esto representa un desafío para ambas potencias, la evidencia indica que, a pesar de los aranceles, Latinoamérica está comerciando cada vez más con China que con Estados Unidos. Para 2035, se prevé que el comercio entre China y la región supere los USD 700 000 millones, lo que podría superar el volumen de intercambio con EE. UU. en varios países latinoamericanos.A medida que los países latinoamericanos perciben las restricciones comerciales impuestas por EE. UU. a China como una carga, podrían comenzar a ver a Pekín como un socio más confiable y solidario.
Para 2023, 21 países de la región se habían unido a la Iniciativa de la Franja y la Ruta de China, fortaleciendo los lazos económicos y diplomáticos con Pekín a expensas de la influencia de EE. UU. Incluso aliados de larga data de Washington, como Ecuador, han firmado acuerdos de libre comercio con China después de no lograr acuerdos similares con Estados Unidos.
En el marco de la COP 26 de la Convención Marco sobre Cambio Climático, la CIDH y la REDESCA llaman a los Estados Miembros de la OEA a poner la protección de los derechos humanos en el centro de sus políticas y acciones climáticas
Clasificación de Ómicron (B.1.1.529): Variante preocupante del SARS-CoV-2 29 noviembre 2021 Declaración Tiempo de lectura: 2 min (616 palabras) <clic ver abajo>
El Grupo Asesor Técnico sobre la Evolución del Virus SARS-CoV-2 (TAG-VE) es un grupo independiente de expertos que monitorea y evalúa periódicamente la evolución del SARS-CoV-2 y evalúa si mutaciones específicas y combinaciones de mutaciones alteran el comportamiento del virus. El TAG-VE se convocó el 26 de noviembre de 2021 para evaluar la variante del SARS-CoV-2: B.1.1.529.
La variante B.1.1.529 se notificó por primera vez a la OMS desde Sudáfrica el 24 de noviembre de 2021. La situación epidemiológica en Sudáfrica se ha caracterizado por tres picos distintos en los casos notificados, el último de los cuales fue predominantemente la variante Delta. En las últimas semanas, los contagios han aumentado considerablemente, coincidiendo con la detección de la variante B.1.1.529. La primera infección confirmada conocida por B.1.1.529 fue de una muestra recolectada el 9 de noviembre de 2021.
Esta variante tiene un gran número de mutaciones, algunas de las cuales son preocupantes. La evidencia preliminar sugiere un mayor riesgo de reinfección con esta variante, en comparación con otros COV. El número de casos de esta variante parece estar aumentando en casi todas las provincias de Sudáfrica. Los diagnósticos actuales de PCR del SARS-CoV-2 continúan detectando esta variante. Varios laboratorios han indicado que para una prueba de PCR ampliamente utilizada, uno de los tres genes objetivo no se detecta (llamado abandono del gen S o fallo del objetivo del gen S) y, por lo tanto, esta prueba se puede utilizar como marcador para esta variante, a la espera de la confirmación de la secuenciación. Usando este enfoque, esta variante se ha detectado a tasas más rápidas que los aumentos anteriores en la infección, lo que sugiere que esta variante puede tener una ventaja de crecimiento.
Hay una serie de estudios en curso y el TAG-VE continuará evaluando esta variante. La OMS comunicará las nuevas conclusiones a los Estados Miembros y al público en general según sea necesario.
Sobre la base de la evidencia presentada indicativa de un cambio perjudicial en la epidemiología de COVID-19, el TAG-VE ha aconsejado a la OMS que esta variante debe designarse como COV, y la OMS ha designado a B.1.1.529 como COV, llamado Omicron.
Como tal, se pide a los países que hagan lo siguiente:
mejorar los esfuerzos de vigilancia y secuenciación para comprender mejor las variantes circulantes del SARS-CoV-2.
enviar secuencias completas del genoma y metadatos asociados a una base de datos disponible públicamente, como GISAID.
informar a la OMS de los casos/grupos iniciales asociados con la infección por COV a través del mecanismo del RSI.
cuando exista capacidad y en coordinación con la comunidad internacional, realizar investigaciones de campo y evaluaciones de laboratorio para mejorar la comprensión de los posibles impactos de los COV en la epidemiología de la COVID-19, la gravedad, la eficacia de las medidas sociales y de salud pública, los métodos de diagnóstico, las respuestas inmunitarias, la neutralización de anticuerpos u otras características pertinentes.
Se recuerda a las personas que tomen medidas para reducir su riesgo de COVID-19, incluidas medidas sociales y de salud pública comprobadas, como el uso de máscaras bien ajustadas, la higiene de manos, el distanciamiento físico, la mejora de la ventilación de los espacios interiores, evitar espacios concurridos y vacunarse.
Como referencia, la OMS tiene definiciones de trabajo para la variante de interés (VOI) y la variante de preocupación (VOC) del SARS-CoV-2.
Un SARS-CoV-2 VOI es una variante del SARS-CoV-2:
con cambios genéticos que se predice o se sabe que afectan las características del virus, como la transmisibilidad, la gravedad de la enfermedad, el escape inmunitario, el escape diagnóstico o terapéutico; Y
que se ha identificado como causante de transmisión comunitaria significativa o múltiples grupos de COVID-19, en múltiples países con una prevalencia relativa creciente junto con un número creciente de casos a lo largo del tiempo, u otros impactos epidemiológicos aparentes que sugieren un riesgo emergente para la salud pública mundial.
Un COV del SARS-CoV-2 es una variante del SARS-CoV-2 que cumple con la definición de VOI (véase más arriba) y, a través de una evaluación comparativa, se ha demostrado que está asociado con uno o más de los siguientes cambios en un grado de importancia para la salud pública mundial:
aumento de la transmisibilidad o cambio perjudicial en la epidemiología de la COVID-19; O
aumento de la virulencia o cambio en la presentación clínica de la enfermedad; O
disminución de la eficacia de las medidas sociales y de salud pública o de los diagnósticos, vacunas y terapias disponibles
Washington D.C.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA) hacen un llamado a todos los Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA), para que en el marco de la realización de la Conferencia de las Partes (COP en inglés) No. 26 de la Convención Marco sobre Cambio Climático de las Naciones Unidas asuman la adopción de un enfoque de derechos humanos como aspecto central de todas las negociaciones, políticas y acciones en la materia.
El cambio climático plantea una verdadera emergencia de derechos humanos, lo que requiere que los principios y estándares que rigen el Derecho Internacional e Interamericano de los Derechos Humanos vis a vis los propios del Derecho Internacional del Medio Ambiente guíen todas las soluciones, políticas y acciones que se planteen en este ámbito. En consecuencia, alientan a los Estados miembros de la OEA a que, en sintonía con las obligaciones asumidas en el ámbito del sistema interamericano, pongan en el centro de sus negociaciones y decisiones climáticas los derechos humanos y el impacto adverso que el cambio climático tiene en el goce de estos, en especial de las personas y colectivos que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad.
En esa línea, la Comisión y la REDESCA destacan que el último reporte parcial del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC por sus siglas en inglés), señaló que dadas las actuales circunstancias y posibles excesos de emisiones, es muy probable que el aumento de temperatura entre 1.5° y 2° C se de en los próximos 20 años trayendo consigo un aumento en la frecuencia e intensidad de olas de calor extremas, subida de temperaturas de los océanos, incremento de fuerza y tamaño de ciclones y huracanes, sequías prolongadas y también la reducción significativa de glaciares y nieves perpetuas. En particular, preocupan a la CIDH y a la REDESCA los serios impactos del cambio climático en el continente americano, destacando las graves consecuencias que ya está suponiendo para los países del Caribe o Centro América y cómo, también conforme al IPCC, afectará drásticamente el clima en Sudamérica con una alta ocurrencia de sequías y falta de lluvias para la región amazónica.
Al respecto, la CIDH y la REDESCA llaman a considerar el hecho que los efectos del cambio climático y la degradación ambiental resultan particularmente graves para aquellas poblaciones que están en situación de especial vulnerabilidad o de discriminación histórica y contribuyen muy marginalmente a las emisiones de efecto invernadero, como como son las mujeres, las niñas, niños y adolescentes, pueblos indígenas, personas afrodescendientes y personas que viven en zonas rurales o viven en la pobreza. Muchas personas y poblaciones en las Américas ya están enfrentando inseguridad alimentaria, migración forzada, enfermedades y muerte debido al calentamiento global. Consecuentemente, el derecho a la vida, a la alimentación, a la vivienda, a la salud, al agua y a un ambiente sano se están viendo y se verán cada vez más impactados, provocando una crisis social sin precedentes, que además se suma a la generada por la pandemia. Por ello, la Comisión y la REDESCA urgen a los Estados para que con base en la aplicación del principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas, incrementen sus compromisos financieros climáticos a partir de un enfoque de equidad y de justicia social. En ese sentido, la CIDH y la REDESCA urgen a los países que más contribuyen con emisiones a la atmósfera, a que movilicen hasta el máximo de los recursos disponibles para una acción climática regional y global comprometida seriamente con los derechos humanos.
La CIDH y la REDESCA subrayan que el cambio climático representa una de las mayores amenazas para el pleno disfrute y ejercicio de los derechos humanos de las generaciones presentes y futuras, para la salud de los ecosistemas y de todas las especies que habitan el planeta: a mayor aumento de la temperatura global, mayores efectos adversos y limitaciones se generarán para la realización de los derechos humanos. Por ello, reorientar el desarrollo hacia un modelo que permita diversificar la matriz energética, transitar hacia tecnologías más limpias, la eficiencia energética y avanzar en sistemas agroalimentarios sostenibles, son decisiones determinantes para hacer frente al cambio climático como para asegurar el respeto a los derechos humanos, al tiempo que se avanza en la reducción de la pobreza y de la desigualdad estructural en las Américas. Asimismo, la recuperación económica de la crisis provocada por la pandemia del COVID-19 debe lograrse a partir de un enfoque "verde", mediante medidas que favorezcan la protección del medio ambiente y el combate efectivo del cambio climático.
La CIDH y la REDESCA recuerdan que en el sistema interamericano de derechos humanos se reconoce al medio ambiente sano como un derecho autónomo, interdependiente con los demás derechos humanos, tal como ha sido establecido en la Opinión Consultiva número 23 o en la sentencia del caso Lhaka Hontat (Nuestra Tierra) vs. Argentina de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Asimismo, destacan la relación estrecha entre los derechos humanos, el desarrollo sostenible y el medio ambiente, cuya interacción abarca innumerables facetas y alcances. Por ello, tal como establecieron en el informe "Empresas y Derechos Humanos: estándares interamericanos", no sólo los Estados, al ejercer sus funciones regulatorias, fiscalizadoras y judiciales, sino también las empresas, como las instituciones financieras internacionales, en el marco de sus actividades y relaciones comerciales, deben tener en cuenta y respetar el derecho humano a un medio ambiente sano y el uso sostenible y conservación de los ecosistemas y diversidad biológica, poniendo especial atención a su estrecha relación con los pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y poblaciones rurales o campesinas. Asimismo, subrayan la obligación inmediata de los Estados de implementar estrategias y políticas basadas en los derechos humanos y con perspectiva de género para reducir las emisiones de efecto invernadero y los efectos del cambio climático, en la que se incluya las responsabilidades jurídicas de las empresas y la debida protección de las personas defensoras del medio ambiente.
La CIDH y la REDESCA subrayan el papel positivo y relevante de las personas defensoras del medio ambiente, así como la necesidad de reconocimiento y protección especial que se debe dar a su trabajo y actividades de defensa de los derechos humanos al considerarlas fundamentales para el fortalecimiento de la democracia y el Estado de Derecho. Debe valorarse muy explícitamente la contribución que estos actores hacen en la observancia de los derechos humanos a través de la protección ambiental, reiterando el rol esencial que desempeñan dentro de los Estados en la lucha contra el cambio climático y la degradación ambiental. En tal sentido, llaman a los Estados Americanos a asegurar la participación efectiva en la toma de decisiones y políticas climáticas de quienes defienden la tierra, los territorios y el ambiente, así como de las comunidades afectadas por el cambio climático. Asimismo, alientan a la pronta firma y ratificación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Protocolo Adicional a la Convención Americana de Derechos Humanos (Protocolo de San Salvador) y el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (conocido como Acuerdo de Escazú) por aquellos Estados de la OEA que aún no lo han hecho.
A través de Plan Estratégico 2017-2021 de la CIDH, la CIDH creó la REDESCA encargándole expresamente la tarea de desarrollar y fortalecer los estándares relativos al derecho humano al medio ambiente y, en particular, al impacto del cambio climático en los derechos humanos en las Américas. En consecuencia, en el marco de su Agenda Estratégica 2021-2023, la Relatoría Especial viene trabajando la materia como máxima prioridad del mandato, encontrándose a disposición de los Estados Americanos, de la sociedad civil, del sector privado, de la academia y todas las partes interesadas para cooperar y fomentar el desarrollo de acciones climáticas respetuosas de los derechos humanos en las Américas.
La REDESCA es una Oficina autónoma de la CIDH, especialmente creada para fortalecer la promoción y protección de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en el continente americano, liderando los esfuerzos de la Comisión en la materia.
La OMS dijo que la variante Ómicron de coronavirus es un riesgo muy alto para el mundo
El organismo internacional admitió que aún hay muchas incógnitas sobre la cepa que se extiende rápidamente en el mundo, aseguró que hasta el momento no se ha registrado ninguna muerte asociada a ella y dio consejos para frenar su avance
29 de Noviembre de 2021 19:07 GMT <clic ver abajo>
La nueva variante ómicron del coronavirus presenta “un riesgo muy elevado” para el mundo, advirtió este lunes la Organización Mundial de la Salud (OMS) subrayando que hay todavía muchas incógnitas sobre esta variante, especialmente sobre el peligro real que representa.
La agencia de salud de la ONU dijo que la cepa del coronavirus descubierta por primera vez en el sur de África era una “variante muy divergente con un alto número de mutaciones (...) algunas de las cuales son preocupantes y pueden estar asociadas con un potencial de escape inmunológico y una mayor transmisibilidad”.
“La probabilidad de una mayor propagación potencial de Omicron a nivel mundial es alta”, advirtió la OMS en una nota técnica.
Hasta la fecha, no se han reportado muertes relacionadas con la variante Omicron, agregó.
Pero incluso si la nueva variante no resulta más peligrosa o mortal que las anteriores, si se propaga más fácilmente provocará más casos y más presión en los sistemas de salud y, por lo tanto, más muertes, dijo la organización.
“Si se produce otro aumento importante de Covid-19 impulsado por Omicron, las consecuencias pueden ser graves”, dijo, y concluyó que “el riesgo global general relacionado con la nueva variante de preocupación Omicron se evalúa como muy alto”.
Las incógnitas sobre esta variante siguen siendo numerosas, advierte sin embargo la organización: su contagiosidad, y si ésta es inherente a las mutaciones constatadas o al hecho de que la variante elude la respuesta inmunitaria; el nivel de protección de las vacunas anticovid existentes, y la gravedad de la enfermedad, es decir si la variante causa síntomas más graves.
La OMS dijo que los países deberían mejorar su vigilancia para tratar de obtener una visión general clara de dónde y qué tan rápido se está propagando.
También instó a la vacunación acelerada contra la Covid, especialmente entre las poblaciones vulnerables que aún no han recibido ninguna vacuna.
Pero advirtió contra la imposición de prohibiciones de viaje, por temor a que bloquear los viajes desde países donde se detectan nuevas variantes por primera vez podría ser injusto y disuadir la vigilancia.
“Con la variante Omicron ahora detectada en varias regiones del mundo, la implementación de prohibiciones de viaje dirigidas a África ataca la solidaridad global”, dijo el director regional de la OMS, Matshidiso Moeti.
Una lista creciente de países ya ha impuesto restricciones de viaje en el sur de África, incluidos Gran Bretaña, Indonesia, Kuwait, los Países Bajos, Qatar, Arabia Saudita y los Estados Unidos.
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La OMS insta a la vacunación ante el 'riesgo elevado' de que ómicron se esparza
Tedros Adhanom Ghebreyesus, director de la entidad, ha alertado sobre la situación 'precaria' en que se encuentra el mundo y pide un nuevo acuerdo global <clic ver abajo>
Tedros Adhanom Ghebreyesus, director de la entidad, ha alertado sobre la situación 'precaria' en que se encuentra el mundo y pide un nuevo acuerdo global <clic ver abajo>
La OMS ha alertado este lunes sobre la alta posibilidad de que la variante ómicron se propague por el mundo. Anticipando un aumento en el número de casos a medida que se propaga la variante, descubierta la semana pasada, la agencia de la ONU instó a sus 194 estados miembros a acelerar la vacunación de los grupos de alta prioridad y garantizar que se establezcan planes para mantener los servicios de salud. La organización ha aclarado que los pormenores sobre la nueva variante se conocerán en las próximas semanas, aunque algunos especialistas, entre ellos la doctora sudafricana que descubrió la mutación, aseguran que hasta el momento los infectados presentan síntomas 'leves'.
Un documento publicado por la OMS afirma que: "Ómicron es una variante altamente divergente con un alto número de mutaciones, algunas de las cuales son preocupantes y pueden estar asociadas con un potencial de escape inmunológico y una mayor transmisibilidad". La organización, asimismo, ha pedido hoy a todos los Estados miembros que apoyen los objetivos de vacunar al 40% de la población de todos los países a finales de este año y al 70% a mediados del próximo año.
Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS, también dio la voz de alarma al inicio de una asamblea de ministros de salud: "La aparición de la variante ómicron altamente mutada subraya cuán peligrosa y precaria es nuestra situación. Ómicron demuestra por qué el mundo necesita un nuevo acuerdo sobre pandemias: nuestro sistema actual desincentiva a los países de alertar a otros sobre amenazas que inevitablemente aterrizarán en sus costas".
Tedros destaca que hace un año la organización advirtió que los más pobres y vulnerables serían "pisoteados en la estampida mundial de vacunas". Según el funcionario, más del 80% de las vacunas del mundo se han destinado a los países del G20; mientras que los países de bajos ingresos, la mayoría de ellos en África, han recibido solo el 0,6% de todas las vacunas:" Comprendemos y apoyamos la responsabilidad de cada gobierno de proteger a su propia gente. Es natural. Pero la equidad de las vacunas no es caridad; está en el mejor interés de cada país. Cuanto más persista la desigualdad de vacunas, más oportunidades tiene este virus de propagarse y evolucionar de formas que no podemos predecir ni prevenir. Estamos todos juntos en esto", ha afirmado.
Ómicron fue identificada por primera vez el 24 de noviembre desde Sudáfrica, donde las infecciones han aumentado considerablemente. Desde entonces se ha extendido a más de una docena de países, muchos de los cuales han impuesto restricciones de viaje para tratar de aislarse. Japón se unió el lunes a Israel al asegurar que cerraría sus fronteras a los extranjeros.
La doctora sudafricana Angelique Coetzee, que identificó la variante por primera vez, ha afirmado que la mayoría de pacientes infectados con la nueva variante: "Están viendo síntomas muy, muy leves" y que han podido ser tratados de "forma conservadora" en casa.
La OMS reiteró que, en espera de más asesoramiento, los países deben utilizar un "enfoque basado en el riesgo para ajustar las medidas de viajes internacionales de manera oportuna", al tiempo que reconoce que un aumento en los casos de coronavirus podría conducir a tasas más altas de morbilidad y mortalidad. "El impacto en las poblaciones vulnerables sería sustancial, particularmente en países con baja cobertura de vacunación", agregó Tedros.
Según un nuevo análisis, Estados Unidos y sus aliados representaron una parte considerablemente grande del retroceso democrático global experimentado en la última década. <clic ver abajo>
Según un nuevo análisis, Estados Unidos y sus aliados representaron una parte considerablemente grande del retroceso democrático global experimentado en la última década. <clic ver abajo>
16 de noviembre de 2021 Día Internacional del Hombre
Los aliados de Estados Unidos siguen siendo, en promedio, más democráticos que el resto del mundo. Pero casi todos han sufrido algún grado de erosión democrática desde 2010, lo que significa que elementos centrales como elecciones justas o independencia judicial se han debilitado, y a un ritmo que supera con creces los declives promedio entre otros países.
Con pocas excepciones, los países alineados con Estados Unidos no experimentaron casi ningún crecimiento democrático en ese periodo, aunque muchos de los que están lejos de la órbita de Washington sí lo hicieron.
Los hallazgos son extraídos de los datos registrados por V-Dem, una organización sin fines de lucro con sede en Suecia que rastrea el nivel de democracia de los países a través de una serie de indicadores, y fueron analizados por The New York Times.
Las revelaciones dejan en claro las penurias de la democracia, una tendencia característica de la era actual. Sugieren que gran parte del retroceso del mundo no es impuesto a las democracias por potencias extranjeras, sino que es una podredumbre que está creciendo dentro de la red más poderosa de alianzas mayoritariamente democráticas del mundo.
En muchos casos, las democracias como Francia o Eslovenia vieron cómo se degradaron sus instituciones, aunque solo ligeramente, en medio de políticas de desconfianza y críticas adversas. En otros, dictaduras como la de Baréin restringieron libertades que de por sí no eran plenas. Pero con frecuencia, la tendencia fue impulsada por un giro hacia la democracia no liberal.
En esa forma de gobierno, los líderes elegidos se comportan como caudillos y las instituciones políticas son más débiles, pero los derechos personales permanecen en su mayoría (excepto, casi siempre, para las minorías).
De manera frecuente, los aliados de Estados Unidos lideraron esta tendencia. Turquía, Hungría, Israel y Filipinas son ejemplos de eso. Varias democracias más establecidas también han dado pasos pequeños en esa dirección, incluido Estados Unidos, donde los derechos electorales, la politización de los tribunales y otros factores son motivo de preocupación para muchos estudiosos de la democracia.
Los hallazgos también socavaron las suposiciones estadounidenses, ampliamente compartidas por ambos partidos, de que Estados Unidos es, por naturaleza, una fuerza democratizadora en el mundo.
Desde hace mucho tiempo, Washington se ha vendido como un defensor mundial de la democracia. La realidad siempre ha sido más complicada. Sin embargo, a través de los años, una cantidad suficiente de sus aliados se ha movido hacia ese sistema como para crear la impresión de que la influencia del país genera libertades al estilo estadounidense. Estas tendencias actuales sugieren que eso quizás ya no es cierto, si es que alguna vez lo fue.
“Sería demasiado fácil afirmar que todo esto puede ser explicado por la existencia de Trump”, advirtió Seva Gunitsky, politólogo de la Universidad de Toronto que estudia cómo las grandes potencias influyen en las democracias. Los datos indican que la tendencia se aceleró durante la presidencia de Donald Trump, pero es anterior a ella.
En cambio, los académicos afirman que lo más probable es que este cambio esté impulsado por fuerzas a más largo plazo. Por ejemplo, la disminución de la creencia en Estados Unidos como un modelo al cual aspirar; la disminución de la creencia en la propia democracia, cuya imagen se ha visto empañada por una serie de conmociones del siglo XXI; décadas de política estadounidense en la que solo se les dio prioridad a temas a corto plazo como el antiterrorismo; y un creciente entusiasmo por la política no liberal.
Debido a que el mundo alineado con Estados Unidos lidera en la actualidad el declive de un sistema que alguna vez se comprometió a promover, “el consenso internacional sobre la democratización ha cambiado”, dijo Gunitsky.
Una crisis global
Desde el final de la Guerra Fría, los países alineados con Estados Unidos se habían movido muy lentamente hacia la democracia pero, hasta la década de 2010, la mayoría había evitado tener retrocesos.
En la década de 1990, por ejemplo, 19 aliados se volvieron más democráticos, incluidos Turquía y Corea del Sur. Solo seis, como el caso de Jordania, se volvieron más autocráticos, pero todos por márgenes muy pequeños.
Eso es lo que indica el índice de democracia liberal de V-Dem, que considera decenas de métricas en una puntuación de 0 a 1. Su metodología es transparente y se considera muy rigurosa. El índice de Corea del Sur, por ejemplo, aumentó de 0,517 a 0,768 en esa década, gracias a una transición a un gobierno civil pleno. La mayoría de los cambios son más pequeños y reflejan, por ejemplo, un avance gradual en la libertad de prensa o un ligero retroceso en la independencia judicial.
Durante la década de 1990, Estados Unidos y sus aliados representaron el nueve por ciento de los incrementos generales en los puntajes de democracia en todo el mundo, según las cifras del índice. En otras palabras, fueron responsables del nueve por ciento del crecimiento democrático global. Esto es mejor de lo que suena: muchos ya eran altamente democráticos.
También durante esa década, los países aliados solo representaron el cinco por ciento de las reducciones globales, es decir, retrocedieron muy poco.
Esas cifras empeoraron un poco en la década de 2000. Luego, en la década de 2010, cayeron a niveles desastrosos. Estados Unidos y sus aliados representaron solo el cinco por ciento de los aumentos mundiales de la democracia. Pero un impactante 36 por ciento de los retrocesos ocurrieron en países alineados con Estados Unidos.
En promedio, los países aliados vieron disminuir la calidad de sus democracias casi el doble que los no aliados, según las cifras de V-Dem.
El análisis define “aliado” como un país con el que Estados Unidos tiene un compromiso formal o implícito de defensa mutua, de los cuales hay 41. Aunque el término “aliado” podría definirse de varias maneras, todas ellas arrojan resultados muy similares.
Este cambio se produce en medio de un periodo de agitación para la democracia, que se está reduciendo en todo el mundo.
Los datos contradicen las suposiciones de Washington de que esta tendencia está impulsada por Rusia y China, cuyos vecinos y socios han visto cambiar muy poco sus puntuaciones, o por Trump, que asumió el cargo cuando el cambio estaba muy avanzado.
Más bien, el retroceso es endémico en las democracias emergentes e incluso en las establecidas, dijo Staffan I. Lindberg, un politólogo de la Universidad de Gotemburgo que ayuda a supervisar el índice V-Dem. Y estos países suelen estar alineados con Estados Unidos.
Esto no significa que Washington sea exactamente la causa de su retracción, subrayó Lindberg. Pero tampoco es irrelevante.
La influencia estadounidense, para bien o para mal
A pesar de décadas de narrativa de la Guerra Fría en la que se consideraba a las alianzas estadounidenses como una fuerza para la democratización, esto nunca ha sido realmente cierto, afirmó Thomas Carothers, quien estudia la promoción de la democracia en el Fondo Carnegie para la Paz Internacional.
Si bien Washington alentó la democracia en Europa occidental como contrapeso ideológico de la Unión Soviética, suprimió su propagación en gran parte del resto del mundo.
Estados Unidos apoyó o instaló dictadores, alentó la represión violenta de elementos de izquierda, y patrocinó grupos armados antidemocráticos. A menudo, esto se realizó en países aliados, con cooperación del gobierno local. Los soviéticos hicieron lo mismo.
Como resultado, cuando terminó la Guerra Fría en 1989 y disminuyó la intromisión de las grandes potencias, las sociedades tuvieron más libertad para democratizarse, y así lo hicieron, en grandes cantidades.
“Muchas personas alcanzaron la mayoría de edad en esos años y pensaron que eso era lo normal”, ya que confundieron la oleada de los años noventa como el estado natural de las cosas y como algo que había logrado Estados Unidos (debido a su hegemonía mundial), dijo Carothers.
“Pero entonces llegó la guerra contra el terrorismo en 2001”, explicó, y Washington nuevamente presionó para establecer autócratas dóciles y frenos a la democratización, esta vez en sociedades donde el islam es predominante.
El resultado han sido décadas de debilitamiento de los cimientos de la democracia en los países aliados. Al mismo tiempo, las presiones lideradas por Estados Unidos en favor de la democracia han comenzado a desvanecerse.
“La hegemonía democrática es buena para la democratización, pero no a través de los mecanismos en los que la gente suele pensar, como la promoción de la democracia”, dijo Gunitsky, estudioso de la política de las grandes potencias.
En vez de alianzas o presidentes que exijan a los dictadores que se liberalicen, ninguno de los cuales tiene un gran historial, dijo, “la influencia de Estados Unidos, donde es más fuerte, es una influencia indirecta, como un ejemplo a emular”.
Su investigación ha descubierto que Estados Unidos estimula la democratización cuando los líderes de otros países, los ciudadanos o ambos ven que el gobierno de estilo estadounidense promete beneficios como la prosperidad o la libertad. Algunos pueden considerar que adoptarlo, aunque sea superficialmente, es una forma de ganarse el apoyo estadounidense.
Sin embargo, las impresiones de la democracia estadounidense, que solían ser positivas, se han ido deteriorando rápidamente.
“Muy pocos de los encuestados piensan que la democracia estadounidense es un buen ejemplo a seguir para otros países”, reveló un estudio reciente del Centro de Investigaciones Pew. En promedio, solo el 17 por ciento de las personas en los países encuestados dijo que la democracia en Estados Unidos era digna de ser emulada, mientras que el 23 por ciento afirmó que nunca había sido un buen ejemplo.
Es posible que la prosperidad estadounidense ya no parezca tan atractiva, debido a problemas cada vez mayores como la desigualdad, así como el surgimiento de China como modelo económico alternativo.
Además, el conocimiento de los problemas internos de Estados Unidos —tiroteos masivos, polarización, injusticia racial— ha afectado enormemente las percepciones.
Podría ser más acertado pensar que la situación actual se debe más al surgimiento de la democracia no liberal como modelo alternativo. Ese sistema parece ser cada vez más popular, mientras que ya no lo es tanto la democracia más plena, con sus protecciones para las minorías y su dependencia de las instituciones establecidas.
Pero incluso las personas que quieren una democracia no liberal para su país tienden a considerarla poco atractiva en otros, gracias a sus tendencias nacionalistas. A medida que se degradan las opiniones sobre la democracia estadounidense como modelo global, también lo hace la propia democracia.
“Gran parte del atractivo de la democracia en todo el mundo está vinculado al atractivo de Estados Unidos como modelo de régimen”, dijo Gunitsky. “Cuando una de esas cosas decae, hará decaer la otra”.
EL SECRETARIO GENERAL DE LA ONU, ANTONIO GUTERRES
dijo que la máxima prioridad debe ser limitar el aumento de las temperaturas globales a 1,5 grados Celsius, o 2,7 grados Fahrenheit. <clic ver abajo>
16 de noviembre de 2021
Antes de que comenzara, la cumbre internacional de las Naciones Unidas sobre el clima celebrada en Escocia y conocida como COP 26 fue promocionada por su principal organizador como “la mejor y última esperanza” para salvar el planeta.
A medio camino, las evaluaciones optimistas de los avances señalaron que los jefes de Estado y los titanes de la industria llegaron con fuerza a la reunión con nuevas promesas de alto impacto para el clima, un indicio de que se estaba cobrando impulso en la dirección correcta.
¿Cuál fue la perspectiva pesimista? Las promesas vagas no significan mucho sin planes concretos para cumplirlas. La activista sueca Greta Thunberg acusó a la conferencia, celebrada en Glasgow .
El sábado, diplomáticos de casi 200 países cerraron un acuerdo importante destinado a intensificar los esfuerzos para combatir el cambio climático, en el que se invita a los gobiernos a regresar el próximo año con planes más sólidos para frenar las emisiones que contribuyen al calentamiento del planeta y se insta a las naciones ricas a “duplicar al menos” el financiamiento para proteger a los países más vulnerables de los riesgos que implican las temperaturas más elevadas para 2025.
A continuación, un vistazo a algunas de las conclusiones clave de la 26.ª cumbre anual de las Naciones Unidas sobre el cambio climático.
El tiempo para actuar se está agotando
El tiempo para actuar se está agotando
El acuerdo estableció un consenso claro de que todas las naciones deben hacer mucho más, y de inmediato, para prevenir un aumento catastrófico de las temperaturas a nivel mundial.
Cuando se inauguró la conferencia, el secretario general de la ONU António Guterres declaró que la principal prioridad debe ser limitar el incremento de las temperaturas globales a solo 1,5 grados Celsius por encima de los niveles preindustriales. Los científicos han advertido que rebasar ese umbral aumenta enormemente el riesgo de que se desaten desastres como olas de calor letales, escasez de agua y el colapso de ecosistemas. (La temperatura del planeta ya se ha incrementado 1,1 grados Celsius).
“La realidad es que se tienen dos verdades diferentes en juego”, dijo la semana pasada Helen Mountford, vicepresidenta para el clima y la economía en el Instituto de Recursos Mundiales. “Hemos logrado avances mucho mayores de los que podríamos haber imaginado hace dos años. Pero seguimos estando muy lejos de lo necesario”.
El acuerdo esboza medidas específicas que el mundo debe tomar, desde recortar casi a la mitad las emisiones globales de dióxido de carbono para 2030 hasta frenar las emisiones de metano, otro potente gas de efecto invernadero. Además, establece nuevas reglas para responsabilizar a los países de los avances que consigan, o no consigan.
La ministra del Medioambiente de Maldivas, Shauna Aminath, declaró que el texto más reciente carecía de la “urgencia” que requieren los países vulnerables como el suyo. “Lo que parece equilibrado y pragmático para otras partes no ayudará a Maldivas a adaptarse a tiempo”, afirmó.
¿Quién debe hacer recortes y cuántos?
¿Quién debe hacer recortes y cuántos?
El acuerdo final deja sin respuesta la pregunta crucial de cuántas emisiones debe recortar cada país durante la próxima década y con cuánta rapidez.
Los países ricos, entre ellos Estados Unidos, Canadá, Japón y gran parte de Europa occidental, representan solo el 12 por ciento de la población mundial en la actualidad, pero son responsables del 50 por ciento de todos los gases de efecto invernadero relacionados con el calentamiento global que han emitido los combustibles fósiles y la industria en los últimos 170 años.
Las claves de la Cumbre del Clima de la ONU
Unas 20.000 personas irán a la COP 26, la reunión de la ONU sobre el clima que inicia el 31 de octubre. Los asistentes buscan nuevas metas para reducir las emisiones de la quema de carbón, petróleo y gas. Aquí las claves.
Hace una década, las economías más poderosas del mundo prometieron destinar 100.000 millones de dólares anuales al financiamiento climático de los países más pobres para 2020. Pero todavía deben decenas de miles de millones de dólares al año. El acuerdo de la COP 26 sigue sin otorgar a los países en desarrollo los fondos que necesitan para recurrir a energías menos contaminantes y enfrentar los desastres del clima cada vez más extremos.
Aumentan llamados a favor de la asistencia ante desastres y la regulación
Aumentan llamados a favor de la asistencia ante desastres y la regulación
Una de las discusiones más grandes en la cumbre se dio en torno a si las naciones más ricas, que son responsables de manera desproporcionada por el calentamiento del planeta hasta el momento, deben o no compensar a las naciones más pobres por los daños derivados de las temperaturas elevadas, y cómo deben hacerlo.
Este fondo, conocido como “mecanismo de pérdidas y daños”, es independiente del dinero para ayudar a los países pobres a adaptarse al clima cambiante. El tema de “pérdidas y daños” es una cuestión de responsabilidad histórica, según afirman sus proponentes, y cubriría pérdidas irreparables, como la desaparición de territorios, culturas y ecosistemas nacionales.
El Acuerdo de París de 2015 instó a establecer reglas más claras sobre cómo permitirles a las empresas y naciones contaminantes comprar e intercambiar permisos para reducir las emisiones globales, pero este tema, tan denso y técnico, siguió presente en los debates hasta bien entrado el sábado en Glasgow.
Los negociadores anunciaron un acuerdo importante sobre cómo regular el floreciente mercado mundial de las compensaciones de carbono, en el que una empresa o un país compensa sus propias emisiones al pagarle a un tercero para que reduzca las suyas. Uno de los temas más espinosos es cómo registrar estos intercambios globales de modo que ninguna reducción se sobrevalore o se contabilice dos veces.
Los países vulnerables insisten en que los ricos deben concederles una parte de las ganancias de las transacciones en el mercado de bonos de carbono para ayudarles a adquirir resiliencia ante el cambio climático. Estados Unidos y la Unión Europea se han opuesto a hacerlo, pero las naciones isleñas en particular desean un mecanismo para asegurarse de que el comercio de bonos de carbono conduzca a una reducción de las emisiones globales.
“Queremos un mercado creíble que entregue reducciones en las emisiones no solo un permiso para que los países compren créditos baratos en paraísos fiscales para cumplir con sus requisitos nacionales”, dijo Ian Fry, un negociador de las islas Solomón, un archipiélago en el suroeste del Pacífico.
Otros acuerdos internacionales logrados en la cumbre
Otros acuerdos internacionales logrados en la cumbre
Estados Unidos y China: Los dos países anunciaron un acuerdo conjunto para hacer más a favor de reducir las emisiones esta década, y China se comprometió por primera vez a desarrollar un plan para reducir el metano, un potente gas de efecto invernadero. El pacto entre las potencias rivales, que son los dos mayores contaminadores del mundo, sorprendió a los delegados en la cumbre. El acuerdo fue somero en detalles y aunque China acordó “reducir gradualmente” el carbón a partir de 2026, no especificó cuánto o durante qué período de tiempo.
Deforestación: los líderes de más de 100 países, incluidos Brasil, China, Rusia y Estados Unidos, prometieron poner fin a la deforestación para 2030. El acuerdo cubre aproximadamente el 85 por ciento de los bosques del mundo, que son cruciales para absorber dióxido de carbono y ralentizar el ritmo del calentamiento global. Algunos grupos de defensa criticaron el acuerdo por carecer de fuerza y señalaron que esfuerzos similares han fracasado en el pasado.
Metano: Más de 100 países acordaron reducir las emisiones de metano, un potente gas que calienta el planeta, en un 30 por ciento para fines de esta década. La promesa fue parte de un impulso de la gestión de Biden, que también anunció que la Agencia de Protección Ambiental limitaría el metano proveniente de aproximadamente un millón de plataformas de petróleo y gas en Estados Unidos.
India: El país se unió al creciente coro de naciones que se comprometieron a alcanzar emisiones “netas cero”, estableciendo una fecha límite de 2070 para dejar de agregar gases de efecto invernadero a la atmósfera. El país, uno de los mayores consumidores de carbón del mundo, también dijo que expandirá significativamente la porción de su mezcla energética total que proviene de fuentes renovables, y que la mitad de su energía provendrá de fuentes distintas a los combustibles fósiles para 2030.
Los distintos rostros de la acción climática
Los distintos rostros de la acción climática
Se vio una clara brecha generacional y de género en las charlas de Glasgow. Las personas que tienen el poder de decidir cuánto se calienta el mundo en las próximas décadas son, en su mayoría, hombres blancos de la tercera edad. Las personas más molestas por el ritmo de las acciones climáticas son, en su mayoría, mujeres jóvenes.
Malik Amin Aslam, asesor del primer ministro de Pakistán, se burló de algunas de las metas lejanas de cero emisiones netas que se anunciaron durante la conferencia, incluida la de India: “Con una edad promedio de 60 años, dudo que alguien en la sala de negociaciones esté vivo para experimentar ese cero neto en 2070”, declaró.
El primer día de la conferencia, Greta Thunberg se unió a decenas de manifestantes en las calles fuera de la cumbre. A lo largo de las dos semanas que duró la conferencia, ella y otras jóvenes activistas —incluyendo a Vanessa Nakate, Dominika Lasota y Mitzi Tan— hicieron varias apariciones en protestas.
Thunberg le dijo a la BBC en una entrevista previa a la cumbre que no había sido invitada a dar un discurso de manera oficial. Agregó que creía que los organizadores no habían invitado a muchos ponentes jóvenes porque “quizá temen que si invitan a demasiados jóvenes ‘radicales’, estos podrían hacerlos quedar mal”, declaró, trazando comillas en el aire.
No estamos listos: Los fenómenos meteorológicos extremos han afectado enormemente a todo el mundo y mostraron que ni los países más prósperos están listos para afrontar las consecuencias del cambio climático.
Realizar las conversaciones durante la pandemia ya era en sí mismo un desafío
La cumbre sobre el clima, que se retrasó el año pasado, es una de las reuniones internacionales más importantes celebradas durante la pandemia de coronavirus.
Muchos participantes de la cumbre viajaron desde países donde las vacunas aún no están ampliamente disponibles. A nivel mundial, menos de la mitad de todos los adultos se han vacunado contra la COVID-19, lo que ilustra las inequidades de la vacunación. Las restricciones de viaje y cuarentena significaron costos adicionales tanto en tiempo como en dinero para el alojamiento, lo que hizo que el viaje fuera imposible para algunos.
Y algunos participantes, como el presidente Xi Jinping de China, Vladimir V. Putin de Rusia y Jair Bolsonaro de Brasil, decidieron simplemente no acudir.
A mitad de camino, los organizadores de la conferencia emitieron una carta de disculpa a los participantes por las largas filas y las dificultades del video, diciendo que planificar ha sido un desafío debido a las restricciones pandémicas. Patricia Espinosa, la secretaria ejecutiva del organismo climático de la ONU, pidió a los asistentes que “nos tengan paciencia” mientras los organizadores lidiaban con arreglos muy complejos, como asegurarse de que todos los que ingresaran al lugar dieran negativo al coronavirus y hacer cumplir los controles de aforo.
Palabras de la Comisionada Antonia Urrejola, Presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH),durante la presentación del Informe Anual 2020 de la CIDH, en el Quincuagésimo Primer Período Ordinario De Sesiones de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos.
Ciudad de Guatemala,12 de noviembre de 2021 <clic ver abajo>
15 de noviembre de 2021
Presentación del Informe Anual 2020 de la CIDH a la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos Palabras de la Comisionada Antonia Urrejola, Presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos Washington, D.C., 12 de noviembre de 2021
Su Excelencia Canciller Pedro Brolo , Presidente de la Asamblea General Su Excelencia Luis Almagro, Secretario General de la OEA; Su excelencia, Nestor Mendez, SGA de la OEA Jefas y Jefes de delegaciones, Representantes Permanentes y Alternos de Estados Miembros y Observadores ante la OEA. Señoras y señores: Tengo el honor de dirigirme a ustedes en mi carácter de Presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para presentar nuestro Informe Anual 2020. Me acompaña la Junta Directiva de la CIDH, su Secretaria Ejecutiva, la Relatora DESCA, el Relator Especial sobre Libertad De Expresión, y el equipo técnico de la Secretaría Ejecutiva de la CIDH. Quisiera hacer un reconocimiento a todas las personas de la Secretaría Ejecutiva, por la dedicación y la calidad del trabajo realizado en estos meses tan desafiantes, a mis colegas Comisionadas y Comisionados, especialmente al Comisionado Joel Hernández, quien, en su carácter de Presidente, dirigió los trabajos de la Comisión durante el complejo período que cubre este informe.
El año 2020 fue un año muy difícil: la pandemia ha acentuado todas las desigualdades, las vulnerabilidades y las situaciones violatorias a los derechos humanos de las personas en el mundo. 2 Frente a estos desafíos gigantes, quisiera recalcar la importancia de mantener un sistema de derechos humanos fuerte y autónomo. Ante situaciones como la crisis multidimensional que ha generado el COVID-19, es importante resaltar que este es un continente con una tradición importante de multilateralismo. El Sistema Interamericano de Derechos Humanos es una conquista que ha costado vidas y sufrimiento a miles de víctimas, mucho esfuerzo de parte de los Estados democráticos y también de la Sociedad civil y personas defensoras de derechos humanos. El Informe Anual es el principal instrumento de rendición de cuentas de la Comisión y refleja sus actividades en sus distintos pilares y mandatos y las respuestas brindadas a las situaciones de derechos humanos en la región. Entre estas respuestas, quisiera destacar la aprobación de las Resoluciones sobre “Pandemia y Derechos Humanos en las Américas”, sobre los “Derechos Humanos de las personas con COVID19” y aquella sobre Vacunas contra el COVID 19 en el marco de las obligaciones interamericanas de derechos humanos. También quisiera subrayar la publicación de comunicados de prensa sobre los impactos de la pandemia, los espacios periódicos de diálogo con Estados y sociedad civil, las actividades promocionales realizadas y los recursos desarrollados para ofrecer herramientas a la comunidad interamericana para enfrentar esta crisis sin precedentes.
El 2020 la Comisión ha avanzado significativamente en el cumplimiento de las metas y objetivos definidos en su Plan Estratégico. Entre estos logros se destacan principalmente los avances en la superación del atraso procesal y en la publicación de informes sobre admisibilidad y fondo que continúan con el desarrollo progresivo del derecho internacional de los derechos humanos. El Informe da cuenta de las respuestas y medidas adoptadas por los Estados para contener la propagación del COVID-19 así como otras acciones adoptadas para promover y proteger los derechos humanos de las personas conforme a las obligaciones internacionales. Las medidas observadas se encuentran clasificadas en tres grupos. El primero se refiere a temas transversales que tienen un impacto multidimensional en la garantía de protección de los derechos humanos, como las medidas adoptadas por los Estados para contener la propagación del virus y aquellas acciones prioritarias tales como el 3 fortalecimiento de la institucionalidad de derechos humanos; la participación democrática; la independencia judicial y el acceso a la justicia; la seguridad ciudadana y la prevención de la violencia contra poblaciones vulnerables; y la igualdad de género y diversidad social.
El segundo, se refiere a medidas adoptadas para proteger a poblaciones prioritarias y especialmente vulnerables. El tercero, incluye acciones adoptadas para fortalecer la memoria, verdad y justicia; la libertad de expresión y manifestación; y la protección de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. La CIDH destaca las visitas in loco, realizadas a Chile y a la frontera colombo-venezolana, Estados Miembros a los cuales agradece la invitación, luego de las cuales realizó observaciones preliminares con recomendaciones específicas. Por otra parte, en su Informe la Comisión ha identificado un conjunto de desafíos en derechos humanos durante el año pasado: la persistencia de la discriminación y violencia contra mujeres, personas LGBTI, afrodescendientes; pueblos indígenas, niñas, niños y adolescentes, personas mayores, y en particular contra personas defensoras de derechos humanos, periodistas y líderes sociales; el incremento de la represión de la protesta social en algunos países, mediante el uso desproporcionado de la fuerza; el fenómeno de las personas en situación de movilidad humana y en particular la migración forzada de personas; y la gravedad de las condiciones de detención de las personas privadas de libertad en la región. Estos desafíos se han visto intensificados en el contexto de la pandemia del COVID-19.
El Capítulo IV.B incluye informes especiales sobre Cuba, Nicaragua y Venezuela, países que requieren de una atención especial según los criterios establecidos en el Artículo 59.6 del Reglamento. El 2017 la Asamblea General de la OEA acordó duplicar los recursos financieros en el Presupuesto Regular de los órganos del Sistema Interamericano en un período de tres años. La Comisión agradece la confianza y se compromete a continuar trabajando incansablemente para abordar los desafíos de la región y espera seguir contando con el apoyo de los Estados. También agradece 4 a los Estados miembros y observadores, así como a los donantes cuyas contribuciones financieras han sido decisivas para el alcance de los resultados presentados. El año 2020 siempre será recordado por la pandemia y sus devastadores impactos. Tras de sí nos deja una pandemia aún más difícil y de largo aliento: la pandemia de la pobreza y la desigualdad, dolorosamente agravada. El 2021 nos ha dejado claro que la propagación del virus aún no ha sido controlada: el acceso desigual a las vacunas hace necesario desarrollar esfuerzos para la cooperación internacional y el desarrollo de políticas públicas con enfoque de derechos humanos. Comprender los nuevos retos que enfrentan nuestras sociedades en este contexto, y formular respuestas acordes a los estándares interamericanos, requerirá de la participación y el compromiso de todos y todas: organismos internacionales, Estados y sociedad civil organizada. No es posible la auténtica vigencia de los derechos humanos sin la intervención de cada uno de estos actores.
Finalizo mi intervención rindiendo un tributo a la memoria de las mas de 2millones, 250 mil personas que han fallecido por el COVID 19 en América Latina y el Caribe desde el inicio de la pandemia. Y no puedo dejar de hacer mías las palabras de la Presidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Elizabeth Odio, sobre que es tiempo de mujeres y la gravísima situación de Haití; y agrego Nicaragua, cuyo pueblo he acompañado los últimos 4 años. Y decirles a todas y todos que seguiré acompañado desde donde sea que el futuro me depare. Así también a los pueblos indígenas, a las personas defensoras de derechos humanos y muy especialmente a las víctimas y familiares de las graves violaciones de derechos humanos de nuestro continente Muchas gracias
La CIDH y la REDESCA expresan su preocupación por la falta de acceso universal y equitativo a las vacunas contra el COVID-19 en las Américas <clic ver abajo>
11 de noviembre de 2021
Washington D.C.- Ante el impacto desproporcionado que ha tenido la pandemia del COVID-19 en las Américas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA) expresan su preocupación por los obstáculos existentes para el acceso universal y equitativo a las vacunas, especialmente para los países de bajos y medianos ingresos; en particular, respecto de ciertos grupos en situación de extrema vulnerabilidad o discriminación histórica.
A diez meses del comienzo de la inmunización contra el COVID-19 en la región, la Comisión y la Relatoría Especial DESCA reiteran de manera enfática que las vacunas son un bien público mundial y regional, frente al que se requiere no sólo que se tomen medidas concretas para asegurar su alcance a todas las personas – bajo el principio de igualdad y no discriminación –, sino que a su vez se asegure que la equidad sea un componente clave para su distribución entre los países y dentro de los mismos, en el marco de las obligaciones derivadas de la Carta de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, como de la Convención Americana de Derechos Humanos y el Protocolo de San Salvador. Asimismo, de conformidad con las recomendaciones establecidas por la CIDH para abordar la pandemia con un enfoque de derechos, a través de sus Resoluciones No. 1/2020, No. 4/2020, No. 1/2021, y demás pronunciamientos realizados en el marco de su SACROI-COVID19, frente a los que se hace un llamado a los Estados para que estos sean implementados de manera efectiva.
La CIDH y su REDESCA observan que, de las muertes a nivel mundial por COVID-19, la región da cuenta de aproximadamente el 30%, aunque solo representa el 8,4% de la población. Igualmente, toman nota de la disparidad significativa a nivel regional, en la que, a julio, mientras en algunos países de Norteamérica la proporción de población con esquema de vacunación completo era de aproximadamente 49,3%, en América Latina y el Caribe la tasa era del 16,8% (con Suramérica con 17,2%, Centroamérica con sólo el 7,4% y el Caribe con 10%), con algunos países en los que ni siquiera se había alcanzado el 1% de inoculación. De esta manera, a finales de septiembre, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) alertó que pese a la administración de más de mil millones de dosis en las Américas desde que estuvieron disponibles, sólo el 35% de las personas en América Latina y el Caribe habían sido inmunizadas completamente. Así, aunque a octubre hay algunos países en la región que han vacunado a más del 70% de su población, la mayoría no superan el 40% de cobertura con esquema de vacunación completo, de los cuales seis países no habrían alcanzado siquiera al 20% de su población y requerirían mayor apoyo internacional -siendo estos: Jamaica, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Haití, Guatemala y Nicaragua-. Al respecto, la OEA ha estimado que el 90% de las personas en países de bajos ingresos no tendrán acceso a ninguna vacuna contra el COVID-19 en el año 2021. Por su parte, la CEPAL prevé que la región no alcanzará a vacunar al 80% de su población en este año.
Dicha situación, que tiene la capacidad de prolongar la emergencia sanitaria a nivel mundial y regional, sería resultado no sólo de la presencia de variantes peligrosas -tales como la Delta o la P1 del coronavirus, con mayor carga viral y capacidad de trasmisión-, sino a su vez del acceso inequitativo a las vacunas entre países y dentro de los mismos, con un impacto desproporcionado en los de bajos y medianos ingresos, en los cuales, a septiembre, sólo el 20% de las personas habría recibido la primera dosis de la vacuna, en comparación con el 80% de las personas en países de ingresos altos y medios altos. En el mismo sentido, se toma nota de que diversos grupos en situación de vulnerabilidad, tales como personas afrodescendientes, pueblos indígenas, personas en situación de movilidad humana, personas en zonas rurales dispersas o de difícil acceso, personas en situación de calle, entre otras, no fueron priorizados en los planes de vacunación nacionales en la mayoría de los países de la región.
A lo anterior se suma un panorama regional complejo que agrava esta situación, que a la fecha se ha caracterizado por un alto escepticismo público hacía las vacunas; la ausencia de planes de vacunación y hojas de ruta para la inmunización, así como retrasos en la implementación de los planes de vacunación en algunos países de la región o la falta de su difusión activa. Asimismo, en al menos cinco países de la región salieron a la luz pública hechos de corrupción en los procesos de inmunización, en los que de manera irregular se priorizó el acceso a las vacunas a personalidades políticas, funcionariado público y/o personas empresarias reconocidas, junto a sus personas cercanas, pese a no hacer parte de los grupos prioritarios.
En el mismo sentido, se observa con preocupación la prelación de la propiedad intelectual sobre los derechos humanos, que ha derivado en la ausencia de un intercambio suficiente de información y tecnología en materia de vacunación y tratamientos, así como en la falta de consenso para liberar las patentes de las vacunas, y con ello, retrasos para la producción de más vacunas y tratamientos relacionados para hacer frente al COVID-19. Esto aunado a la prevalencia del secretismo y opacidad en los contratos firmados con las compañías farmacéuticas para adquirir antígenos, en los que se han incluido diversas cláusulas de confidencialidad que impiden el acceso efectivo a la información e irían en detrimento de la obligación de transparencia activa y de la capacidad de negociación de los Estados.
En este escenario, la CIDH y REDESCA encuentran preocupantes los anuncios y planes para brindar dosis de refuerzo contra el COVID-19 por algunos Estados, de los cuales, casi una tercera parte de los países de las Américas habrían iniciado o estarían por iniciar la aplicación de dosis de refuerzo. Lo anterior, mientras en la mayoría de países de la región una gran proporción de personas sigue sin siquiera recibir la primera dosis – incluyendo, en algunos casos, personal de salud y grupos priorizados, tales como personas mayores o quienes viven con enfermedades preexistentes-. Es de precisar que justamente los países que ya habrían hecho uso de la mayoría del suministro de vacunas contra el COVID-19 son los que adelantan este tipo de iniciativas.
En este escenario, y teniendo en cuenta las obligaciones interamericanas en la materia, la CIDH y REDESCA llaman a los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos a:
Poner en marcha planes nacionales que aseguren el acceso equitativo y universal a las vacunas sin discriminación y que consideren el Marco de valores del Grupo de Personas Expertas en Asesoramiento Estratégico sobre Inmunización (SAGE) de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Garantizar, bajo enfoques diferenciados, interseccionales e interculturales, la difusión activa de información adecuada y suficiente sobre las vacunas, los planes de vacunación y la información relativa a la adquisición, importación, distribución, priorización y aplicación de las vacunas, además de los procesos y procedimientos de control y vigilancia.
Para hacer frente al escepticismo público hacía las vacunas, implementar acciones concretas que contribuyan a fortalecer la seguridad en las instituciones de salud pública y en el conocimiento de base científica sobre la seguridad de las vacunas contra el COVID-19 y su proceso de desarrollo.
A partir de la disponibilidad de información suficiente y adecuada, y en aras de salvar vidas con base en el principio de solidaridad, la Comisión y su REDESCA hacen un llamado para que toda persona que tenga la posibilidad de vacunarse adelante su proceso de inmunización, no sólo con el fin de salvaguardar su salud y vida, sino también de contribuir a contener la pandemia del COVID-19.
A su vez, la CIDH y su REDESCA hacen un firme llamado a erradicar la corrupción en el ámbito de la distribución y aplicación de las vacunas, así como a garantizar que la propiedad intelectual, las patentes y el secreto empresarial no sigan siendo un impedimento para el derecho a la salud en el contexto de pandemia. Adicionalmente, la Comisión y su Relatoría Especial DESCA se adhieren al llamado de la OMS de implementar una moratoria a las dosis de refuerzo hasta mínimo finales de año para que al menos un 40% de la población de todos los países esté vacunada y no se siga ampliando la brecha de vacunación.
En ese sentido, se exhorta a fortalecer la cooperación internacional para concertar acciones regionales efectivas que impulsen el desarrollo tecnológico y el intercambio de información y tecnología en materia de vacunación y tratamientos frente al COVID-19, mediante las que se fortalezcan las capacidades de producción de medicamentos y tecnologías sanitarias esenciales frente al COVID-19 en las Américas. Frente a este punto, la CIDH y su REDESCA toman nota de la aprobación por parte de los países miembros de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) de los lineamientos y propuestas para un plan de autosuficiencia sanitaria para América Latina y el Caribe elaborados por CEPAL. En el mismo sentido, destacan la iniciativa de la OPS, en colaboración con la OMS, para producir vacunas de ARNm en la región.
La Comisión y su Relatoría Especial DESCA reiteran que la cooperación internacional debe estar guiada por el principio de solidaridad internacional, por lo que las medidas asociadas con las restricciones a la movilidad humana en el contexto de la pandemia -incluyendo los pasaportes sanitarios u otros documentos para prueba de inmunización contra COVID-19-, deben observar los principios de igualdad y no discriminación, así como las particularidades de los planes de vacunación de los países de origen. En consecuencia, se debe evitar que mediante la imposición de este tipo de medidas se brinde información que no esté basada en el conocimiento científico y que se convierta en un vector de desinformación sobre las vacunas y su seguridad.
Lo anterior, en aras de garantizar el derecho a la salud, el derecho a disfrutar de los beneficios del progreso científico, otros DESCA y el conjunto de los derechos humanos, en el marco de la pandemia y sus consecuencias. De manera específica, se llama a que estas acciones tengan un enfoque de derechos humanos y estén guiadas bajo el principio de solidaridad internacional, atendiendo particularmente los desafíos para el acceso a las vacunas contra el COVID-19 por parte de los países con menos renta. Lo anterior, conforme a lo dispuesto en la Resolución 1/2020 sobre Pandemia y Derechos Humanos en las Américas, la Resolución 4/2020 sobre los derechos de las personas con COVID-19 y la Resolución 1/2021 sobre las vacunas contra el COVID-19 en el marco de las obligaciones interamericanas de derechos humanos.
Por último, ante los serios riesgos que continúan generando la falta de acceso universal, equitativo y oportuno a las vacunas contra el COVID-19 en la región, se exhorta a adoptar políticas públicas, incluyendo políticas fiscales, que permitan una redistribución equitativa de las vacunas y el fortalecimiento de los sistemas de protección social y sistemas de salud.
La REDESCA es una Oficina autónoma de la CIDH, especialmente creada para apoyar a la Comisión en el cumplimiento de su mandato de promoción y protección de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en el continente americano.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.
En el marco de la COP 26 de la Convención Marco sobre Cambio Climático, la CIDH y la REDESCA llaman a los Estados Miembros de la OEA a poner la protección de los derechos humanos el centro de sus políticas y acciones climáticas. <clic ver abajo>
8 de noviembre de 2021
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA) hacen un llamado a todos los Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA), para que en el marco de la realización de la Conferencia de las Partes (COP en inglés) No. 26 de la Convención Marco sobre Cambio Climático de las Naciones Unidas asuman la adopción de un enfoque de derechos humanos como aspecto central de todas las negociaciones, políticas y acciones en la materia.
El cambio climático plantea una verdadera emergencia de derechos humanos, lo que requiere que los principios y estándares que rigen el Derecho Internacional e Interamericano de los Derechos Humanos vis a vis los propios del Derecho Internacional del Medio Ambiente guíen todas las soluciones, políticas y acciones que se planteen en este ámbito. En consecuencia, alientan a los Estados miembros de la OEA a que, en sintonía con las obligaciones asumidas en el ámbito del sistema interamericano, pongan en el centro de sus negociaciones y decisiones climáticas los derechos humanos y el impacto adverso que el cambio climático tiene en el goce de estos, en especial de las personas y colectivos que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad.
En esa línea, la Comisión y la REDESCA destacan que el último reporte parcial del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC por sus siglas en inglés), señaló que dadas las actuales circunstancias y posibles excesos de emisiones, es muy probable que el aumento de temperatura entre 1.5° y 2° C se de en los próximos 20 años trayendo consigo un aumento en la frecuencia e intensidad de olas de calor extremas, subida de temperaturas de los océanos, incremento de fuerza y tamaño de ciclones y huracanes, sequías prolongadas y también la reducción significativa de glaciares y nieves perpetuas. En particular, preocupan a la CIDH y a la REDESCA los serios impactos del cambio climático en el continente americano, destacando las graves consecuencias que ya está suponiendo para los países del Caribe o Centro América y cómo, también conforme al IPCC, afectará drásticamente el clima en Sudamérica con una alta ocurrencia de sequías y falta de lluvias para la región amazónica.
Al respecto, la CIDH y la REDESCA llaman a considerar el hecho que los efectos del cambio climático y la degradación ambiental resultan particularmente graves para aquellas poblaciones que están en situación de especial vulnerabilidad o de discriminación histórica y contribuyen muy marginalmente a las emisiones de efecto invernadero, como como son las mujeres, las niñas, niños y adolescentes, pueblos indígenas, personas afrodescendientes y personas que viven en zonas rurales o viven en la pobreza. Muchas personas y poblaciones en las Américas ya están enfrentando inseguridad alimentaria, migración forzada, enfermedades y muerte debido al calentamiento global. Consecuentemente, el derecho a la vida, a la alimentación, a la vivienda, a la salud, al agua y a un ambiente sano se están viendo y se verán cada vez más impactados, provocando una crisis social sin precedentes, que además se suma a la generada por la pandemia. Por ello, la Comisión y la REDESCA urgen a los Estados para que con base en la aplicación del principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas, incrementen sus compromisos financieros climáticos a partir de un enfoque de equidad y de justicia social. En ese sentido, la CIDH y la REDESCA urgen a los países que más contribuyen con emisiones a la atmósfera, a que movilicen hasta el máximo de los recursos disponibles para una acción climática regional y global comprometida seriamente con los derechos humanos.
La CIDH y la REDESCA subrayan que el cambio climático representa una de las mayores amenazas para el pleno disfrute y ejercicio de los derechos humanos de las generaciones presentes y futuras, para la salud de los ecosistemas y de todas las especies que habitan el planeta: a mayor aumento de la temperatura global, mayores efectos adversos y limitaciones se generarán para la realización de los derechos humanos. Por ello, reorientar el desarrollo hacia un modelo que permita diversificar la matriz energética, transitar hacia tecnologías más limpias, la eficiencia energética y avanzar en sistemas agroalimentarios sostenibles, son decisiones determinantes para hacer frente al cambio climático como para asegurar el respeto a los derechos humanos, al tiempo que se avanza en la reducción de la pobreza y de la desigualdad estructural en las Américas. Asimismo, la recuperación económica de la crisis provocada por la pandemia del COVID-19 debe lograrse a partir de un enfoque "verde", mediante medidas que favorezcan la protección del medio ambiente y el combate efectivo del cambio climático.
La CIDH y la REDESCA recuerdan que en el sistema interamericano de derechos humanos se reconoce al medio ambiente sano como un derecho autónomo, interdependiente con los demás derechos humanos, tal como ha sido establecido en la Opinión Consultiva número 23 o en la sentencia del caso Lhaka Hontat (Nuestra Tierra) vs. Argentina de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Asimismo, destacan la relación estrecha entre los derechos humanos, el desarrollo sostenible y el medio ambiente, cuya interacción abarca innumerables facetas y alcances. Por ello, tal como establecieron en el informe "Empresas y Derechos Humanos: estándares interamericanos", no sólo los Estados, al ejercer sus funciones regulatorias, fiscalizadoras y judiciales, sino también las empresas, como las instituciones financieras internacionales, en el marco de sus actividades y relaciones comerciales, deben tener en cuenta y respetar el derecho humano a un medio ambiente sano y el uso sostenible y conservación de los ecosistemas y diversidad biológica, poniendo especial atención a su estrecha relación con los pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y poblaciones rurales o campesinas. Asimismo, subrayan la obligación inmediata de los Estados de implementar estrategias y políticas basadas en los derechos humanos y con perspectiva de género para reducir las emisiones de efecto invernadero y los efectos del cambio climático, en la que se incluya las responsabilidades jurídicas de las empresas y la debida protección de las personas defensoras del medio ambiente.
La CIDH y la REDESCA subrayan el papel positivo y relevante de las personas defensoras del medio ambiente, así como la necesidad de reconocimiento y protección especial que se debe dar a su trabajo y actividades de defensa de los derechos humanos al considerarlas fundamentales para el fortalecimiento de la democracia y el Estado de Derecho. Debe valorarse muy explícitamente la contribución que estos actores hacen en la observancia de los derechos humanos a través de la protección ambiental, reiterando el rol esencial que desempeñan dentro de los Estados en la lucha contra el cambio climático y la degradación ambiental. En tal sentido, llaman a los Estados Americanos a asegurar la participación efectiva en la toma de decisiones y políticas climáticas de quienes defienden la tierra, los territorios y el ambiente, así como de las comunidades afectadas por el cambio climático. Asimismo, alientan a la pronta firma y ratificación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Protocolo Adicional a la Convención Americana de Derechos Humanos (Protocolo de San Salvador) y el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (conocido como Acuerdo de Escazú) por aquellos Estados de la OEA que aún no lo han hecho.
A través de Plan Estratégico 2017-2021 de la CIDH, la CIDH creó la REDESCA encargándole expresamente la tarea de desarrollar y fortalecer los estándares relativos al derecho humano al medio ambiente y, en particular, al impacto del cambio climático en los derechos humanos en las Américas. En consecuencia, en el marco de su Agenda Estratégica 2021-2023, la Relatoría Especial viene trabajando la materia como máxima prioridad del mandato, encontrándose a disposición de los Estados Americanos, de la sociedad civil, del sector privado, de la academia y todas las partes interesadas para cooperar y fomentar el desarrollo de acciones climáticas respetuosas de los derechos humanos en las Américas.
La REDESCA es una Oficina autónoma de la CIDH, especialmente creada para fortalecer la promoción y protección de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en el continente americano, liderando los esfuerzos de la Comisión en la materia.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.
Grupo Banco Mundial sobre las vacunas: Datos clave <clic ver abajo>
4 de noviembre de 2021
Las vacunas contra la COVID-19, junto con los testeos masivos, los tratamientos mejorados y los sistemas de salud sólidos, son clave para salvar vidas y reforzar la recuperación económica mundial. Para ofrecer alivio a las poblaciones vulnerables, los países de ingreso bajo y mediano necesitan un acceso equitativo, amplio y rápido a vacunas eficaces y seguras.
Por eso el Banco Mundial está reforzando su respuesta inicial a la COVID-19 con USD 12 000 millones para ayudar a los países pobres a adquirir y distribuir vacunas, pruebas de detección y tratamientos. La primera operación financiada por la institución en respaldo de la distribución de las vacunas se aprobó en enero de 2021 (i).
Al 02 de junio, el Banco Mundial ha aprobado proyectos de vacunas en 25 países por un valor de más de USD 2 400 millones. Esperamos llegar a 50 países por valor de USD 4 000 millones a mediados de año. Los países con proyectos de vacunas aprobados hasta ahora son Afganistán, Bangladesh, Cabo Verde, Côte d'Ivoire, Ecuador, El Salvador, Eswatini, Etiopía, Honduras, Lesotho, Líbano, Moldova, Mongolia, Nepal, Filipinas, Rwanda, Gambia, República del Congo, Sierra Leona, Túnez, Tayikistán y Ucrania. Todos los proyectos aprobados se resumen aquí. (i)
Financiamiento:
El financiamiento amplía la asistencia para ayudar a los países de ingreso bajo y mediano a adquirir las vacunas y estar listos para distribuirlas, así como a reforzar los sistemas nacionales de preparación para cuestiones de salud pública. Este financiamiento forma parte de la respuesta inicial a la COVID-19 anunciada en abril de 2020, que actualmente brinda respaldo a más de 110 países (i).
Todos los países de ingreso bajo y mediano que pueden recibir asistencia del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y la Asociación Internacional de Fomento (AIF) (i) podrán acceder al paquete de financiamiento para la adquisición de vacunas en el marco de sus actuales mecanismos de préstamo (en el caso de los prestatarios de la AIF) y límites de exposición (prestatarios del BIRF).
El paquete de financiamiento, que ya está en preparación y se pondrá en marcha durante los próximos 24 meses, ayuda a mostrar a la industria farmacéutica y de la investigación que las personas de los países en desarrollo necesitan un acceso equitativo a vacunas seguras y efectivas contra la COVID-19. Ningún país estará a salvo de sufrir un rebrote hasta que la pandemia se haya logrado contener en todos los países.
Cómo funciona
El enfoque se basa en la considerable experiencia del Grupo Banco Mundial en materia de respaldo a programas de vacunación a gran escala contra enfermedades prevenibles por inmunización, así como a programas de salud pública orientados a combatir enfermedades infecciosas como el VIH, la tuberculosis, el paludismo y enfermedades tropicales desatendidas.
El Banco está trabajando con sus asociados para evaluar el grado de preparación de los sistemas de salud de los países con respecto a la distribución de las vacunas y para identificar deficiencias y esferas de posible inversión. Esto permite que el financiamiento de la institución respalde las necesidades prioritarias de cada país. Las evaluaciones incluyen análisis de capacidades normativas y regulatorias, sistemas de datos y rastreo, e infraestructura sanitaria (incluida la cadena de frío y la capacitación de los trabajadores de la salud). Ya se están realizando evaluaciones en más de 140 países.
Los países en desarrollo tienen flexibilidad para utilizar el financiamiento de la forma que les resulte más adecuada, de acuerdo con el contexto y las necesidades específicas. Los fondos pueden destinarse a la compra de las vacunas, a su distribución o al fortalecimiento de los sistemas de salud; también se pueden combinar estas opciones para satisfacer las necesidades del país.
Compra de vacunas: el Banco Mundial ofrece distintas opciones de adquisición de vacunas y mecanismos de financiamiento:
compras directas de los países a los fabricantes de vacunas, ya sea de forma individual o conjunta con otros países;
compra de excedentes de otros países que tengan excesos de dosis;
mecanismos de compra anticipada, por ejemplo, a través de la participación en la iniciativa COVAX.
Distribución de vacunas: a fin de ayudar a los países a prepararse para la vacunación y fortalecer sus sistemas de salud —pasos clave de una distribución eficaz de las vacunas—, el financiamiento del Banco Mundial se utilizará para formular políticas de implementación segura y eficaz, ampliar el almacenamiento y establecer cadenas de frío, formular sistemas de datos y seguimiento, capacitar a los trabajadores de la salud y generar confianza en el proceso de vacunación mediante la participación ciudadana y comunitaria.
El financiamiento también puede utilizarse para adquirir y distribuir pruebas de detección y tratamientos para la COVID-19.
Respaldo de IFC en materia de vacunas
Otra parte importante de la respuesta proviene de la Corporación Financiera Internacional (IFC), la entidad del Grupo Banco Mundial dedicada al sector privado. La Plataforma Mundial para la Salud, dotada de USD 4000 millones, apoya a empresas privadas para que puedan ofrecer productos y servicios de salud —entre ellos, las vacunas— a los países en desarrollo. Esto incluye:
inversiones en empresas fabricantes para ampliar la producción de vacunas contra la COVID-19 en países de ingreso bajo y mediano, y destinar lo producido a mercados emergentes;
capacidad para invertir en la producción de otros elementos, como viales, agujas, jeringas y capacidad de almacenamiento en frío, de modo de abordar posibles cuellos de botella;
apoyo para el mapeo de la capacidad de elaboración de vacunas contra la COVID-19, centrando la atención en los posibles obstáculos del proceso.
Información general acerca de la respuesta del Grupo Banco Mundial a la COVID-19:
El Grupo Banco Mundial, una de las principales fuentes de financiamiento y conocimientos para los países en desarrollo, está adoptando medidas rápidas y de amplio alcance con el fin de ayudar a dichos países a responder a los impactos sanitarios, sociales y económicos de la pandemia de COVID-19.
Esta operación de respaldo de emergencia está ayudando a más de 110 países en desarrollo a reforzar los sistemas de salud, respaldar a los hogares más pobres y crear condiciones de apoyo para mantener los medios de subsistencia y los empleos de los más afectados.
Estrategia nacional
Estrategia nacional
28 de octubre de 2021
Los principales objetivos de un órgano coordinador son elaborar una estrategia nacional para combatir el secuestro y asegurar que ésta sea apropiada para afrontar los retos actuales y futuros, que los recursos y la capacitación con que se cuente sean suficientes, que el desempeño se vigile constantemente, que el aprendizaje sea continuo y que la estrategia se vaya mejorando según esa experiencia. Eso es importante porque demuestra el reconocimiento político de la gravedad del secuestro.
Los elementos clave de una estrategia nacional eficaz son, entre otros: Proveer los medios para la reunión, el almacenamiento (mediante una base de datos), el análisis y la difusión de información de inteligencia y de otro tipo para proporcionar evaluaciones estratégicas de cómo funciona el secuestro y para identificar los lugares más expuestos y los delincuentes involucrados y su modus operandi;
Promulgar y, cuando sea necesario, modificar la legislación nacional (incluidos los poderes necesarios y la rendición de cuentas) para mejorar y facilitar la aplicación eficaz de la estrategia nacional para combatir el secuestro; Establecer un punto focal nacional encargado de los casos que incluyan el secuestro;
Elaborar una estrategia para la prevención del secuestro, conjuntamente con los interesados directos pertinentes, dirigida a los grupos vulnerables, al público en general y a las empresas;
Establecer medidas de apoyo significativas para las víctimas de secuestros y sus familias y para los testigos;
Identificar los elementos clave del proceso de investigación y asegurar que las autoridades apropiadas tengan los recursos adecuados y acceso al personal especializado, el equipo y la tecnología necesarios para investigar eficazmente los casos de secuestro;
Establecer enlaces eficaces con los fiscales y la judicatura para acelerar los procesos penales y facilitar el decomiso del producto del delito, cuando corresponda, y con objeto de garantizar la ejecución de los programas que proporcionan indemnización a las víctimas y protección a los testigos;
Examinar el cumplimiento de los instrumentos internacionales y desarrollar la cooperación bilateral y regional;
Poner en práctica y dirigir un programa de investigación para identificar las prácticas adecuadas, incluida la rendición de cuentas minuciosa y oportuna de todos los que realizan actividades operacionales en relación con el secuestro; Asegurar que la capacitación impartida a todos los organismos sea uniforme y coordinada y que idealmente incluya ejercicios conjuntos;
El secuestro se está convirtiendo en un problema cada vez más internacional. La globalización ha producido muchos resultados positivos en cuanto al aumento del comercio y los viajes internacionales, tanto con fines de negocios como de recreación. Sin embargo, la delincuencia organizada ha explotado rápidamente las oportunidades que ofrecen el relajamiento de los controles en las fronteras y las mayores facilidades para viajar, que también han contribuido a cambios en las modalidades del secuestro:
Cada vez más víctimas son ciudadanos extranjeros;
Cada vez más las demandas se plantean o incluyen a las familias, las empresas, las organizaciones o los gobiernos de otros países, o provienen de otro pais;
Cada vez son más los delincuentes (o terroristas) involucrados en el secuestro que pertenecen a grupos internacionales organizados, con enlaces en uno o más países;
Legislación
Legislación
26 de octubre de 2021
Los sistemas jurídicos nacionales deben tipificar el secuestro, o su equivalente, como un delito penal específico y asegurar que haya una legislación apropiada que abarque la privación de la libertad, la restricción de la libertad personal, el encarcelamiento falso o indebido y el rapto. Se han identificado cuatro elementos comunes del delito de secuestro que son pertinentes como marco de la legislación apropiada: La captura, el transporte o la privación de la libertad ilegales de un individuo sin su consentimiento; El empleo de violencia, la amenaza de violencia y/o el fraude y el engaño en la comisión del delito; El mantenimiento de la víctima en un lugar desconocido (que en algunas jurisdicciones puede distinguir el delito de “secuestro” del delito de “toma de rehenes”); El objetivo específico del beneficio económico o financiero y/o la influencia política o de otro tipo, incluso mediante la práctica de la extorsión. El secuestro debe considerarse un delito grave, punible con una pena de encarcelamiento importante. En varios países, el delito de secuestro se considera como un delito grave penado con privación de la libertad de al menos cuatro años.
La legislación debe dar los poderes apropiados a los organismos de represión y a las autoridades judiciales para investigar presuntos secuestros. Esos poderes 10 Manual de lucha contra el secuestro Capítulo II 5 “Cooperación internacional en prevenir, combatir y eliminar el secuestro y en prestar asistencia a las víctimas: Informe del Secretario General” (E/CN.15/2003/7, 5 de marzo
Deben reconocer la necesidad de aplicar medidas de ejecución de la ley para ubicar y rastrear a las víctimas y los infractores, para recoger información de inteligencia y de otro tipo y material probatorio, así como para embargar, incautar y decomisar activos. El secuestro está convirtiéndose cada vez más en una cuestión internacional, y los delincuentes procuran explotar las diferencias entre las jurisdicciones nacionales. Se insta a los Estados a que se aseguren de que sus legislaciones se ajusten a las normas internacionales y de que tengan mecanismos que permitan realizar operaciones conjuntas con otras jurisdicciones. De importancia capital son la transparente independencia, integridad y oportunidad del proceso judicial. Se recomienda que se fijen plazos para enjuiciar a las personas detenidas y acusadas de delitos de secuestro.
Aspectos destacados de las emergencias sanitarias OMS
Health Emergency Highlights contiene información sobre el contexto humanitario actual, las prioridades de salud y las operaciones de respuesta en los países de enfoque para ese mes. Cada número también pone de relieve la labor normativa en la esfera de la acción humanitaria en materia de salud realizada por la OMS y sus asociados, los actos y las cuestiones temáticas relacionadas con la salud en situaciones de emergencia. Suscribirse
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