Las prácticas que afectan la integridad son comportamientos éticamente reprochables que ponen en riesgo la confianza pública y el correcto funcionamiento del Estado.

Se clasifican principalmente en tres tipos:

1. Actos de corrupción: Son las prácticas más graves y comprenden delitos contra la administración pública, tales como peculado, colusión, negociación incompatible y cohecho (soborno). Implican el uso indebido del poder o de recursos públicos para obtener beneficios indebidos, vulnerando principios éticos y normativos. Este tipo de prácticas está tipificado penalmente y conlleva sanciones severas.

2. Inconductas funcionales: Comportamientos indebidos por acción u omisión que implican el incumplimiento de funciones y contravienen el ordenamiento jurídico-administrativo y las normas internas de la entidad. Estas conductas también son sancionables, principalmente en el ámbito administrativo, pero con menor gravedad que los actos de corrupción.

3. Prácticas cuestionables: Conductas que se alejan de los principios éticos y los valores de la organización, contrarias al desempeño probó y leal del servidor público. Estas prácticas no necesariamente constituyen una infracción sancionable en el ámbito administrativo, pero son socialmente reprochables y pueden normalizarse o propagarse si no se gestionan adecuadamente.

Fuente: PCM (2021), Integridad Pública: Guía de conceptos y aplicaciones