La gestión de un conflicto de intereses es crucial porque asegura la imparcialidad y la objetividad de los servidores públicos, pilares fundamentales de cualquier Estado de derecho.

La ciudadanía tiene el derecho a esperar que las decisiones tomadas en su nombre no estén influenciadas por intereses particulares, ganancias o pérdidas privadas. La mera existencia de un conflicto de intereses puede poner en duda la fiabilidad del juicio profesional y socavar la confianza pública en las instituciones. Es importante entender que un conflicto de intereses no es un acto de corrupción en sí mismo, sino un riesgo de corrupción común en todas las organizaciones públicas. Por ello, el problema principal no es la existencia del interés particular, sino no reconocerlo y no gestionarlo adecuadamente para evitar cualquier sesgo en la decisión pública.

No gestionar apropiadamente los conflictos de intereses conlleva serias repercusiones. Puede conducir a que el interés particular termine sesgando efectivamente el juicio profesional, lo que convertiría la situación de riesgo en un acto de corrupción consumado. Además, la falta de gestión traiciona la confianza depositada en el profesional, disminuye su fiabilidad y causa perjuicios directos a las personas que dependen de su juicio, así como a las propias organizaciones públicas, afectando su imagen y exponiéndolas a reclamaciones o pérdidas de recursos.