Un riesgo que afecta la integridad pública es la posibilidad de que un determinado comportamiento transgreda, por acción u omisión, el respeto de los principios, deberes y normas relacionadas al ejercicio de la función pública, así como los valores de la organización, y configure una práctica contraria a la ética.

Considerando los tipos de prácticas que afectan la integridad pública, se distinguen tres tipos de riesgos:

1. Riesgo de corrupción

Posibilidad de que ocurra un comportamiento, por acción u omisión, derivado del mal uso de la función o poder público, para obtener o perseguir la obtención de una ventaja o beneficio irregular, lo cual configura un delito.

En caso de materializarse el riesgo, tendría como consecuencia la comisión de un delito contra la administración pública, sin perjuicio de posibles implicancias en el ámbito civil y/o administrativo.

2. Riesgo de inconducta funcional

Posibilidad de que ocurra un comportamiento, por acción u omisión, que implica el incumplimiento de funciones y que contraviene el ordenamiento jurídico administrativo y las normas internas de la entidad.

En caso de materializarse el riesgo, tendría como consecuencia la comisión de una infracción administrativa, sin perjuicio de posibles implicancias en el ámbito civil y/o penal.

3. Riesgo de práctica cuestionable

Posibilidad de que ocurra un comportamiento, por acción u omisión, que transgreda los principios éticos y los valores de la organización.

En caso de materializarse el riesgo, no llegaría a ser sancionable en el ámbito administrativo.

Tomado de: PCM (2023). Guía de Gestión para la gestión de riesgos que afectan a la integridad.

Un conflicto de intereses, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), es una situación en la que existe un conflicto entre el deber público y los intereses privados de un empleado o funcionario público, cuando este tiene intereses personales que podrían influir de forma indebida en el correcto ejercicio de sus funciones y responsabilidades oficiales.

La OCDE destaca que estos intereses privados no se limitan únicamente a lo económico, sino que pueden involucrar actividades privadas, relaciones personales, intereses familiares o cualquier otro aspecto que pueda influir razonablemente en la imparcialidad del cumplimiento de las obligaciones oficiales

Tomado de: OECD (2005), La gestion de los conflictos de intereses en el servicio público: Lineas directrices de la ocde y experiencias nacionales, Ministerio de Administrationes Publicas of Spain, Madrid, https://doi.org/10.1787/9788495912220-es.