En este contexto, el Estado Mexicano está obligado a prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia en contra de las mujeres, pudiendo ser con innovaciones legislativas, institucionales o bien, con el diseño de mecanismos de coordinación institucional que busquen ponerle fin a la violencia en contra de las mujeres y las niñas en México, haciendo especial énfasis en aquellas con discapacidad.