El 2025 se consolida como un año crítico para la extorsión en Perú, con un total que supera las 20,700 denuncias hasta septiembre, evidenciando una tasa de crecimiento nacional del 28.8% comparada con el año anterior. Este flagelo, que obliga a la ciudadanía a denunciar un caso cada 19 minutos, muestra una clara concentración en los centros urbanos principales, donde Lima Metropolitana y el Callao lideran tanto en volumen absoluto como en incrementos porcentuales superiores al 47% en ambos casos.

El impacto en el norte del país es particularmente grave, pues regiones como Piura registran un alza superior al 51%, manteniendo una tendencia de crecimiento que afecta a sus principales centros económicos y provincias. Sin embargo, el fenómeno más alarmante es la rápida expansión hacia la periferia y el interior: Tumbes duplicó sus casos (+110%) y Madre de Dios aumentó sus denuncias en más del 107%, indicando la infiltración de estas redes criminales en zonas fronterizas y amazónicas.

A pesar de que regiones históricamente afectadas como La Libertad mostraron una ligera disminución en el porcentaje de crecimiento anual, su volumen acumulado sigue siendo el segundo más alto del país, evidenciando una implantación profunda de la extorsión y el crimen organizado. El sur también se ve seriamente afectado, con Puno y Cusco reportando crecimientos superiores al 56%, demostrando que la criminalidad organizada ha diversificado sus objetivos geográficos.

Finalmente, es fundamental notar que estas cifras oficiales (SIDPOL) solo reflejan los casos denunciados, ya que expertos señalan que muchas víctimas, especialmente comerciantes y transportistas, optan por el pago y el silencio por temor a represalias, incluyendo el sicariato. La tendencia del 2025 subraya una crisis que requiere acciones focalizadas, puesto que la extorsión se ha convertido en el delito de mayor crecimiento sostenido en el territorio nacional.